La flautista de Hamelín de Rusia: la asesora de Putin acusada por La Haya de raptar menores en Ucrania

Fue su penúltima entrada en esta red social: María Lvova-Belova decidió abandonarla después de las políticas contra Rusia por parte de la empresa al inicio de la guerra con Ucrania. Aun así, han quedado las decenas de imágenes oficiales de esta comisionada del Gobierno para los derechos del niño, como la de la reunión con Putin y la de ella recibiendo a diferentes menores de edad. Como en el cuento de los hermanos Grimm, los niños han sido arrastrados fuera de sus casas y retenidos.

Este viernes, 17 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) la ha señalado junto a Putin por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de menores ucranios desde los territorios ocupados de Rusia. Él como máximo responsable, ella como impulsora. Un crimen de guerra por el que esta institución les acusa a ambos: el Ejecutivo de Ucrania cifra en 16.221 los menores que han sido deportados del país desde la invasión rusa, de la que ya se ha superado el año. Otras fuentes elevan el número sustancialmente.

Lvova-Belova nació el 25 de octubre de 1984 en Penza, una ciudad a 640 kilométros al sureste de Moscú. A finales de 2021 ocupó el cargo por el que se responsabiliza de presunta deportación y transferencia ilegal de niños. El TPI considera que existen "fundamentos razonables" para considerarla responsable por los crímenes ocurridos desde el 24 de febrero de 2022, día de inicio de la invasión. 

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, hay motivos para encausar tanto a Putin como a Lvova-Belova. Karim Khan, fiscal jefe del tribunal, indicaba que las deportaciones "demuestran la intención de sacar de manera permanente a los niños ucranianos de su país" y puntualizaba que era preciso asegurarse del retorno de estos menores a las familias y sus territorios. "No podemos permitir que sean tratados como si fuesen un botín de guerra", concluía.

[Xi Jinping visitará a Putin el 20 de marzo en Moscú y "firmarán documentos bilaterales importantes"]

Dictamen que en Rusia han desdeñado. Al no ser miembro de la CPI, no reconoce su jurisdicción. Y, por tanto, la detención sería solo posible en el caso de que los acusados volaran a algún país que forma parte de la corte o que hubiera un cambio de régimen y se abriera la puerta a la deportación. Putin es el tercer presidente en ejercicio que ha recibido una orden semejante, después de Omar al-Bashir en Sudán y Muamar al Gadafi en Libia.

María Lvova-Belova está incluida en este veredicto. Y no sólo ha esquivado las causa, sino que el pasado viernes se mostró "orgullosa" por la reubicación de menores. "Es maravilloso que la comunidad internacional haya apreciado este trabajo para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejemos en zonas de guerra, que creemos buenas condiciones para ellos, que los rodeemos de personas cariñosas y afectuosas", declaró a la agencia estatal Ria Novosti.

Graduada en la Facultad de Cultura y Artes, Lvova-Belova trabajó como profesora de guitarra en centros educativos de Penza entre 2000 y 2005. Allí dirigió una asociación social y entró como senadora en el gobierno regional. En 2019 alcanzó un puesto a nivel nacional en el partido del poder y en 2021 asumió en puesto para los Derechos del Niño.

Con este dictamen desde La Haya, las miradas se han posado sobre ella. Aparte de Putin, no podrá ni aterrizar ni sobrevolar los países miembros del Tribunal. Y, en el caso de cambio de Gobierno, podría ser deportada. Ella, sin embargo, ha reaccionado sin prestarle importancia: "Hubo sanciones de todos los países, incluso Japón, en mi contra, y ahora hay una orden de arresto. Me pregunto qué pasará después. Bueno, seguimos trabajando".

[Tiras de saco de cáñamo y gomas: así se cosen los trajes de camuflaje de los francotiradores de Kiev]

La funcionaria, casada con un sacerdote, llegó a quejarse de la actitud de estos niños, alegando que algunos "hablaban mal" de Putin, "decían cosas horribles y cantaban el himno ucraniano". "Sí, hay algunas cosas malas al principio, pero luego se transforman para amar a Rusia", concluía. También reveló que ella personalmente había adoptado adoptó a un niño de 15 años, Philip Golovnya, originario de Mariúpol, una de las ciudades ucranianas tomadas durante varios meses por las fuerzas rusas tras la invasión.

Philip, junto con un grupo de niños de Mariupol, fue llevado en la primavera de 2022, primero a Donetsk y luego a un sanatorio en la región de Moscú, donde fue recibido por la funcionaria. El mes pasado, el adolescente dijo en un evento público que era "gracias" al presidente Putin que pudo lograr la adopción. Ella ya tenía cinco hijos biológicos, ocho en custodia y con Philip, cuatro adoptados: 17 en total.  

La acusación llega después de casi 13 meses de guerra y se ha hecho efectiva después de una investigación sobre este movimiento de niños. Desde Rusia se han evacuado 232.000 menores desde las zonas ocupadas por el Kremlin, según se ha ido registrando. Al menos 6.000 de estos chicos de entre cuatro meses y 17 años están retenidos en campos de "reeducación" y cientos ya fueron dados en adopción a familias rusas. La mayoría está siendo reclamados por familiares y guardianes. 

Una gran mayoría de los niños son reclamados por familiares y guardianes legales en Ucrania, según un informe publicado esta semana por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale (HRLY) y el Conflict Observatory, que el Departamento de Estado de EEUU creó en mayo para documentar los crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas por las fuerzas rusas. Los menores, apuntan, están recluidos en al menos 43 centros.

[La resistencia de Ucrania en Ivanivske y Khromove impide la pinza de Rusia sobre Bakhmut]

Entre ellos, 12 que se utilizan como campamentos de verano de organizaciones estatales rusas alrededor del Mar Negro. Otros siete están en la península ocupada de Crimea y 10 en torno a las ciudades de Moscú, Kazán y Ekaterimburgo. Los 11 restantes están situados a más de 800 kilómetros de la frontera de Ucrania, incluidos dos campos en Siberia y uno en Magadan, en el Lejano Oriente ruso, cerca de la costa del océano Pacífico.

"Rusia lleva a cabo una política criminal consistente de deportar a nuestra gente. Deporta por la fuerza tanto a adultos como a niños. Este es uno de los crímenes de guerra más atroces. En total, más de 200.000 niños ucranianos han sido deportados hasta ahora. Son huérfanos de orfanatos. Niños con padres. Niños separados de sus familias", denunció en septiembre el presidente Volodímir Zelenski, que calificó la decisión del tribunal como "histórica".

El Estado ruso, agregó el presidente de Ucrania, "dispersa a estas personas en su territorio, asienta a nuestros ciudadanos, en particular, en regiones remotas. El objetivo de esta política criminal no es sólo robar personas, sino hacer que los deportados se olviden de Ucrania y no puedan regresar". Tras la orden de la CPI, todo el Gobierno Ucraniano se ha posicionado a favor y ha contado con los apoyos de los líderes de Estados Unidos o España.