“Sólo quería que me ayudaran y terminé presa, rodeada de policías y dedos acusadores. Dos años y tres meses lejos de mi casa, ¡me arrebataron la vida!”, grita una joven argentina en una carta difundida por Amnistía Internacional. Se llama Belén y tiene 27 años. Vivía en la provincia de Tucumán, al norte del país. Hace tres meses, los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal provincial la condenaron a ocho años de cárcel por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”. Así, acabó siendo la primera condenada a prisión por un aborto en su país.
Su historia empezó el 21 de marzo de 2014, cuando acudió al hospital Avellaneda de la ciudad con cólicos renales, según su testimonio. Después de unas horas, comenzó a sangrar y las doctoras que la atendían le dijeron que se trataba de un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 22 semanas. Así quedó reflejado en su historial clínico.
Una de las profesionales le pidió que se quedara cinco días en el hospital para ver cómo evolucionaba su cuerpo. Desde ese día no ha vuelto a su casa. Cuando se despertó al día siguiente, su madre le daba la mano y la habitación estaba atestada de doctores, enfermeros y policías.
Durante esas horas, personal del hospital público encontró un feto en uno de los baños del centro. Inmediatamente asumieron que era de Belén y la denunciaron. Soledad Deza, abogada de la joven y miembro de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, denuncia a EL ESPAÑOL que “nunca se hizo un examen genético” ni hubo testigos de que ella dejara el bebé.
Deza se ofreció a llevar el caso de Belén al considerar que la primera defensa, Norma Bulacios, no respetó las declaraciones de la joven en el juicio. En el primero, las autoridades habían adjudicado a la joven una abogada de oficio, que "asumió que Belén sabía de su embarazo, que provocó la muerte del niño y que lo hizo en estado de shock", según cuenta Deza.
La organización de abogados Innocence Project Argentina (IP), que también apoya el nuevo juicio, coincide en que "Belén no gozó de una defensa efectiva y eficaz". IP señala que la defensa de Norma Bulacios "fue manifestamente deficiente" y la acusa de diseñar "una estrategia argumentativa contradictoria con la declaración de la propia Belén".
En el juicio, la mujer afirmó que un enfermero le trajo al niño en una cajita y le dijo que era suyo. “Yo les dije que no hice nada, que no maté a nadie. Yo ni sabía que estaba embarazada”, sostiene la joven en su carta pública, en contraposición con las declaraciones de su primera abogada.
Dado que la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en el país, salvo casos en los que la vida o la salud de la mujer embarazada está en riesgo o cuando el embarazo es producto de una violación. Belén quedó en prisión preventiva durante más de dos años esperando la resolución del juicio. Estaba acusada de haberse inducido el aborto. El fiscal que llevó la causa cambió la acusación por la de homicidio y el juicio se resolvió con una condena a ocho años de prisión en abril.
Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó el 15 de julio un informe en el que piden la "inmediata liberación" de la joven. La ONU sostiene que su caso se debe revisar “a la luz de los estándares internacionales en la materia”, en referencia a la "criminalización del aborto" en Argentina. El comunicado añade la "preocupación por el caso de Belén, en que se utilizó la figura del delito de homicidio agravado para una supuesta alegación de aborto ilegal".
Varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han rogado que se investigue a los médicos y policías que realizaron la acusación por haber roto el secreto profesional. Su causa (#LibertadParaBelén), con la que se han solidarizado varios artistas argentinos en un vídeo, ya ha reunido más de 120.000 firmas. Mientras tanto, Belén espera en una pequeña celda la respuesta de la Corte Suprema de la provincia que tiene hasta finales de año para dar a conocer su veredicto.
CONTRADICCIÓN EN LOS INFORMES
En su fallo, los tres magistrados consideraron que en la investigación se comprobó que la mujer mató al niño. Según el informe de la autopsia, Belén había dado a luz a un feto de 32 semanas de gestación (en lugar de las 22 que registraron en el hospital inicialmente) de sexo masculino en un baño del hospital. En ese texto se lee que “Belén cortó el cordón umbilical que unía la placenta con el cuerpo de su hijo, luego lo anudó y, con claras intenciones de provocar la muerte de su hijo, lo arrojó por las cañerías del baño del mencionado nosocomio [hospital] y tiró de la cadena”. Después, la joven salió del baño y volvió a la consulta, de acuerdo con el mismo informe.
Belén, en su primera declaración ante el tribunal afirmó que durante su estancia en el hospital tuvo que ir al baño dos veces pero que en ambas miró en el retrete antes de tirar la cadena y no vio nada extraño. Luego, volvió con la enfermera, que le puso suero y un calmante, y se quedó dormida.
“Más tarde me pidieron que me levante [SIC] para llevarme a otra salita y ahí me dí cuenta que estaba llena de sangre”, continuó. “Me sacaron el pantalón, la enfermera me higienizó y me hicieron ir a la parte ginecológica, hasta eso eran las 05:15. Me subieron arriba, me hicieron entrar a la sala de parto, me hicieron dormir, a esto yo no sabía que estaba embarazada, yo creía que era una hemorragia por tantos medicamentos que había tomado. (…) Me hicieron el legrado, después de ahí estuve hasta las 06:20 en la sala de parto y ahí vino un enfermero y me hizo ver, y me di cuenta lo que había pasado. Yo nunca quise empujar (…) si hubiese sabido que estaba embarazada me habría cuidado”, argumentó.
Sin embargo, en el Parte del Destacamento Policial del hospital se lee que la atendió un doctor a su llegada al hospital a las 3.50 y que a las 6.30 de la mañana solicitó permiso para ir al baño y volvió con hemorragia. El doctor la derivó al servicio de Ginecología. Allí le atendió otro doctor “quien observó restos de placenta y cordón compatible con gestación mayor a 22 semanas”.
A VECES NIÑA, A VECES NIÑO
La nueva abogada de Belén nueva que se espera para finales de este año, Soledad Deza, sostiene en declaraciones a EL ESPAÑOL que “según el reconocimiento médico legal el feto [del baño] es hallado 50 minutos antes” de que la joven llegara al hospital. Además, asegura que “en la autopsia parecen haber tenido más de un feto a la vista para el examen ya que a veces habla de un feto femenino y a veces masculino, a veces de tez blanca y a veces de tez morena”.
Deza también afirma que la antropometría del feto también tiene contradicciones dentro de la autopsia: “habla de un fémur de 7 centímetros (equivaldría a una gestación de 37 semanas) y de una circunferencia cefálica de 20 centímetros (lo que equivaldría a una gestación de 22 semanas)”.
La Defensa también sostiene que nunca se identificó el baño en el que se encontró el feto (sólo en la planta baja hay ocho servicios) ni se inspeccionó el lugar de los hechos. Además, insiste Deza, tampoco se hicieron pruebas de ADN que pudiesen vincular al feto con la madre. Los forenses no recogieron los restos necesarios.
Cuando la primera abogada de Belén pidió una prueba de este tipo un mes después de los hechos, “se enteraron que el feto no estaba en la morgue del hospital”, narra Deza. El director del centro hospitalario pidió disculpas por la pérdida del cadáver. No obstante, esta primera defensa, que fue adjudicada de oficio, asumió que Belén sabía de su embarazo, que provocó la muerte del feto y que lo hizo en estado de shock.
Deza asegura que “el Poder Judicial debió investigar qué pasó esa noche o días anteriores en el Hospital Avellaneda. Si hubo otros nacimientos, otros abortos. Qué pasa en esa morgue que se confunden los fetos. Las razones por las cuales no se respetó la custodia del feto o los fetos encontrados”. “Fue más fácil condenar a Belén sin pruebas que buscar la verdad de lo que sucedió esa fatídica noche”, concluye.