México debate los límites legales de su 'Estado militarizado'

Desde hace una década, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los narcos, el ejército mexicano patrulla las calles de parte del país. En estos diez años los militares detuvieron a importantes traficantes, pero también han sido constantes las denuncias por la violación de los derechos humanos de delincuentes y ciudadanos. Todo sin un marco jurídico que regule sus acciones y con un aumento constante de la violencia. Ante la corrupción e ineficiencia de los cuerpos policiales, lo excepcional se convirtió en habitual, pero no en ley. Ahora varias propuestas legislativas pretenden regular el papel de los militares en la seguridad pública. Organizaciones civiles y académicos han puesto el grito en el cielo y advertido de que su aprobación ahondaría en la militarización.

Las dos iniciativas principales han sido presentadas por el PRI y el PAN, el partido del presidente Enrique Peña Nieto y el de la llamada oposición leal. La idea es dar un paraguas legal con el que los soldados puedan recibir denuncias, hacer detenciones, tomar declaraciones, intervenir comunicaciones, investigar crímenes... cuando se considere que está amenazada la seguridad interior del país y “en coordinación con las instituciones de seguridad pública competentes”. Los diputados pretendían tener aprobada la legislación por estas fechas, pero la protesta social logró un parón en el trámite parlamentario.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, defensor de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior -la iniciativa presentada por el PRI-, acudirá este miércoles a la Cámara de Diputados para pedir a los legisladores que saquen adelante el proyecto. “Lo que hay que hacer es legislar, no puede pasarse, seguirse postergando por más de 10 años", dijo Osorio en una comparecencia, según medios locales, tras recordar que la iniciativa fue presentada "hace ya dos años y medio" y se trata de un tema fundamental para el país, la seguridad.

“México se tuvo que enfrentar a la explosión del crimen organizado sin policías confiables ni suficientes para atender la seguridad pública y por eso recurrió a las Fuerzas Armadas. Desafortunadamente, generó una dependencia total de ellas y muchos gobiernos locales dejaron de hacer su trabajo en la formación de policías”, explica Roberto Gil Zuarth, antiguo secretario Particular de Calderón y ponente de la propuesta del PAN en el Senado. “De lo que se trata es de ponerle ciertos controles y reglas al despliegue, que tenga objetivos y temporalidades establecidas y sea un instrumento para facilitar espacio y tiempo a las autoridades locales para enfrentar una determinada situación”.

En su argumentación, razona que el status quo actual es el mayor incentivo a la militarización y apoya su idea al explicar que, mientras que en 2012 había 70 bases mixtas de Fuerzas Armadas en seguridad interior con 1500 efectivos en cinco estados, hoy son el doble de bases y militares en 24 de los 32 estados. Aduce este aumento a esa ausencia de reglas y obligaciones de salida y aboga por reconstruir los cuerpos policiales locales pero seguir dejando en manos de los policiales federales y militares, “las fuerzas mayores del Estado”, la amenaza de la gran delincuencia organizada.

Una militarización inconstitucional

“Esta ley contraviene la Constitución, que establece que la seguridad pública debe estar en manos de los cuerpos civiles, y lo que busca es hacer que todas esas funciones se reetiqueten como de seguridad interior, violando la Constitución con un juego de palabras”, critica Alejandro Madrazo, abogado constitucionalidad y opositor firme a este proyecto desde el prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económicas. “Otro aspecto es que los supuestos que justificarían usar el aparato militar están construidos para dar la mayor manga ancha posible al ejército, como considerar amenazas a la seguridad interior 'actos tendientes a obstaculizar', que es una definición muy laxa”.

Preguntado al respecto, Gil Zuarth arguye que la decisión de activar esos supuestos vendría desde la presidencia, un poder civil y democrático sujeto a controles, y debe estar fundamentada y motivada. “Qué es mejor, ¿qué haya reglas que obliguen a razonar la salida de las Fuerzas Armadas o que no las haya y sea discrecional?”, se cuestiona. “Hoy el presidente no tiene que razonar nada, solo levantar el teléfono y ordenar el despliegue, e incluso a veces ni eso, sino que la orden viene del secretario de Gobernación o de los gobiernos estatales, sin seguir el procedimiento legal”, insiste.

Pero para Madrazo, la crítica más importante es que en estos 10 años de militarización de facto de la seguridad pública “la evidencia es contundente en señalar que esa estrategia no ha funcionado”. “No solo no ha proveído de mayor seguridad las regiones donde se ha desplegado el ejército sino que en promedio la militarización exacerba la violencia, con estudios estadísticos que establecen una causalidad entre la presencia del ejército y el incremento de la tasa de homicidios a nivel municipal”, asegura.

Uno de los análisis que cita este abogado es 'La política de drogas en México 2006-2012', publicado por su organismo. En él, Laura Atuesta observa que las violaciones a manos de militares de derechos humanos “más recurrentes fueron la tortura, la detención arbitraria y la ejecución extrajudicial” y se dieron “en Estados con altos niveles de violencia ligada al narcotráfico”. En la Procuraduría General hay más de 1.200 denuncias por torturas como golpes con armas de fuego, violación sexual, toques eléctricos o asfixia.

“Antes de la guerra contra las drogas y la militarización de la seguridad pública, el porcentaje de presos detenidos por el ejército que reportaba haber sido torturado con toques eléctricos era menos del 3%, después brincó a más del 30%”, ejemplifica Madrazo, “hay 16 tipos de maltratos documentados y todos brincaron durante el periodo de Calderón, es decir, la población es más vulnerable en la práctica a los abusos del ejército y encima ha aumentado la inseguridad”.

El deterioro de la labor policial

“Esta ley es, además, dar a la policía mexicana por perdida y sepultada y ahondar en la militarización del régimen administrativo del país: ya pueden mover y levantar cadáveres en escenas de crímenes, tienen la capitanía y el control de todos los puertos de México y el nuevo director de la Comisión Nacional contra las Adicciones ha transferido al servicio militar las campañas de prevención”, advierte Madrazo, “ni en los momentos más hegemónicos y autoritarios del PRI tuvo el Gobierno un marco jurídico más afín a un Estado policíaco y militar”. Según una encuesta, los mexicanos, que tienen en general una buena opinión de su ejército, consideran que la policía y los partidos políticos son las instituciones menos confiables.

Gil Zuarth advierte que México no tiene capacidad policial para enfrentar al crimen organizado ni a su poder de fuego. “Tenemos más de 200 organizaciones con alto calibraje, bien organizados y con capacidad de corromper, en muchos casos con cobertura institucional”, y vuelve a preguntarse, “¿escalamos la capacidad de fuego de los policías locales, que son poco confiables o muy corruptos, o usamos al ejército? Hoy en día, la institucionalidad civil no es lo suficientemente fuerte, la salida del ejército no puede ser de la noche a la mañana ya que no hay nadie que los sustituya”.

El general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, declaró a finales de 2016, cuando volvió a hablarse de este proyecto de ley, que las fuerzas armadas sufren “un desgaste”. “Es obvio, estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento; en la sierra, en las ciudades”. Poco después pidió que los militares volviesen a sus cuarteles. “No pedimos estar aquí, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra”. Varios apuntan al riesgo de que los procesos que arrastraron a parte de los cuerpos policiales al lado oscuro se repitan con los castrenses.

En este contexto, 20 militares mexicanos, presos por delitos contra los derechos humanos, mandaron una carta abierta a las instituciones nacionales. “Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”, escriben, “se nos capacitó para una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente”. En la investigación periodística Cadena de Mando, que entrevistó a soldados rasos sobre su capacitación, se lee que es exigua y alejada de las tareas policiales.

“Es un éxito que hayamos logrado posponerlo y que no se apruebe en 'fast track', pero el PRI sigue amenazando con que se va a aprobar en este período de sesiones y gran parte del PAN, que fue el partido que comenzó la militarización del país, también está a favor”, concluye Madrazo, “el ejército no está preparado, no está equipado y no está entrenado para impartir justicia... ni tiene que estarlo”.