Habibo es una de los más de 326.000 refugiados somalíes en Dadaab. Llegó al campo cuando tenía 10 años. Para ella, el campo es su casa. Hace tres meses el Gobierno de Kenia afirmó que había llegado el momento de dejar de mantener a los refugiados como ella. Tenían que volver a su país, un país azotado por las hambrunas, una guerra civil y el terrorismo desde 1991, cuando se abrió el campo.
El 6 de mayo, el Gobierno de Kenia informó de que “teniendo en cuenta sus intereses en seguridad nacional, ha decidido que la acogida de refugiados tiene que llegar a su fin”. En el mismo comunicado, el secretario de Interior recordó que el país acoge a más de 600.000 refugiados, lo que ha supuesto “una gran carga económica, una carga en la seguridad y en el medio ambiente”.
Durante los 25 años que el país y las organizaciones internacionales llevan manteniendo a estos refugiados, Nairobi ha negociado varios acuerdos con Somalia y Acnur. Esta vez, Kenia ha puesto el foco en los “inmensos retos de seguridad, como la amenaza de Al Shabab y otros grupos terroristas” y en “la naturaleza lenta de la repatriación”. Por lo tanto, anima a la comunidad internacional a responsabilizarse de las necesidades humanitarias derivadas del cierre.
RESPUESTAS Y NUEVAS NEGOCIACIONES
La ONU y diversas ONG, como Médicos Sin Fronteras (MSF), pidieron a Nairobi que reconsiderara su decisión. Liesbeth Aelbrecht, coordinadora general de MSF en el país, advirtió que el cierre de los campos alegando motivos de seguridad “pone de relieve una vez más el continuo y flagrante abandono de millones de refugiados en todo el mundo”. Por su parte, Acnur convocó una nueva reunión con los representantes de Kenia y Somalia para renegociar la decisión.
La reunión tuvo lugar el 25 de junio y se alcanzó un nuevo acuerdo: “el campo de Dadaab se reducirá a 150.000 personas para finales de 2016” (el resto se negociará en los próximos meses). ¿Cómo? El acuerdo especifica varias medidas: “retornos voluntarios a Somalia, recolocación de refugiados no somalíes, la anulación del registro de ciudadanos kenianos como refugiados y un ejercicio de verificación”, para comprobar que los refugiados que se quedaban cumplían los requisitos para pedir asilo.
Dadaab está situado a menos de 100 kilómetros de la frontera con Somalia
Según cifras de Acnur, en las fechas del comunicado del Gobierno había 326.000 refugiados somalíes registrados, de un total de 343.880 organizados en cinco campamentos. Hace cinco años, el mayor campo de refugiados del mundo asistía a 100.000 más. Se cree que la mayoría volvieron voluntariamente a Somalia.
El nuevo acuerdo firmado por las tres partes obliga a 176.000 refugiados a salir del campo y regresar voluntariamente a su país antes de final de año. Pero, ¿qué pasará con los que no quieran volver? “Esa es la pregunta del millón de dólares”, responde Liesbeth Aelbrecht a EL ESPAÑOL.
La coordinadora de MSF en Kenia aclara que los regresos reciben subvenciones del Ejecutivo keniano (unos 200 dólares por persona). Naciones Unidas calcula que en lo que va de año 12.177 refugiados han hecho el viaje de vuelta, 1.300 en la primera quincena de julio.
Marco Lembo, responsable de relaciones externas de Acnur en el país, asegura que no se puede forzar a los refugiados a volver, puesto que “la decisión final es suya”. Por eso, confiesa a este diario que espera un reajuste en los acuerdos de una nueva reunión tripartita (entre Kenia, Somalia y Acnur) que está convocada para finales de septiembre.
Aelbrecht coincide con Lembo en que debería volver a revisarse la resolución. Además añade que “la pregunta importante aquí es: ¿hasta qué punto son voluntarios los regresos si no hay otra alternativa?”.
Nairobi también reducirá el número de refugiados verificando su nacionalidad, puesto que la ONU estimó a finales de julio que cerca de 42.000 kenianos se alojan en el campo para aprovecharse de los recursos. Estos registros comenzaron a principios de julio y ahora es el momento en el que “la gente tendrá que tomar una decisión: kenianos o somalíes. Si son kenianos, no podrán seguir recibiendo ayuda del campo”, nos cuenta Aelbrecht.
Lembo, responsable de Acnur, asegura que “los refugiados del campo están muy bien informados” de lo que se va acordando. En este sentido sostiene que aunque “todos quieren volver (...), son inteligentes y saben que sólo pueden hacerlo en determinadas situaciones” de seguridad.
¿POR QUÉ AHORA?
Para la investigadora de Human Rights Watch en África, Laetitia Bader, el desmantelamiento de Dadaab es una estrategia política más dentro de un “contexto global”, según unas declaraciones recogidas por Efe. En este contexto no sólo se incluye el terrorismo, sino también la financiación del campo y las primeras elecciones democráticas en los últimos 45 años de Somalia que se celebrarán el 30 de octubre.
Dos meses antes de que Kenia hiciese pública su decisión, el 7 de marzo, la Unión Europea había firmado un acuerdo con Turquía a la que prometió 3.000 millones de euros para que aceptara la devolución de refugiados llegados a Grecia desde su país (luego sumó otros 3.000). El Gobierno keniano se ha quejado varias veces en los últimos años de la falta de fondos para mantener el campo.
En una de las reuniones de la ONU en Bruselas el año pasado, los países representados prometieron 110 millones de dólares para asegurar el retorno y la reintegración de los refugiados somalíes. A mediados de este año, sólo se habían recibido 7,2 millones, es decir, un 6,5% de los fondos, recoge el diario keniano Daily Nation.
“Estamos pidiendo más fondos para las repatriaciones y esperamos que lleguen lo antes posible”, asegura Lembo. Con ese dinero, se pretende “construir infraestructuras en zonas seguras de Somalia, para que sea un regreso seguro y duradero”, continúa. Esas zonas (donde se quieren construir carreteras, escuelas y redes de agua) han sido establecidas entre las oficinas centrales de Acnur en Nairobi (Kenia) y Mogadiscio (Somalia).
El motivo alegado en el comunicado por el Gobierno keniano para explicar por qué promueve el cierre de Dadaab ahora hace hincapié en la seguridad. El norte del país se ha visto asolado en los últimos meses por varios ataques del grupo terrorista Al Shabab. Los yihadistas pretenden responder a la presencia de tropas kenianas en Somalia desde 2011.
El 2 de abril de 2015, Al Shabab atacó la universidad keniana de Garissa en la que asesinó a 148 personas. La respuesta de Nairobi fue retirar las licencias a varias empresas de envío de dinero. Muchos refugiados sobrevivían gracias a ellas. Además, el Ejecutivo empezó controles sobre los 2,3 millones de somalíes con pasaporte keniano en todo el territorio nacional.
La Comisión Keniana por los Derechos Humanos ha denunciado 25 ejecuciones extrajudiciales y 81 desapariciones forzosas de personas de origen somalí desde septiembre. Sin embargo, el Gobierno ha negado cualquier relación con sus controles, a pesar de las muchas críticas por parte del sector civil y activistas, y ha señalado al grupo terrorista somalí como culpable.
La comisión formada por Kenia, Somalia y Acnur se volverá a reunir en octubre para valorar los progresos en el cierre del mayor campo de refugiados del planeta. En este tiempo, “las repatriaciones tienen que producirse de una manera humana, digna, segura y que respete la legislación internacional”, y ese es el objetivo marcado por todas las partes implicadas.