Para disimular mejor, la carne podrida se mezclaba con la carne de vaca en buen estado. Si además los funcionarios de inspección sanitaria hacían la vista gorda a cambio de una buena ‘propina’, la palabra portuguesa para soborno, el beneficio estaba asegurado. Por si fuera poco, para enmascarar el mal olor, las piezas en mal estado se lavaban previamente con sustancias químicas consideradas como cancerígenas en muchos países.
La policía federal de Brasil investigaba desde hace dos años el fraude a gran escala cometido por varias empresas cárnicas de Brasil que sobornaron a funcionarios públicos para extender las fechas de caducidad de productos no aptos para el consumo humano o para emitir certificados de calidad sin realizar controles. El caso, destapado el pasado viernes, implica a funcionarios, pero también a empresarios y políticos.
“Se usaban ácidos y otros productos químicos, en algunos casos cancerígenos, para disimular las características físicas del producto podrido y su olor", confirmó el pasado viernes el jefe de la Policía Federal, Mauricio Moscardi, durante una rueda
de prensa en Curitiba, sur del país.
Hasta la fecha se han detenido a 35 personas, entre ellas a varios altos ejecutivos de dos de las mayores productoras de carne del mundo: BRF Brasil Foods y JBS. El escándalo bautizado por las autoridades como "Carne Fraca" (carne mala) afecta sólo a 21 de las más de 4.800 plantas procesadoras de carne del país y sólo a la carne de vaca, pero la alarma social ha sacudido muchos países.
En una de las conversaciones interceptadas por la policía dos miembros de la red hablan de cómo un envío rechazado en Europa por tener salmonella fue reciclado para los consumidores brasileños. Algunos medios locales apuntaron a que la carne adulterada podría haber llegado a escuelas, aunque las autoridades niegan que la población haya corrido riesgos.
Un veterinario analiza una de las muestras de carne requisadas por los inspectores.
Sin embargo, al menos una planta bajo sospecha continúa con la producción, pese a que tiene prohibido exportar, explicó el diario O Globo tras una visita del ministro de Agricultura, Blairo Maggi, a una fábrica de JBS en el estado de Paraná. “El 99% de los productores hace las cosas bien”, dijo Maggi que recalcó que los hechos habían sido aislados y se ceñían a un número reducido de plantas.
China, México, Chile, Hong Kong o Corea del Norte se encuentran entre los países que ya han vetado la entrada total o parcial de productos cárnicos de Brasil y pese a que el fraude sólo afecta a la carne de vaca, Japón decidió anoche prohibir la entrada de productos elaborados con pollo de las fábricas bajo investigación.
Las posibilidades de que esos productos estén en las estanterías españolas son escasas. La Unión Europea importa sobre todo de Brasil piezas enteras de vaca, donde es más difícil disimular partes en descomposición. Las irregularidades se cometieron en productos procesados, donde la mezcla de carne podrida con otra en buen estado puede pasar más desapercibida, explicó un experto de la industria alemana.
Salchichas, hamburguesas y productos congelados como lasañas o pastas rellenas de carne podrían ser los artículos que más escrutinio sufran en las próximas semanas. Sadia, Perdix o Golden Foods son las marcas de BRF Brasil Foods en Europa. Seara, Friboi, Massa Leve, Swift o Doriana son las de JBS.
Tormenta política
La contundente comparecencia ante los medios del jefe de la Policía Federal, que habló de un esquema criminal, ha levantado ampollas entre las asociaciones de empresarios y el ejecutivo de Michel Temer, que en los últimos días han iniciado una campaña sin precedentes para lavar la imagen del sector y para minimizar el daño a la economía del gigante latinoamericano, que encadena dos años en recesión.
“Las cifras demuestran la insignificancia de la operación ‘Carne Fraca’”, declaró visiblemente molesto Temer. “La divulgación de esa información ha causado un embargo económico al país”, dijo.
Brasil es el mayor exportador de carne de vaca y de pollo del mundo, el cuarto de carne de cerdo y este sector comercial representa el 7,2% de las exportaciones del país.
“La investigación de la Policía Federal y la pronta reacción de nuestras autoridades del Ministerio de Agricultura son la evidencia más grande de que nuestro sistema de protección y fiscalización está alerta y funcionando plenamente, y sirven como garantía a los consumidores de la calidad de los productos de origen agropecuaria de nuestro país”, afirmó en un comunicado el ministerio de Agricultura.