La cuna de la Primavera Árabe no es país para la democracia: Túnez vota en las elecciones sin oposición real a Saied

En 2021, Saied perpetró un autogolpe de Estado tras la suspensión del Parlamento, la creación de una nueva Constitución y el despido de prácticamente la mayoría de los ministros de su Gobierno. A las irregularidades gubernamentales se ha sumado la represión y encarcelamiento de líderes de la oposición en la carrera electoral. La Alta Autoridad Electoral Independiente de Túnez (conocido como ISIE por sus siglas en inglés) rechazó las candidaturas de 14 candidatos a las elecciones, dejando solo a Ayachi Zammel, líder del partido opositor Azimoun, y Zouhair Maghzaoui, nacionalista del partido de izquierda, Movimiento Popular.

El pasado 1 de octubre, a menos de una semana de los comicios, la oposición quedó reducida a un solo candidato. Zammel ha sido condenado a 12 años de prisión. A pesar de que su abogado insiste en que el político sigue en la carrera presidencial, ya se han iniciado 37 procesos judiciales contra él. Zammel está acusado de falsificación de documentos y de incumplir las reglas relacionadas con el patrocinio para presentar su candidatura.

En estas elecciones, “la tasa de participación va a ser un indicador para conocer el desgaste de la popular de Saied. Si, como parece probable, fuera baja, su legitimidad personal se vería debilitada y eso podría afectar al respaldo que, durante estos años, ha tenido por parte del Ejército”, explica a este medio Miguel Hernando de Larramendi, profesor de la Universidad de Castilla La Mancha.

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Un antisistema sin respaldo

En 2019, en un contexto marcado por el bloqueo político del país tras la muerte del expresidente Béji Caïd Essebsi, la falta de respuestas a las demandas socioeconómicas y la ausencia de la justicia social, Kais Saied se alzó como la mejor alternativa. “Se presentó como un free rider con un mensaje muy populista. Saied se auto-otorgó la representación del pueblo frente a una élite corrupta. En sus discursos lo que postulaba era una devolución de la democracia al pueblo”, explica, también para este medio, Bosco Govantes, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide.

Entonces, el respaldo electoral le proporcionó la legitimidad para impulsar una hoja de ruta guiada por el objetivo de desmontar el sistema político institucional establecido tras la Constitución de 2014. La realidad es que, dos años después de empezar su presidencia, aprobó una Constitución que reforzó “un presidencialismo sin contrapoderes” y otorgó “poderes muy limitados a un Parlamento del que forman parte diputados electos a título individual y convertidos en la práctica en ejecutores de las directrices presidenciales”, explica Hernando de Larramendi.

Los vaivenes políticos y su mano de hierro han salpicado a la economía y la situación socioeconómica del país. “La situación se ha degradado desde 2021 con crisis de desabastecimiento de productos básicos, aumento de la inflación y del endeudamiento”, explica el profesor de la Universidad de Castilla La Mancha. Según el Banco Africano de Desarrollo, en 2023, la tasa de crecimiento del PIB cayó un 0,4%, mientras que la inflación continuó creciendo hasta el 9,3%, impulsada por el aumento de los precios de las materias primas.

Más represión política

“Estamos en una fase de acaparamiento de todos los poderes y un retroceso permanente en las liberades públicas, incluidas la libertad de reunión, asociación y prensa”, explica Govantes. El punto más álgido de la represión llegó en septiembre de 2022 con la aprobación del Decreto número 54, a partir del cual se puede encarcelar a cualquier ciudadano que difunda información falsa contra el Estado a través de sus redes sociales. “Para combatir las noticias falsas ha dado cobertura para la represión de periodistas y militantes de la sociedad civil”, apunta Hernando de Larramendi.

La imposición de este decreto también ha alcanzado a los dirigentes de partidos políticos como el islamista, Ennahda, el Partido Constitucional Libre de Abir Moussi o Sihem Bensedrine, presidenta del Foro de Verdad y Dignidad de Túnez. “Al final, el decreto se ha utilizado como un medio para encarcelar a cualquier opositor, asimilándose a cualquier crítica al presidente, ataques al Estado o falsedades”, añade el profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Según el Índice de Democracia de 2023 publicado por The Economist Intelligence Unit, Túnez ocupa el puesto 82 de 167.

Reuters

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Entre la xenofobia y los tratos de favor con la UE

“Kais Saied ha aprovechado la legitimidad que le otorgaba su amplia victoria electoral en 2019 para presentarse como interlocutor de la Unión Europea”, apunta Hernando de Larramendi. En julio de 2023, una delegación europea encabezada por la líder del Consejo de ministros de Italia, Georgia Meloni, la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, y el exprimer ministro holandés y nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lanzó una “alianza estratégica y global” de la mano del presidente Saied en Túnez.

Una ayuda de 1.000 millones de euros, condicionada a la ratificación por parte de Túnez de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de los cuales 105 millones estaban destinados a la gestión de fronteras para impedir la llegada de migrantes a aguas europeas. El profesor de la Universidad de Castilla La Mancha considera que “en la práctica, los acuerdos con la UE y, sobre todo con Italia, refleja el carácter transaccional de unos acuerdos con los que el presidente tunecino ha conseguido limitar el alcance de las críticas europeas al proceso de involución de las libertades en el país”.

A las cordialidades desde Bruselas con el fin de contener la inmigración, se suma un discurso manchado de xenofobia del propio Saied. En febrero de 2023, las autoridades tunecinas arrestaron indiscriminadamente al menos 850 personas de origen subsahariano.

En Túnez, “hay un discurso de invasión de migrantes subsaharianos muy parecido al discurso de la extrema derecha en Europa”, explica Govantes. “El presidente Saied ha declarado que hay interesados en cambiar la identidad cultural, considerando a la población subsahariana como problemática y una amenaza para la identidad árabe del país”, añade. En mayo de 2024, las autoridades lanzaron una campaña de represión contra ONGs, activistas o cargos públicos implicados en acciones relacionadas con asistencia a refugiados o migrantes subsaharianos.