La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición de partidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro, se ha propuesto, desde hace un mes, realizar una protesta masiva en la capital del país este jueves para exigir tres cosas: la fecha de recolección del 20% de firmas necesarias para activar el revocatorio contra Maduro, que esa consulta se haga este año y que las elecciones regionales se fijen en 2016.
Para el chavismo las intenciones de la oposición son otras y apuntan al fantasma del golpe de Estado y de la desestabilización, por eso ha usado sus cartas para tratar de disminuir la fuerza de sus adversarios, que exigen la salida electoral de Maduro este año.
Voluntad Popular, el partido 'enemigo'
Los ataques por parte del Gobierno venezolano en contra del partido Voluntad Popular (VP) han aumentado en los últimos días. Leopoldo López, fundador y principal líder de la agrupación, es uno de los presos políticos más emblemáticos del país, y fue uno de los dirigentes que a principios de 2014 lideró las manifestaciones en contra de Nicolás Maduro, que se prolongaron durante varios meses y de las que resultaron decenas de muertos y heridos.
Desde entonces está en la cárcel militar de Ramo Verde, donde cumple una condena de casi 14 años por los delitos de instigación pública y asociación para delinquir.
López, en su rol de coordinador nacional del partido naranja, ha apoyado la “toma de Caracas” y ha pedido “que hable la calle” en paz y democráticamente. Ha escrito en su perfil de Twitter que el Ejecutivo venezolano se equivoca si cree que logrará “paralizar al pueblo con el miedo y con la intimidación”.
Voluntad Popular es uno de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza opositora que ha convocado a la marcha de este primero de septiembre, pero, a diferencia de con el resto de agrupaciones, el Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado han dirigido esfuerzos a contrarrestar a su militancia, acusando a algunos de sus líderes de ser promotores de un golpe de Estado.
El primer caso registrado en los últimos días es el de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, ciudad fronteriza con Colombia, que fue trasladado durante la madrugada del sábado desde su casa en Caracas, donde cumplía una medida de arresto domiciliario, a la cárcel 26 de Julio, en el estado Guárico, a cientos de kilómetros de la capital venezolana. El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, ha dicho que los organismos de Inteligencia develaron un “plan de fuga” del político.
“Los órganos de Inteligencia están trabajando de manera oportuna con la finalidad de prevenir, descubrir y neutralizar cualquier acción de aquellos elementos perturbadores de la soberanía de la Patria”, ha dicho Reverol.
Bajo esa premisa también fue allanada la residencia de Lester Toledo, diputado de VP. Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se encargaron del procedimiento ejecutado el domingo, pero el parlamentario no se encontraba en su residencia.
Yon Goicochea, otro miembro de Voluntad Popular, fue detenido el lunes y desde entonces ni sus abogados ni sus familiares han tenido contacto con él. “No sé ni siquiera si mi esposo está vivo, llevamos 50 horas sin saber de él”, ha dicho Rosaura a las afueras del Helicoide, sede de los calabozos del Sebin en Caracas.
Diosdado Cabello, número dos del chavismo, ha dicho que en efecto Goicochea fue detenido por funcionarios del Gobierno y que en su poder se encontraron “cordones detonantes para explosivos”.
Hace unos días Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento venezolano, advirtió que el Gobierno de Maduro, junto a la policía política, “fraguaba” un plan para detener “por supuesta flagrancia” a los diputados Freddy Guevara y Luis Florido y al alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, todos miembros de VP.
Caracas militarizada y sin drones
En los últimos días se han visto alcabalas militares en las principales vías de la capital venezolana. La presencia de efectivos de la Guardia Nacional, fusil en mano, se ha multiplicado. El Ministerio de Interior ha informado que eso corresponde a la operación desplegada en Caracas para “garantizar la paz” ante la convocatoria de la oposición.
De acuerdo a investigaciones mencionadas por el ministro Reverol, “se presumen actos de violencia y desestabilización” para el 1 de septiembre. También ha advertido que estarán “monitoreando” todos los eventos que se desarrollen durante las protestas de la oposición y se mantendrán “alertas ante cualquier circunstancia”.
En medio de estos operativos, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil ha prohibido el vuelo de aviones particulares y drones en todo el país hasta el 5 de septiembre, en una resolución en la que no se mencionan las razones específicas por las que se tomó la medida.
Freddy Bernal, dirigente del Psrtido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ha dicho que esta prohibición busca que los opositores que “incendien el país” el 1-S no huyan a Miami luego de hacerlo.
En el caso de los drones, la oposición se presume que el Gobierno busca que no se registre la magnitud de la convocatoria. “Los que tengamos drones los vamos a poner a volar para que hagan tomas panorámicas de la manifestación y nos resbala lo que diga el ministro del Interior y el de Comunicación”, ha dicho al respecto Ramos Allup.
Amenazas contra el fantasma del golpe
El presidente Nicolás Maduro ha dicho que en Venezuela está en marcha “un plan golpista” dirigido por los Estados Unidos. “No lo vamos a permitir, el pueblo en la calle no lo va a permitir”, ha asegurado el mandatario, cuya aprobación popular está en 21,2%, según la encuestadora Datanálisis. Esa empresa asegura que el 75% de los venezolanos cree que Maduro debe salir del poder a través de un referendo revocatorio este año.
El vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, cree que este 1 de septiembre la oposición ejecutará una maniobra que pretende “tumbar al presidente Maduro”; en cambio, el diputado oficialista Diosdado Cabello ha asegurado que ese día “se acaba la oposición”.
Cabello, muy activo en los últimos días encabezando actos en distintas partes del país suramericano, también ha amenazado a sus detractores con que a partir de septiembre “van a ver a la verdadera revolución.
“Nadie se sorprenda cuando los organismos de Inteligencia vayan casa por casa, tun, tun, y véngase pa' acá por conspiradores”, ha advertido el parlamentario, rodeado de las principales figuras del Psuv, el partido gobernante.
El fantasma de un golpe de Estado es utilizado por el discurso oficial y el miedo de muchos venezolanos sobre lo que pueda ocurrir el 1-S es evidente. En los últimos días se han transmitido en cadena de radio y televisión, en horario estelar, los documentales “La revolución no será televisada” y “Puente Llaguno: Claves de una masacre”, que narran la visión de la revolución bolivariana sobre el fallido golpe militar contra Hugo Chávez en el año 2002.
El presidente Maduro ha ordenado la difusión de las piezas, según sus palabras, para que la juventud de Venezuela “pueda ver lo que hizo la oligarquía para quitarle el derecho al futuro que tenían esos niños del 2002”.
Maduro ha amenazado desde hace varios días con responder con fuerza cualquier intento de golpe y ha tomado como ejemplo a su homólogo turco Tayyip Erdogan que, tras superar un golpe militar el pasado mes de julio, inició una purga civil y militar y cerró decenas de medios de comunicación. “Erdogan se va quedar como un niño de pecho para lo que va a hacer la revolución bolivariana si la derecha pasa la frontera del golpismo”.
Este jueves, previo a la marcha opositora, el Gobierno venezolano ha expulsado a cuatro reporteros internacionales del medio colombiano Caracol Radio, del francés Le Monde y los estadounidenses NPR y The Miami Herald.
Las autoridades de Venezuela entregaron al periodista colombiano Cesar Moreno una carta comunicándole que era considerado "persona no admisible" por "no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley de Extranjería y Migración". "Nos hicieron firmar una copia", alegó Moreno a Efe, quien señaló que estaba junto a Marie-Eve Detoeuf, de Le Monde, y John Otis, de NPR.
Tránsito bloqueado
El 24 de agosto un centenar de indígenas del sur del país (estado Amazonas), iniciaron una caminata de más de 700 kilómetros para asistir a la manifestación en Caracas.
Finalmente llegaron a la capital venezolana, pero en su recorrido de ocho días fueron retenidos varias veces por la Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacionalo (Sebin), quienes les impidieron continuar la movilización a pie e incluso montarse en las “chalanas” (embarcaciones usadas en la selva venezolana para atravesar ríos y llegar de un pueblo a otro), pero culminaron el recorrido dispersándose entre vehículos particulares, autobuses y caminando.
En la localidad de Clarines, en el oriente, otro grupo que salió desde Anzoátegui y se detuvo en esta localidad a pasar la noche, fue agredido por personas que apoyan al Gobierno de Maduro y varios fueron detenidos por la Guardia Nacional. Incluso las familias que prestaron su casa para que pasaran la noche allí y seguir, fueron atacadas al día siguiente y sus vehículos destrozados.
Y en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, las prohibiciones fueron más fuertes durante la semana, al impedir en el terminal de autobuses de Maracaibo, en la capital del estado, la venta de pasajes hasta Caracas y ciudades cercanas. En un intento de amedrentamiento, los uniformados preguntaban a las personas que acudían a comprar boletos cuál era el interés de visitar Caracas, reseñaron los medios regionales.
En la capital venezolana, la empresa pública encargada del funcionamiento del transporte en la ciudad ha anunciado este jueves en su cuenta de Twitter el cierre de cuatro estaciones de Caracas durante toda la jornada. Esta decisión se ha tomado para "resguardar a los usuarios", explica la compañía, a pesar de que durante esta semana aseguró que sus trenes funcionarían a la perfección.
Los organizadores de la marcha ya tienen previsto que la guardia, policías y militares detengan los autobuses en los accesos a Caracas. De hecho el martes, en el peaje de Tazón (punto de entrada a la capital desde el Occidente y centro del país), se desplegó un contingente de guardias desde las 6 de la mañana, que limitó el tránsito a un solo canal de la vía, generando un tráfico atípico en días de vacaciones escolares. Una advertencia de lo que puede ocurrir desde la madrugada del jueves 1 de septiembre.
Armisticio para evitar confrontaciones
La MUD ha decidido concentrar a los manifestantes en tres grandes avenidas ubicadas al este de Caracas: la Francisco de Miranda, la Río de Janeiro y la Libertador, ubicadas en municipios controlados por alcaldes de oposición.
Para el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, eso una muestra de que la oposición reculó porque saben que “Caracas es revolucionaria” y que no se pueden manifestar en sus calles.
El oficialismo ve a Caracas como el espacio geográfico comprendido por el municipio Libertador, gobernada por el alcalde chavista Jorge Rodríguez y donde está la sede de la presidencia y de los Poderes Públicos. No como una zona metropolitana amplia.
Pero más allá de diatribas geográficas y de verbos encendidos que auguran, desde el chavismo, el registro de hechos violentos y hasta posibles muertos, lo cierto es que la oposición ha decidido que la manifestación se realice lejos del centro de Caracas y ha dejado claro que no tienen intenciones de llegar a Miraflores, sede del Ejecutivo.
“La oposición sabiamente tomó la decisión de delimitar el espacio de la protesta al este de Caracas. Esto genera un gran sosiego y una gran tranquilidad porque se preveía una situación de conflicto peligrosísima”, considera Jesús Seguías, presidente de la encuestadora Datincorp.
Se trataría de un “armisticio entre Gobierno y oposición”, dice, porque el chavismo podrá protestar en el oeste y la oposición al este de la capital, para evitar la violencia.
De hecho el chavismo, acostumbrado a convocar manifestaciones paralelas el mismo día que la oposición hace un llamado a protestar, no hará de este 1º de septiembre una excepción.
Aunque han dado pocos detalles del destino de esta movilización, el lunes lo anunciaron: “el jueves nos vamos a movilizar por todo el país y vamos a movilizar a Caracas también”, ha dicho el vicepresidente Aristóbulo Istúriz.
Venezolanos a la calle
Datincorp realizó una encuesta de coyuntura país, el 26 de agosto, donde incluyó la consulta sobre la intención de acudir a la denominada “toma de Caracas”. El estudio arrojó que 32% de los venezolanos en edad de votar (unos 6 millones 400 mil de un total de 20 millones), expresó estar decidido a ir a la manifestación convocada por la MUD. Y en el caso específico del área metropolitana de Caracas, 34% respondió positivamente a su interés de ir, porcentaje que se traduce en 1.200.000 personas.
Seguías asegura que aun con todas las trabas que ha impuesto y mantendrá hasta el último minuto el Gobierno para evitar la llegada de manifestantes a Caracas, esta protesta será la más grande en la historia de Venezuela.
“Si nadie del interior puede llegar a la capital, y la mitad de ese 34% de caraqueños que dijo acudir a la protesta se arrepiente, tendríamos a 600.000 venezolanos activados, y si eso se reduce a la cuarta parte serían 300.000”, calcula el presidente de la encuestadora.
Ese número de manifestantes ya sería un récord en el país suramericano, porque en la mítica avenida Bolívar de Caracas, destino de las marchas de Hugo Chávez en sus mejores tiempos, caben 100.000 de punta a punta. Esta vez serían tres avenidas Bolívar llenas, o seis, apunta Seguías.
“El gran éxito de la oposición no es tratar de derrocar a Maduro porque no lo va a poder lograr. El éxito de la oposición será concentrar la manifestación más grande de la historia del país a su favor, y con eso es más que suficiente”.
El líder opositor, y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski ha informado que llenar las tres avenidas dispuestas requiere de un millón de personas.
Un reto nada fácil, aunque Seguías asegura que en Venezuela hay motivación suficiente para llenar cuatro y hasta cinco avenidas de Caracas, porque el nivel de ira, rabia, frustración y rechazo al Gobierno de Maduro es hoy mayor a la que existió el 11 de abril de 2002 contra Chávez, y el 12 de febrero de 2014. Dos fechas que han marcado el histórico de protestas en años de “revolución”.