El infierno de las familias de presos políticos en Venezuela: "Temo que Maduro lo mate"
El Gobierno venezolano ha detenido a 6.575 personas por motivos políticos desde 2014. De ellas, 104 permanecen todavía en la cárcel.
16 diciembre, 2016 00:28Noticias relacionadas
Leopoldo López, líder en Venezuela del partido opositor Voluntad Popular, cumplió en noviembre 1.000 días entre rejas. Es el preso político más conocido, pero no es el único, ni mucho menos.
Desde enero de 2014 hasta octubre de 2016, la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) ha registrado 6.575 arrestos por razones políticas. De ese número, 104 personas permanecen privadas de libertad y sólo este año se han producido ya 2.436 detenciones políticas, cerca del récord personal de Nicolás Maduro: 3.415 en 2014.
Alfredo Romero, director ejecutivo del FPV, subraya que la justicia se utiliza en Venezuela como un arma de persecución política. “De acuerdo con el Proyecto Mundial de Justicia, Venezuela se encuentra en el último lugar en lo que se refiere al Estado de Derecho. Se evaluaron 112 países y Venezuela quedó última”.
Para el Gobierno son “políticos presos”
El régimen bolivariano asegura que “en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos por sus delitos”, según palabras de Julio García Jarpa, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en España.
No opina igual Amnistía Internacional, organización que en su Informe 2015-2016asegura sobre Venezuela: “Las personas que se oponían políticamente al Gobierno afrontaron juicios sin garantías y encarcelamientos”. Además, señala su preocupación por “la falta de independencia del poder judicial”.
“No solo están presos ellos. Está presa la familia”
Califica a Leopoldo López como “preso de conciencia que fue declarado culpable sin que existieran las pruebas fehacientes que respaldaran las acusaciones”. “El presidente (Maduro) pidió su encarcelamiento y socavó así gravemente el derecho del acusado a un juicio con las debidas garantías”, concluye el informe.
Sin duda, la liberación de presos políticos es un tema central en el diálogo entre Maduro y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pero ¿qué pasa con sus familiares? ¿Cómo sufren ellos la angustia de ver un ser querido entre rejas día tras día?
El campamento PNUD
En 2014, el año más represivo de Maduro, detuvieron a 213 jóvenes después de una protesta de 45 días frente a la sede del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en Caracas para exigir cambios políticos en Venezuela. Fue un 8 de mayo y, todavía, cuatro siguen presos.
“Soy la mamá de Nixon Leal. Está recluido en el Helicoide –centro de internamiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)-, hace tiempo que no ve el sol y está sumamente pálido. Cuando le dejan, sangra por la nariz”, explica Sonia Toro, antes de denunciar: “Les tenemos que llevar todo a la cárcel. Medicinas, comida, ropa, agua, libros… Siempre y cuando el funcionario de turno esté de ánimo y nos deje”.
“Mi mayor temor es que Maduro mate a mi hermano”
Reconoce que lo fundamental es presentarse “fuertes” ante ellos. “Es como si te pusieras y te quitaras un chip. Tenemos que hacer de tripas corazón y no quebrarnos delante de nuestros hijos, aunque luego no pueda parar de llorar fuera”, reconoce Toro.
Junto a Nixon, en el campamento PNUD, estuvo el hijo de Ratiuska Ravelo, Ángel Contreras, de 30 años. “El jueves 11 de junio de 2014 fuimos su esposa, con sus hijos –dos gemelos de cuatro años y un bebé de dos-, su hermana y yo a llevarle su torta [tarta] de cumpleaños. No supe nada más de él hasta que el sábado me dijeron que se había intentado suicidar cortándose las venas y con pastillas. Cuando le volví a ver, ese sábado, sólo le pedí que fuera fuerte y se cuidara. Hasta el día de hoy no ha vuelto a pasar nada”, comenta Ratiuska.
Las secuelas psicológicas son palpables. “Miro todos los días su foto. Sufrimos todos, dentro y fuera de la cárcel. Nosotros también estamos presos en nuestras casas vigilados por camionetas del SEBIN, la policía política, que ves pasar por nuestra calle”, dice. “A mi casa pueden entrar cuando quieran. No somos terroristas”.
Sentada, al lado de las madres, atenta y con la mirada contenida, escucha Dioris Albarán. “Lo más doloroso es que aunque no haya pruebas, te condenan. En Venezuela no se respetan los Derechos Humanos”. Dioris tiene 25 años, es licenciada en Gerencia Financiera y se encuentra en libertad provisional por participar también en las protestas del campamento PNUD.
Tres seres queridos entre rejas
Andreína Baduel sufre por partida triple. “A mi papá [Raúl Isaís Baduel] le tuvieron retenido durante seis años y cuatro meses, hasta 2015, por criticar la reforma constitucional que quería llevar a cabo [Hugo] Chávez en 2007. Mi hermano [Raúl Emilio Baduel] fue detenido en una cadena humana por estar sentado con una cruz que ponía ‘Paz y Libertad’. Y mi novio [Gerardo Carrero] fue apresado en el campamento PNUD. Le han colgado boca abajo como si fuera una piñata y le han partido tablas en la cabeza y el cuerpo, ha estado preso en La Tumba –una cárcel subterránea cinco pisos hacia abajo en Plaza Venezuela- donde no entra la luz e hizo una huelga de hambre en la que perdió 12 kilos”, afirma.
Les tenemos que llevar todo a la prisión: medicinas, comida, ropa, agua, libros…
Andreína se emociona: “No sólo están presos ellos, está presa la familia. Es como mantener otra casa que no queremos tener. Por las noches, no puedo escuchar el teléfono porque me da terror que sea una mala noticia de cualquiera de los tres”.
Efraín Ortega agoniza
Efraín Ortega fue arrestado el 24 de julio de 2014 y acusado de intento de terrorismo. Después de seis tribunales y ante la falta de consistencia de las pruebas incriminatorias, sobreseyeron el caso, pero utilizaron las mismas pruebas para imputarle asociación para delinquir y fabricación de explosivos.
“Estamos estancados en un limbo judicial y no podemos demostrar su inocencia. Aquí no hay solución hasta que Nicolás Maduro salga. Los jueces están comprados, todo el mundo tiene miedo y yo tengo que esperar a que mi hermano salga con los pies por delante”, lamenta Mariana Ortega, hermana y abogada de Efraín, quien sufre de tromboflebitis en su pierna derecha, padece hepatitis C y ha perdido 60 kilos desde su detención, de 130 a los 70 actuales.
Según su hermana, “ha sufrido descargas eléctricas, palizas, le han tenido horas debajo de un chorro de una cloaca, necesita cirugía cardiovascular y el Gobierno le niega la asistencia médica. No tienen humanidad. Mi mayor temor es que Maduro mate a mi hermano”.
Efraín era programador en el Banco de Venezuela y su hijo de siete años ya no se cree que su papá viaje mucho por trabajo. “Últimamente, cuando salgo de casa me dice: ‘Tía, ¿ya vas a buscar a mi padre?’. Y le contesto: ‘Sí, Efraín Jesús, voy a ver si ya nos lo devuelven’. Esto es un infierno. Yo he hecho de su causa mi vida, he tenido casi que abandonar a mi hijo para ocuparme de mi hermano… No sé de dónde sacamos fuerzas. Será ayuda divina…”, dice pensativa Mariana.
Un “teatro judicial”
Con el paso de los días, la esperanza de recuperar la libertad gracias a la justicia se va desvaneciendo, como reconoce Ratiuska Ravelo: “Yo se lo he dicho a su esposa, a su abuela e, incluso, a mi hijo: ‘Métanse que no van a salir legalmente mediante un juicio porque todo está amañado. Saldréis en libertad cuando el régimen de Maduro salga porque es él que os tiene en la cárcel’. Esto es un teatro judicial”.
Las palabras de Delcy Rodríguez confirman los malos augurios de Ratiuska y Mariana. “La liberación de opositores presos como parte de un acuerdo sólo está en la imaginación de la MUD”, ha sentenciado este diciembre la canciller de Venezuela y ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores.