El canciller alemán Olaf Scholz ya avisó a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, acerca de su intención de ejecutar una reforma judicial a la carta: "Israel debe seguir siendo una democracia liberal". Sin embargo, semana tras semana Netanyahu ha seguido adelante con su plan, dejando por el camino un reguero de destituciones que van desde altos mandos del Ejército hasta el ministro de Defensa Yoav Gallant. La ciudadanía ha llevado el pulso al límite y el domingo cercó la residencia del propio Netanyahu. No se había vivido semejante crisis desde la fundación del Estado en 1948, pero ¿en qué consiste realmente la reforma?
Los críticos con el Tribunal Supremo, entre los que se incluyen la mayoría de miembros del Gobierno de coalición, aseguran que se trata de un tribunal de tendencia izquierdista que ha protagonizado una escala cada vez mayor de intervención en la esfera política.
Bajo este pretexto, Netanyahu, alentado por sus socios de Gobierno, ha ido impulsando cambios que limitan la capacidad de actuación del Tribunal Supremo sobre el legislativo y el ejecutivo. Poderes que han ido a parar a los legisladores del propio Gobierno, quienes con la reforma dispondrían de mayor margen para nombrar jueces: ya no haría falta que la selección gozase de acuerdo entre políticos y jueces del Tribunal Supremo.
La reforma, además, tiene lugar en un momento en que Netanyahu no puede legalmente participar de ella al estar inmerso en un proceso judicial por varios cargos de corrupción. No obstante, se ha preocupado de que la nueva legislación lo blinde ante un posible veredicto de culpabilidad.
Protestas cerca de la Corte Suprema de Jerusalén.
País sin Constitución
Israel es un país sin Constitución. Su sistema legislativo se basa en leyes básicas y generales cuyo objetivo es salvaguardar los principios democráticos. Además, el Parlamento israelí (Knesset) está controlado por mayoría por el Gobierno. Esta ausencia de herramientas democráticas hace complicado cualquier intento de frenar los excesos de la coalición.
Los críticos de la reforma están dentro del país, pero también lo son sus aliados occidentales. Afirman que estos cambios debilitarán aún más los tribunales y otorgarán un poder prácticamente incontrolable al Gobierno, lo que dinamitaría los derechos y libertades. Por eso, el presidente estadounidense Joe Biden se ofreció a ayudar a Netanyahu a "suavizar" la reforma, y el jefe del Banco Central de Israel avisó de las catastróficas consecuencias económicas.
El ministro de Defensa Yoav Gallant pidió al Gobierno que se frenase la ejecución de la reforma, ya que un poder judicial que no es independiente no podrá defender los intereses de Israel en los casos legales internacionales. Sus críticas se tradujeron en la destitución.
Las 5 claves de la reforma
En términos generales, la reforma judicial se compone de un paquete de cinco puntos principales que describen un cambio legislativo que abarca desde la elección de los jueces hasta la anulación de veredictos del Tribunal Supremo:
- Elección de los jueces. El comité responsable de recomendar el nombramiento de jueces actualmente está compuesto por nueve miembros. Un equipo donde hay jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel y miembros de la Knesset y del Gobierno. Esta variedad, hasta ahora, garantizaba que la elección de los jueces pasaba por un previo acuerdo entre todas las partes.
La reforma planteada por el ministro de Justicia Yariv Levin busca ampliar a 11 los miembros del comité y cambiar la composición del comité: tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición. Esta composición otorgaría al Gobierno una mayoría de seis miembros sobre once.
Sin embargo, esta es solo la versión suavizada de la reforma, modificada hace una semana ante las críticas de los principales aliados occidentales. La formulación inicial daba al Gobierno una mayoría de siete miembros, con poder absoluto en la elección y destitución de todos los jueces, incluidos los del Supremo. Estaba previsto que se aprobara esta ley en la Knesset esta misma semana.
- Revisión judicial. Los cambios propuestos buscan frenar que la Corte Suprema pueda revisar la legislación, incluida la Ley Básica, cuerpo de leyes generales que hacen la función de Constitución (ante la ya mencionada ausencia de esta). La reforma busca exigir que la invalidación de cualquier ley requiera el consenso del 80% del panel de jueces del Supremo, cuando ahora solo es necesaria una mayoría simple.
- Cláusula de Anulación: Se trata de uno de los aspectos que más polémica han desatado, ya que permitiría que una mayoría parlamentaria simple (61 diputados de 120) puedan anular fallos del Supremo cuando estos impliquen revertir o modificar leyes.
Esta reforma anularía por completo la separación de poderes y la independencia judicial, ya que el Gobierno, con mayoría, podría entrar en las resoluciones judiciales que le fuesen contrarias a sus intereses.
El caso más extremo de la propuesta de ley es la cláusula de anulación, que también permite blindar leyes ante su revisión judicial. Esta ley fue ratificada por el Knesset el pasado jueves de madrugada con 61 votos a favor y 47 en contra, tras una larga sesión plenaria donde se vivieron largas y encendidas discusiones.
El objetivo de esta reforma penal es blindar a Netanyahu por su juicio por corrupción. Aunque él lo ha negado, parece evidente que esto es así ya que la nueva norma establece que los primeros ministros pueden ser considerados incapaces -y obligados a dimitir- si ellos mismos o tres cuartas partes de los ministros del gabinete así lo declaran, ya sea por motivos físicos o psicológicos.
La ley anterior carecía de detalles sobre las circunstancias específicas que podían dar lugar a cese por incapacidad. Según el Instituto para la Democracia de Israel (IDI), una organización ajena a los partidos políticos, esa norma dejaba a Netanyahu vulnerable a una posible declaración de incapacidad por parte de la fiscal general Gali Baharav-Miara, en caso de que esta percibiera un intento por su parte de detener sus tres causas judiciales.
- Asesores legales de los ministerios. La reforma también busca reclasificar los puestos de asesores legales de los ministerios (que hasta ahora eran expertos independientes supervisados por el Ministerio de Justicia) a abogados elegidos políticamente. Además, las opiniones de esos asesores dejarán de ser vinculantes y de obligado cumplimiento.
De esta forma, los ministros respectivos tendrán control total para elegir y despedir a los asesores, lo que para los detractores de la reforma implica una clara politización de los controles judiciales.
- Razonabilidad: La reforma pretender limitar el alcance del concepto de "razonabilidad" por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental, incluyendo el nombramiento de cargos públicos, en base a si consideran las medidas razonables o irrazonables.
En base a este criterio, el Supremo consideró en enero "irrazonable" el nombramiento como ministro de Interior y Sanidad del líder ultraortodoxo Aryeh Deri, meses después de que este fuera condenado por fraude fiscal y eludiera la cárcel a cambio de un acuerdo de culpabilidad en el que se comprometía a dejar la política.
Una norma que está estrechamente relacionada con las cláusulas de anulación para limitar las actuaciones del Tribunal Supremo. En este sentido, la oposición también afirma que Netanyahu quiere debilitar al Supremo para establecer más asentamientos en las tierras deseadas por los palestinos para crear un Estado.
Los partidos judíos ultraortodoxos de la coalición quieren aprobar una ley que exima a su comunidad del servicio militar obligatorio, pues temen que pueda ser anulada por el Supremo si no se recortan sus poderes.