La criminalización de las relaciones sexuales fuera del matrimonio en Mauritania pone en riesgo la vida de las víctimas de violación o agresiones sexuales. Según la ley islámica, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son un crimen, 'ilegales', y su penalización se conoce como condena zina. Denunciar las violaciones podría ser algo perjudicial para las damnificadas: las que acusan se convertirían en acusadas.
"Todas las cosas que dice son mentira. Lo hizo de buena gana". Esa fue la respuesta de un fiscal al testimonio de una mujer violada por un hombre que conocía. El fiscal abrió una investigación contra la mujer por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y un juez la puso bajo control judicial durante dos meses, mientras tenía lugar la investigación.
Por este tipo de sucesos, la ONG Human Rights Watch ha publicado un informe titulado "Me dijeron que siguiese callada": Los Obstáculos a la Justicia y el Remedio para los Supervivientes de Agresión Sexual en Mauritania. En él, exponen que, una vez las víctimas dan el paso y se deciden a denunciar, los agentes de policía y los investigadores judiciales no respetan sus derechos y dignidad. Los procesos legales en Mauritania no garantizan su privacidad o la confidencialidad y pueden convertirse en una investigación del carácter moral de la víctima.
"Las mujeres y las niñas no deberían correr el riesgo de ir a la cárcel por denunciar una agresión sexual", declaró Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio y el norte de África de Humans Right Watch. "Para combatir la violencia sexual, Mauritania debería exigir a las fuerzas del orden y los sistemas de salud pública que detengan el tratamiento de las víctimas como sospechosos, las apoyen en la búsqueda de justicia y recuperación, y lleven a juicio a los autores".
Barreras institucionales
Las trabas que se encuentra una víctima de agresión sexual ante un tribunal van desde la falta de expertos forenses y protocolos para la recopilación de pruebas por parte de las fuerzas del orden público y profesionales de la salud, hasta la atención de emergencia limitada de la mayoría de hospitales públicos. Estos últimos, incluso se niegan a proporcionarles exámenes médicos sin una referencia policial. A todo ello se le suma la falta de recursos de muchas mujeres para pagar la atención médica, bien sea de emergencia o largo plazo. En caso de embarazo, tienen prohibido, por ley, abortar, a menos que la salud de la madre esté en peligro.
Respecto a la seguridad, acción legal y la recuperación de las mujeres que han sufrido este proceso traumático, Mauritania también carece de programas e instalaciones financiadas por el Gobierno para garantizarlos. Tampoco poseen suficientes refugios para todos los que los requieren o se ven obligados a abandonar su hogar después de una agresión o para las mujeres que salen de prisión tras una condena zina. Las ONG ofrecen una ayuda muy limitada y durante un periodo breve y nunca incluyen el alojamiento.
Otro obstáculo al que deben enfrentarse es que el código penal actual no define la violación y no penaliza otras formas de agresión sexual. Es decir, que si no se puede probar la falta de consentimiento, no puede considerarse violación. En este país, la condena zina implica penas de flagelación, cárcel y, en caso de que el acusado esté casado o divorciado, muerte por lapidación. Sin embargo, Mauritania lleva años sin poner en práctica castigos físicos, por lo que se suele encarcelar indefinidamente, hasta que los eruditos musulmanes creen oportuno conmutar la sentencia.
El Gobierno sostiene que ningún caso de violación que se ha denunciado a las autoridades ha tenido como respuesta la condena zina durante los últimos años. Pero las mujeres y niñas afirmaron lo contrario.
En julio de 2016, una joven de 15 años, violada en cuatro ocasiones por cuatro hombres y cautiva durante dos semanas, declaró que la enviaron a prisión después de revelar que conocía a uno de los hombres, quien había prometido casarse con ella y ayudarla a escapar de su hogar abusivo.
Avances legales
A pesar de toda esta situación, Mauritania ha intentado fortalecer las leyes de protección a mujeres y niñas. En marzo de 2016, el Gobierno aprobó un proyecto de ley sobre violencia de género que está pendiente en el Parlamento. La ley definiría y castigaría la violación y el acoso sexual y permitiría que los grupos no gubernamentales presenten casos en nombre de las víctima. Si bien es un paso en la dirección correcta, en el borrador actual olvida muchos aspectos trascendentes, incluido el mantenimiento de cargos penales por relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio y restricciones al aborto.
Incluso respondieron a la carta que envió Human Rights Watch con un informe en el que hablan de monitorizar y documentar los incidentes relacionados con agresiones sexuales, los abusos sexuales registrados por las autoridades desde 2014, los refugios para mujeres y niños, cuidados médicos para las víctimas (físicos y psicológicos), etc.
"Este proyecto de ley sobre la violencia de género es una oportunidad para que Mauritania cambie el rumbo y alinee su ley con los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas", dijo Whitson. Aunque todavía faltan pasos hacia delante para conseguir garantizar unos derechos y un servicio de apoyo adecuado.