El pasado viernes Bolivia amanecía conmocionada y con un trágico hito en el conflicto minero que atraviesa el país. El viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, se había desplazado el jueves a Panduro, a 160 kilómetros de la capital boliviana, para negociar con los mineros de cooperativas que exigían cambios en la normativa que regula el sector. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la mañana del viernes en una carretera que une La Paz y Oruro.
Este sábado, el Ministerio Público de Bolivia presentó una imputación formal contra tres de los mineros acusados de estar involucrados en la violenta muerte de Illanes. El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, indicó que un grupo de fiscales imputó a Carlos Mamani, Carlos Castro y Julián Pinto, "quienes fueron plenamente identificados como actores materiales e intelectuales del asesinato del viceministro de Régimen Interior".
Mamani, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, imputado "en grado de autoría" por asesinato, robo agravado, organización criminal, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y por tener explosivos, según el comunicado difundido por la Fiscalía de La Paz.
Castro y Pinto están acusados de los mismos delitos pero en grado de complicidad, en el marco del Código de Procedimiento penal. Las leyes bolivianas castigan el asesinato con una pena de 30 años de prisión.
Un asesinato "cobarde y brutal"
El viceministro fue "cobarde y brutalmente asesinado" por los mineros que lo habían secuestrado horas antes, informaba en la madrugada del viernes el Gobierno boliviano. En las horas siguientes hasta 100 personas fueron arrestadas después de que las autoridades se comprometieran a castigar a los responsables, indicó Reuters.
Illanes, un abogado de 56 años, fue interceptado por los mineros cuando se dirigía el jueves a Panduro a intentar dialogar con los cooperativistas que bloqueaban una carretera en protesta por una nueva ley. Le acompañaban su escolta, que logró escapar, y su chófer. Según la autopsia, el viceministro fue torturado durante seis o siete horas antes de ser asesinado, informó a los medios el fiscal general Ramiro Guerrero.
La fiscalía sostiene que los tres imputados, en compañía de un centenar de mineros, "secuestraron al viceministro para llevarlo a la comunidad de Belén en el cerro Pucara, donde con alevosía, ensañamiento y premeditación le quitaron la vida a golpes". La autopsia practicada a Illanes reveló lesiones en los centros nerviosos superiores, una lesión vascular y nerviosa, hemorragia subdural, edema cerebral, traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo facial, torácico, genital y de extremidades.
Según el fiscal, "al parecer, el golpe que acabó con su vida fue en la cabeza con un objeto" y agregó que, según los datos de la autopsia, el viceministro habría estado arrodillado durante varias horas, recogió BBC Mundo. El fiscal general explicó además que se ha iniciado proceso contra otros cinco cooperativistas que permanecen detenidos y que se está preparando la imputación por varios delitos, entre ellos asesinato, graves lesiones, organización criminal y atentados contra miembros de los organismos de seguridad del Estado, recogió este medio.
Además, el conflicto causó la muerte de tres mineros, Severino Ichota, Fermín Mamani y Rubén Aparaya Pillco por disparos durante los enfrentamientos de los manifestantes con la Policía en los bloqueos realizados en Cochabamba (centro) y el altiplano (oeste).
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, subrayó la necesidad de "aclarar también estas muertes".
Protestas mineras
El pasado 19 de agosto, el presidente Evo Morales promulgó una reforma legal que busca reforzar los derechos laborales de los bolivianos pero que era fuertemente rechazada por el sector minero. Con sus protestas, los mineros de Fencomin exigían la anulación de la norma, que permite la formación de sindicatos en las cooperativas, lo cual consideran perjudicial para esas entidades. Los mineros pretenden cambios normativos para poder firmar contratos con empresas privadas y acceder a la ampliación de concesiones mineras, subsidios a la energía eléctrica e importaciones de maquinaria sin aranceles.
Antes de la promulgación de la reforma de la Ley de Cooperativas, miles de mineros organizados en cooperativas empezaron a bloquear rutas y a protagonizar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En medio de una fuerte escalada de tensión, los mineros bloquearon el miércoles 24 de agosto la principal carretera de Bolivia, que une Cochabamba y Oruro, y chocaron con la policía cuando intentó dispersarlos, lo que culminó con 17 agentes de seguridad heridos y, según representantes de los mineros, tres trabajadores muertos por disparos. Las autoridades han insistido estos días en que los agentes no tenían órdenes para portar armas letales en los desbloqueos.
Morales consideró que las movilizaciones forman parte de una "conspiración política" y descartó dialogar con los cooperativistas mineros hasta no hallar a los responsables de la brutal muerte de su viceministro de Régimen Interior.
El presidente boliviano, Evo Morales, junto al gobernador de Cochabamba, Iván Canelas.
"Ahora estamos informándonos y encontrando documentos que (dicen) que esto es para tumbar al Gobierno", afirmó el mandatario el sábado en una rueda de prensa.
Actualmente hay alrededor de 120.000 mineros trabajando en cerca de 1.700 cooperativas, que cuentan con beneficios fiscales y recibieron otras concesiones por parte del Gobierno en años recientes. Los mineros cooperativistas provocaron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y de su sucesor Carlos Mesa en 2005.
La minería es la segunda actividad de Bolivia, por detrás de la producción de gas, con la explotación principalmente de zinc, plomo, plata, estaño, cobre, oro y ulexita.