Los diputados venezolanos de la oposición, como mayoría parlamentaria, han decidido en la sesión convocada para el martes por la tarde, hora de Caracas, diferir la continuación del juicio político previsto contra el presidente Nicolás Maduro. El inicio de una agenda de diálogo, tras el encuentro efectuado el 30 de octubre, y la instalación de cuatro mesas de negociación, han sido la causa.
La oposición ha decidido darle una especie de tregua a Maduro, horas después de que se produjera el primer gesto del Gobierno con la liberación de tres presos políticos durante la noche del lunes, y otros dos en el estado Táchira, al occidente de Venezuela, el martes en la tarde.
El diputado Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria y dirigente del partido Primero Justicia (tolda política del opositor Henrique Capriles), fue el encargado de hacer la petición en el pleno.
Se ha referido a la importancia de la presencia del Vaticano en la resolución del conflicto venezolano, concretado en ese primer encuentro entre oposición y gobierno, y a las solicitudes que la oposición ha hecho en esa mesa, cinco en concreto, hasta entonces desconocidas por los venezolanos por la poca información dada por los voceros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tras la reunión del domingo.
La liberación de los presos políticos (el Gobierno venezolano se niega a llamarlos así y los ha calificado como ‘privados de libertad’) en el corto plazo ha sido la primera; la recuperación plena de las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional, reducidas por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como la incorporación de los tres diputados opositores sobre los cuales pesa una impugnación del TSJ por supuestas irregularidades en su elección, ha sido la segunda.
Establecer medidas efectivas y urgentes contra la escasez de alimentos y de medicamentos, para que los venezolanos pueden comprar sin control político y sin hacer largas filas, y se eviten fallecimientos por la ausencia de medicinas, ha sido otra petición planteada. Y las dos últimas, no por ello menos importantes, se han referido a lo electoral.
La oposición quiere una respuesta rápida
“Presentamos al Vaticano la urgencia de tener en los próximos días un nuevo árbitro electoral, un nuevo Consejo Nacional Electoral, y que se revise de manera abierta y completa el cronograma electoral de Venezuela y se adelanten elecciones presidenciales, para que el pueblo pueda votar en un corto plazo”, ha dicho Borges.
El diputado opositor, al igual que el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, han aclarado que las respuestas a estas solicitudes no deben verse en meses sino en los próximos días, teniendo como fecha tope el 11 de noviembre, día fijado para el próximo encuentro entre Gobierno y oposición.
“Si pasan 10 o 12 días y no vemos resultados, si el Gobierno no da un paso que genere confianza a los venezolanos, pues tendremos que salirnos de la mesa y continuar con los mecanismos que se tenían planteados”, ha expresado Ramos Allup.
Con eso ha dejado claro que el juicio político puede reactivarse con posterioridad, y ha informado de que entre el 12 y el 14 de noviembre se puede tener un panorama sobre los efectos del diálogo para solucionar la crisis política, económica y social que enfrenta Venezuela, y que se ha agudizado con las suspensión del proceso para activar el referendo revocatorio, medida tomada por el CNE el 20 de octubre.
Tampoco marcharán al palacio presidencial
Tanto los diputados de la oposición como los del chavismo votaron a favor de diferir el juicio político a Maduro, y con ello la sesión de este martes quedó finalizada.
La agenda del día preveía la comparecencia de Nicolás Maduro para que diera sus argumentos en defensa, sobre la responsabilidad política que el Parlamento decidió iniciar el pasado jueves 27 de octubre. Sin embargo, Maduro nunca se refirió a esa citación ni había mayores expectativas de que asistiera.
Los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) insistieron en que, de retomarse ese juicio político, se trataría de una medida no contemplada en la Constitución venezolana. La oposición se está basando en artículos que se refieren a la responsabilidad política de los funcionarios públicos pero Maduro no encajaría en esa categoría, ha dicho Héctor Rodríguez, el jefe de la fracción parlamentaria del chavismo.
El partido de Leopoldo López, Voluntad Popular (VP), no comparte la decisión tomada en el Parlamento. Freddy Guevara, diputado y dirigente nacional de VP, expresó que mantienen su posición con respecto al diálogo, al cual no se han sumado con un representante en las mesas porque consideran que no hay condiciones para dialogar.
Y además consideran que el juicio político se debe mantener y la movilización al palacio presidencial de Miraflores, también. Pero aceptaron sumarse a la propuesta del diferimiento “entendiendo que todos fuimos electos en alianza unitaria y no como un solo bloque como partido político”, ha dicho Guevara.
Aunque en la sesión de la Asamblea Nacional no se habló sobre la movilización convocada por la oposición hasta Miraflores, como lo estableció el Parlamento el 23 de octubre, minutos después Ramos Allup confirmó lo que venía siendo un rumor.
La oposición ha decidido también suspender la marcha hasta el palacio presidencial “por petición” del Cardenal Jorge Urosa Sabino y del propio Vaticano, ha dicho.
Y el viaje a la Organización de Estados Americanos (OEA), para exigir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, también ha sido suspendida. Esta era otra de las estrategias de la oposición. “Estamos honrando la palabra empeñada para ver si con este diálogo llegamos a algo”, ha expresado Ramos Allup.
Presos políticos
Entre la noche del lunes y la tarde del martes el Gobierno de Maduro ha cedido con la liberación de cinco presos políticos. Los tres primeros fueron Marco Trejo, Andrés Moreno y Carlos Melo.
En la tarde se conoció que también fueron liberados Pablo Parada y Jean Carlos Ortiz, en el estado Táchira. Ambos eran estudiantes y fueron detenidos el 16 de septiembre por la policía política venezolana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por estar presuntamente vinculados a hechos violentos tras una manifestación opositora realizada el 1 de septiembre, en la capital de ese estado andino.
Con estos cinco, la lista de presos políticos venezolanos baja a 109, según el Foro Penal Venezolano, una organización de la sociedad civil defensora de derechos humanos, que lleva la cuenta de estos casos.
La oposición venezolana espera que las liberaciones continúen en los próximos días. Los nombres de Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas; de Yon Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular, y de tres diputados suplentes que están tras las rejas desde hace dos años, están en la lista. Sobre Leopoldo López no se ha dado información. Su partido, VP, ha informado de que se encuentra aislado desde el viernes y que desde entonces no le han permitido a su familia verlo.