Hace más de una década, desde 2005, que Argentina no permitía a la entidad que dirige Christine Lagarde hurgue en los números del fisco. No es el único país miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI) que no lo autoriza: Venezuela, Somalia, Siria, República Centroafricana y Eritrea, tampoco lo hacen.
La separación se produjo cuando el presidente, Néstor Kirchner (2003-2007), se enfadó con el FMI, entonces presidido por el exvicepresidente de España Rodrigo Rato. “Mi amigo Rato, el FMI tiene que hacer una autocrítica porque aquí en Argentina fracasó el proyecto económico que dio y asesoró en su momento”, desafiaba el entonces mandatario argentino.
En efecto, durante los años '90 el FMI había respaldado y asistido financieramente a los gobiernos de los presidentes Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), que aplicaron políticas socioeconómicas neoliberales, las cuáles llevaron a Argentina a la quiebra y el ‘corralito’ bancario, en 2001.
Entonces Kirchner tildó al FMI de ‘lobbysta’ de intereses empresarios –Rato se había puesto del lado de Shell en un desacuerdo de la petrolera con el gobierno argentino– y dio carpetazo al asunto finiquitando al contado la deuda de Argentina, unos de 10 mil millones de dólares. Así, Argentina se sintió eximida de cumplir el “capítulo IV” del FMI que reglamenta las auditorías.
En definitiva, Kirchner mantuvo la coherencia con su líder, el fundador del peronismo, Juan Perón. En 1946 el entonces presidente argentino rechazó meter a Argentina en el organismo por considerarlo un “engendro putativo del imperialismo”. “En casi todos los países adheridos se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar las lamentaciones”, criticó.
Al saberse librados de la vigilancia del órgano de monitoreo con sede en Washington, primero Néstor Kirchner y después su sucesora y esposa, Cristina Fernández (2007-2015), se sintieron con las manos libres para cometer irregularidades. Por ejemplo, ‘pases de manos’ de fondos públicos en el Estado o maquillar a conveniencias las estadísticas de crecimiento, IPC y desempleo.
Por esta razón, en 2013 el organismo financiero sancionó a Argentina con una moción de censura, después de que el gobierno de la entonces presidenta Fernández, ya en aquel año viuda de Kirchner, incumpliera la promesa de ajustar las metodologías utilizadas por el instituto oficial de estadísticas, INDEC.
Pero el pasado mes de diciembre Argentina cambió de Gobierno y de ciclo político, con la llegada a la Casa Rosada del liberal Mauricio Macri. El nuevo presidente prometió “sincerar la economía” y ha abierto las puertas nuevamente a los auditores que mandará Lagarde, Roberto Cardarelli y Alejandro Werner.
Tendrán por tarea revisar las cuentas públicas y la proyección del presupuesto 2017 -4,5% de déficit fiscal, 3,5% de crecimiento del PIB, y 17% de inflación-. También se entrevistarán con ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
Si finalmente Argentina obtiene un “aprobado”, la expectativa de Macri es que las relaciones con el FMI se normalicen, ya sin moción de censura y con auditorías periódicas de las cuentas públicas. Esa es una condición inexcusable que ponen las calificadoras de riesgos para colocar a Argentina a la categoría de “país emergente”, lo cual le permitiría conseguir préstamos menos onerosos.