Este jueves, Gobierno y FARC firman un segundo acuerdo de paz después de que hace unas semanas los colombianos tumbaran por un estrecho margen en referéndum el primer pacto forjado en La Habana, que se había rubricado entre grandes fastos el 26 de septiembre.
Tras el plebiscito, los representantes del 'no' se reunieron en diversas ocasiones con el Ejecutivo de Juan Manuel Santos para trasladarle sus preocupaciones e ideas con el propósito de lograr un acuerdo inclusivo. Pero después de sentarse una última vez con el Gobierno el lunes, los detractores del texto inicial, capitaneados por el expresidente Álvaro Uribe, proclamaron su rechazo también al nuevo documento.
Las partes firmantes del acuerdo consideran que el nuevo texto incorpora muchas propuestas de la oposición, que, aunque reconoce avances con respecto al original, piensa que los problemas de raíz persisten.
Según la Fundación de Ideas para la Paz, el 58% de las propuestas presentadas por los líderes del 'no' se incluyeron de manera parcial o total. Mientras, 31 de las 58 propuestas presentadas por los opositores para lograr “cambios de fondo” no se incorporaron. En muchos casos, las modificaciones precisan o especifican aspectos que generaban confusión o inseguridad.
Ahora, el Congreso colombiano será el encargado de refrendar el nuevo acuerdo, que no volverá a ser evaluado en las urnas.
NARCOTRÁFICO
Uno de los puntos más conflictivos del primer acuerdo es que el narcotráfico se consideraría un delito conexo al delito de rebelión y, por lo tanto, amnistiable.
El nuevo acuerdo revisa este punto y expone que los jueces “determinarán la conexidad con el delito político caso a caso”. Sin embargo, indica que las “conductas dirigidas a financiar la rebelión” son delitos amnistiables; esto es, “todas aquellas conductas ilícitas de las que no se haya derivado enriquecimiento personal de los rebeldes ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, grave crimen de guerra o genocidio”. Asimismo, todos los que se acojan a la llamada Jurisdicción Especial para la Paz tendrán que ofrecer información detallada sobre el narcotráfico para “atribuir responsabilidades”.
La modificación no ha sido suficiente para contentar a los detractores del primer acuerdo. En un análisis sobre los cambios realizados al pacto inicial, el expresidente Andrés Pastrana, uno de los dirigentes del 'no', argumenta que “la conexidad del narcotráfico con la rebelión se mantiene en las mismas condiciones que el acuerdo inicial” y sostiene que los tratados internacionales ratificados por Colombia prohíben que el tráfico de narcóticos sea tratado como un delito conexo.
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
Ha habido varios cambios a este respecto. En primer lugar, se criticaba que el Tribunal para la Paz -encargado de juzgar a los combatientes- estaría compuesto por jueces extranjeros, pero el nuevo acuerdo certifica que serán colombianos los que ejerzan la magistratura y expertos extranjeros podrán ofrecer valoraciones.
La Jurisdicción Especial para la Paz también prescribirá a los diez años y sólo se podrán presentar solicitudes de investigación en los dos primeros. Asimismo, en última instancia, se podrá llegar a la Corte Constitucional si un afectado siente que, por ejemplo, se ha violado el debido proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por otro lado, los principios y castigos del primer sistema de justicia transicional se mantienen: los culpables de actos graves -como las desapariciones forzadas- que confiesen sus crímenes y se comprometan a reparar a las víctimas podrán beneficiarse de condenas reducidas de restricción de libertad.
Se ha clarificado, sin embargo, cómo será la “restricción efectiva de libertad”: los jueces determinarán las zonas donde se recluirá a los que confiesen sus crímenes al inicio del proceso, que no serán mayores que una vereda -una pequeña división territorial colombiana-; fijarán los horarios de cumplimento de las sanciones; determinarán su residencia; y los sancionados tendrán que ser autorizados para salir de dichas zonas.
Las modificaciones no han contentado, en general, al bando del 'no'. El Centro Democrático de Álvaro Uribe emitió un comunicado el miércoles donde afirmaba que el Gobierno no aceptó modificar asuntos como la “total impunidad o penas simbólicas, que significan lo mismo, para delitos de lesa humanidad [o] crear una justicia paralela a la medida de los intereses de la FARC”.
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Otro punto caliente era que el acuerdo inicial no hablaba de que la guerrilla tuviera que utilizar bienes e ingresos derivados de su actividad delictiva para compensar a las víctimas del conflicto. Ahora sí “las FARC-EP procederán a la reparación material de las víctimas, con los bienes y activos antes mencionados”.
El expresidente Pastrana, con todo, destaca que el nuevo texto lee que, durante la dejación de armas, representantes de las FARC “acordarán con representantes del Gobierno Nacional los procedimientos y protocolo para inventariar todo tipo de bienes y activos”.
“Eso significa que existe un acuerdo para hacer un acuerdo sobre cómo proceder en esta materia, pero no está expresa la obligación de las FARC de entregar todos los bienes y dineros de las víctimas”, argumenta en su análisis.
LA CONSTITUCIÓN
Una de las críticas más duras contra el primer acuerdo es que éste pasaría a formar parte de la Constitución para impedir que Gobiernos posteriores lo desmontasen. Los detractores del pacto de La Habana aseguraban que no se podía tolerar que los guerrilleros 'reescribieran' la Carta Magna de todos los colombianos.
Sin embargo, el presidente Santos ha asegurado que buena parte del acuerdo no entrará en el llamado “bloque de constitucionalidad”. “Confieso que tenían razón (…) Eso se corrigió. Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución”, manifestó tras darse a conocer el nuevo texto, que supera las 300 páginas. Sí se incluirá un artículo con fecha de caducidad que obligará a respetar el acuerdo.
El 'no' ve las cosas de manera diferente: cree que los límites no están bien marcados y que el mencionado artículo transitorio implica una reforma de facto de la Carta Magna. “La garantía del cumplimento de los acuerdos no debe ser su inclusión en la Constitución, sino un pacto político”, afirmó Pastrana.
LA ELEGIBILIDAD DE LAS FARC
Uribe y los suyos han reclamado que los culpables de delitos graves no puedan ser elegidos en las urnas. En este punto no han logrado avances: los líderes de las FARC podrán presentarse.
La guerrilla tendrá además cinco escaños asegurados en cada cámara del Congreso durante dos legislaturas. El Gobierno ha defendido, sin embargo, que la financiación que recibirá el partido de la guerrilla se ha reducido en un 30%.
IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y PROPIEDAD PRIVADA
Durante la campaña para el referendo, detractores conservadores del acuerdo alzaron la voz contra una supuesta “ideología de género” subyacente en el acuerdo que, temían, minaría la familia tradicional. Temían que, por la redacción del texto y los términos empleados, se consagrasen valores de la comunidad LGTB al ser aprobado.
El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana criticó que dicha "ideología" no existía y que la gente “se comió el cuento”, recoge El Espectador, una opinión que también sostiene Santos.
El nuevo acuerdo, sin embargo, cambia la redacción en estos aspectos, pero puntualiza que las mujeres han sufrido especialmente el conflicto y garantiza que no se discrimine a nadie, incluida la comunidad LGTB o grupos religiosos.
Otro tema que preocupaba era que la “reforma rural integral” que establece el acuerdo pudiera vulnerar la propiedad privada. En este sentido, el nuevo texto afirma que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”.
El Consejo Empresarial por una Paz Sostenible, que engloba a empresarios colombianos, ha alabado el cambio y la narrativa hacia la iniciativa privada que contiene el nuevo texto.
También en materia económica, el Gobierno promete que se garantizará la sostenibilidad fiscal al aplicar los términos del acuerdo.
En su citado comunicado, el uribismo defiende que no hubo avances con el Gobierno al “mezclar la necesaria reivindicación de los derechos de la mujer con la controversia de género”. Pastrana, por su parte, entiende que no está asegurada la sostenibilidad financiera del pacto.
LA REFRENDACIÓN
Santos ha concretado esta semana que el acuerdo se refrendará a través del Congreso, donde tiene mayoría, en vez de arriesgarse a una derrota en las urnas. El 'no' ha criticado que se utilice al Legislativo como mecanismo de refrendación y opina que es el pueblo quien debería valorar el acuerdo de nuevo, bien en su totalidad, bien ciertos elementos clave.