La recolección de firmas para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro antes de que culmine 2016 fue apagada por el Consejo Nacional Electoral venezolano la noche del jueves, al acatar la sentencia judicial de tribunales de cinco estados gobernados por conocidos personajes afectos al chavismo.
Asimismo, se le ha prohibido la salida del país al excandidato presidencial Henrique Capriles, al secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús 'Chúo' Torrealba, y a otros seis opositores.
Dos abogados venezolanos y expertos en la interpretación a la Carta Magna ofrecen su análisis sobre la situación de la democracia en el país suramericano, tras la cadena de hechos que han imposibilitado la realización del plebiscito para revocar al presidente.
"En Venezuela hay dictadura"
El abogado constitucionalista José Vicente Haro ha sido enfático en manifestar a través de sus redes sociales personales y en los medios de comunicación que en Venezuela no se vive en democracia. Bajo su perspectiva, la falta de respeto a la Constitución y a los derechos humanos, por la existencia de presos políticos, y al Parlamento configuran un panorama de dictadura.
Para Haro, especialista en derechos humanos, urge que la alianza opositora MUD se una en torno a la sola decisión de restablecer la democracia en Venezuela, que haya acompañamiento internacional por parte de organismos de la Organización de Estados Americanos y que la ciudadanía se movilice “no sólo con los llamados de desobediencia civil y la aplicación del artículo 350 de la Constitución”. A su ver y parafraseando a John Kennedy, “la valentía y el coraje no son efectivos sin una estrategia. Si no se tienen estrategias político-constitucionales de nada van a valer manifestaciones en las calles”.
El especialista califica como “inconstitucionales” las sentencias judiciales que, tras la denuncia de fraude electoral en la fase inicial del revocatorio de sectores afectos al chavismo, propiciaron que el Consejo Nacional Electoral suspendiera el siguiente paso en la hoja de ruta para sacar a Nicolás Maduro del poder.
En su opinión, aunque los regímenes dictatoriales no son nuevos en el país suramericano, lo inédito del proceso que viven los venezolanos hoy en día es “la forma como se ha construido y originado esta dictadura. El cómo una democracia ha pasado a un autoritarismo o una dictadura”.
“Las elecciones parlamentarias se han transformado en sal y agua por las más de 30 decisiones en contra del Tribunal Supremo de Justicia y por otra parte el referendo revocatorio quedó en hilo de muerte”, añade.
Basado en elementos del derecho constitucional, Haro señala que en el país caribeño no se plasman todos los requisitos para que exista una democracia: no se cumple con la Constitución, no se respeta la división de poderes ni los derechos humanos, no se respeta el derecho al voto, no hay elecciones periódicas, no hay un órgano electoral imparcial, hay financiamiento con presupuesto público a la opción política gobernante y no existe un respeto al Parlamento.
“Todos esos elementos no se dan y por eso hay una dictadura, que pasó por un debilitamiento de la democracia con Hugo Chávez y luego al autoritarismo, en la parte en que Chávez pasó a ser un gobernante que tenía el control de todos los poderes públicos, violaba los derechos humanos, y que de alguna manera nunca respetó el principio de división de poderes y que incluso quiso destruir su propia Constitución con una reforma de corte socialista-comunista que no respetaba la democracia”.
El análisis del abogado también apunta a la actuación de la Mesa de la Unidad Democrática y la demora con la que afrontan las acciones del madurismo. “La ciudadanía es algo con lo que los políticos tienen que estar conectados. He observado en la gente y a través de los medios de comunicación la ansiedad ante una falta de un pronunciamiento unitario amplio, personal y directo de la Mesa de la Unidad. Es necesario que haya un pronunciamiento de la MUD con una estrategia política a corto, mediano y largo plazo y esa estrategia debe contar con el acompañamiento de los ciudadanos de modo que se sientan parte de ella”.
“Esta es ahora una responsabilidad compartida de toda la sociedad venezolana si quiere restablecer la democracia para a partir de allí solucionar los problemas del país”, destaca.
Por otra parte, Haro señala que la Mesa de la Unidad debe ampliarse e incluir a sectores más plurales de la oposición venezolana que día a día hacen crítica al gobierno. “La MUD debe contar con más factores, con factores que le den mayor pluralidad. Por otra parte, más que una unidad —que es lo que se ha construido hasta ahora para unos procesos electorales— se requiere de una unión en la estrategia política a seguir”.
Para el profesor universitario existe un “problema político grave” que es no estar en democracia. “Una vez estemos en democracia, vamos a poder solucionar los problemas económicos y sociales, que son más graves aún”.
"Seguimos en democracia"
Desde la tolda de la revolución bolivariana, el abogado constitucionalista Jesús Silva asegura que la democracia en Venezuela no está lesionada y que el régimen local dista mucho de ser una dictadura.
El carácter provisional del comunicado del Consejo Nacional Electoral juega un papel fundamental para Silva en su análisis sobre la democracia en Venezuela. Según su interpretación, la suspensión de la recolección de firmas para llegar al referendo revocatorio tiene un carácter provisional porque es diferente la situación de suspensión y anulación.
Bajo su óptica, cuando hay suspensión se abre un lapso para pruebas, investigación, juicios, sentencias. “Quienes han interpuesto las denuncias tienen derecho a hacerlo, lo importante es que exista un poder judicial que dé respuestas, resguardando el derecho de ambas partes, tanto de quienes desean celebrar el referendo como de quienes se oponen a realizarlo. Esto es provisional, no es definitivo. No implica una anulación”, explica.
La suspensión de la recolección de firmas recuerda a la opinión pública que desde enero de este año está en curso la impugnación a la elección de diputados en el Estado Amazonas, al sur de Venezuela, que ha dejado sin representación en el Parlamento a la entidad. Al respecto, Silva señala que espera que tanto para la realización del referendo como para la resolución de la impugnación del proceso electoral en Amazonas, la sentencia definitiva del caso se produzca “lo antes posible”.
Para él, la sociedad venezolana debe exigir la pronta respuesta, la actuación con celeridad y justicia por parte de los tribunales. “No se puede decretar que habrá un retardo procesal”.
Otro de los puntos criticados de la suspensión de la recolección de manifestaciones de voluntad ha sido que la sentencia que invalida el 1% en cinco provincias (Carabobo, Aragua, Bolívar, Apure y Monagas) proviene de tribunales penales y que por esa razón no debería afectar la decisión del CNE, un ente electoral. Sobre este punto Silva considera que “una decisión judicial penal puede afectar cualquier procedimiento administrativo de marco constitucional, porque se trata de delitos concretamente tipificados como falta atestación, suministro de información falsa al Poder Electoral y esto reviste un carácter penal inobjetable y tiene que esclarecerse para preservar la legalidad”.
“En un país democrático es totalmente normal que el Poder Electoral tenga un criterio y el Poder Judicial tenga otro criterio. Hasta donde llega el conocimiento del Poder Electoral se cumplió una etapa del proceso revocatorio, hasta donde llega el conocimiento del Poder Judicial recibió denuncias y supuestas pruebas de estas infracciones a la Ley”, analiza en relación a las posturas de ambas instituciones sobre las firmas recolectadas en el primer paso para activar el referendo.
A su juicio, aunque la petición de referendo revocatorio por parte de la Mesa de la Unidad Democrática inició tarde para concretarse en 2016, el chavismo tiene tiempo para organizarse y ganar ese procedimiento en 2017, tal como lo hizo Chávez en 2004.