El Gobierno mexicano entregó el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "el Chapo" Guzmán a Estados Unidos en el último día de la Presidencia de Barack Obama para que enfrente cargos por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio, entre otros. La Cancillería informó en un comunicado que puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) a Guzmán y, a través de la misma, el Gobierno lo entregó a las autoridades de Estados Unidos.
Exrtradicción del Chapo Guzman
En medio de un fuerte operativo de seguridad, el capo fue trasladado desde la prisión de la norteña Ciudad Juárez, donde estaba recluido desde mayo pasado, con rumbo al aeropuerto de esa urbe fronteriza con Estados Unidos. Desde allí fue trasladado a Nueva York para hacer frente a los seis procesos penales que tiene pendientes en ese país.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos agradeció en un comunicado al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto "por su amplia cooperación y asistencia para asegurar la extradición de Guzmán".
Causas pendientes en varios estados
El capo, que fue recapturado el 8 de enero de 2016 en su natal estado de Sinaloa tras la fuga que protagonizó el 11 de julio de 2015 del penal del Altiplano, en el Estado de México, tiene causas pendientes en los estados de Nueva York, Texas, Arizona, Florida, Illinois y Nueva Hapmshire. Su traslado a Nueva York se explicaría porque la Fiscalía del distrito neoyorquino de Brooklyn tiene la causa más contundente en contra del líder del cártel de Sinaloa.
El caso está abierto desde 2009, pero en noviembre de 2016 la Fiscalía interpuso un nuevo escrito en el que acusa a Guzmán de varios cargos, incluido narcotráfico, pertenencia a organización criminal y distribución ilegal de marihuana, cocaína, metanfetaminas y heroína.
El 22 de enero de 2016, unos días después de la recaptura del capo, Peña Nieto informó que su Gobierno estaba buscando acelerar la extradición del narcotraficante a Estados Unidos. Dicha declaración fue la confirmación del giro radical de la posición del Gobierno mexicano, que antes de la fuga se oponía a la entrega del capo.
En enero de 2015, el entonces fiscal mexicano, Jesús Murillo, declaraba que Guzmán tendría que "cumplir su condena en México" antes de ser extraditado a Estados Unidos, lo que podría producirse "unos 300 o 400 años después".
Maestro de las fugas
Dicha posición cambió después de que Guzmán protagonizara su fuga del Altiplano, su segunda de una cárcel de máxima seguridad, que dejó en ridículo a la Administración de Peña Nieto, quien en 2014 llegó a asegurar que un segundo escape del capo sería "imperdonable".
Una vez que la Cancillería concedió la extradición a Estados Unidos el 20 de mayo de 2016, la defensa interpuso varios recursos para evitar su traslado al país vecino.
El miércoles la Suprema Corte de Justicia rechazó admitir a trámite dos recursos de amparo contra la extradición del narcotraficante interpuestos por su defensa, al considerar que no estaba legitimado para promoverlos. Por ese motivo, ambos fueron devueltos al Quinto Tribunal Colegiad en Materia Penal de la Ciudad de México, encargado del caso y que los negó este jueves.
El tribunal estimó que la extradición concedida por la Cancillería cumplió con "las normas constitucionales, los requisitos establecidos en el tratado bilateral" y que "no fueron, ni han sido vulnerados, sus derechos humanos en los procedimientos instaurados".
Dicha decisión permitió, tras un largo proceso, que el líder del cártel de Sinaloa fuera entregado a las autoridades de Estados Unidos menos de un día antes de que Obama entregue la Presidencia a Donald Trump.
El abogado José Refugio dijo a Efe que la decisión del tribunal de rechazar los amparos solo un día después de que la Suprema Corte se negara a admitirlos muestra "claramente un contubernio entre el Gobierno con el Poder Judicial". Contó que estuvo en el penal de Ciudad Juárez desde el mediodía y fue testigo de un "operativo impresionante" para trasladar al narcotraficante, con quien no pudo hablar.
La llegada de Trump al poder ha generado una gran incertidumbre entre los mexicanos ya que ha prometido levantar un muro en la frontera común y hacérselo pagar a México, deportar a millones de inmigrantes, gravar las remesas y dañar al país en el terreno comercial.
En las primeras reacciones a la extradición, el senador Miguel Barbosa, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), lamentó la necesidad de entregarlo por la debilidad del sistema penitenciario del país.
"El Estado Mexicano no fue capaz de procesar al mayor delincuente que ha existido en México", afirmó tras recordar que el capo mantiene pendiente la conclusión de causas penales en tribunales mexicanos y el cumplimiento de condenas ya dictadas.