Primero Rousseff, ahora Temer: ¿qué pasaría si Brasil apartara otra vez a su presidente?

Por primera vez en la historia de Brasil a un presidente de la República le llega una denuncia en el ejercicio de su cargo. Se trata de Michel Temer, que llegó a la Presidencia después de que Dilma Rousseff fuera apartada del poder mediante un juicio político.

El Fiscal General del Estado, Rodrigo Janot, le acusa de haber aceptado una maleta con 500.000 reales (133.600 euros). Michel Temer bajaría a cambio el precio del gas suministrado por la empresa estatal Petrobras a una termoeléctrica del gigante frigorífico JBS. Según la declaración del empresario que supuestamente le sobornó, después llegarían otros 10 millones de euros. El trato ya estaba cerrado.

Se abre ahora un largo y complejo proceso judicial que Temer quiere acelerar antes de que aparezcan otras denuncias que el Fiscal General del Estado prepara contra él. Tras esta denuncia de corrupción pasiva se prevé otra de obstrucción a la justicia, a la que seguirá presumiblemente otra de pertenencia a organización criminal.

Sin embargo, el poder judicial nada puede hacer sin la autorización del poder  político. Al tratarse de una denuncia contra el presidente de la República, la Cámara de los Diputados debe permitir que el Tribunal Supremo Federal juzgue a Temer. Pero los diputados deben dar una respuesta contundente: dos tercios de la cámara deben estar de acuerdo. Esto quiere decir que de 513 diputados, más de 342 tienen que aceptar que se despoje de protección jurídica al máximo dirigente del país.

Temer ya se ha puesto manos a la obra. Necesita que los diputados le eviten el mal trago de sentarse en el banquillo. Tal vez para lograrlo les recuerde la larga lista de imputados que hay entre los miembros del Congreso. 84 políticos en activo entre las dos cámaras, pertenecientes a 13 partidos diferentes, también buscan la protección política frente al mazo de un juez.

Si la complicidad corporativista de los políticos no acaba con este proceso, le tocará al Tribunal Supremo Federal decidir si encuentra indicios suficientes para juzgar a Temer o no. En el caso de que admita a trámite la denuncia, el presidente será apartado del cargo durante seis meses. En ese caso, Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, asumirá interinamente el poder, pero sólo durante ese medio año. Si para entonces el juicio no ha concluido, Temer volverá a ser presidente de la República de pleno derecho. Alternará sus funciones de máximo mandatario de un país con sus visitas al abogado y a la sala de juicios para defenderse del delito de corrupción pasiva.

La única posibilidad de que Temer no acabe su mandato en diciembre de 2018 es que, después de esta carrera de obstáculos, el Tribunal Supremo Federal le condene, o que él mismo dimita. Como a Temer el mandato ya le viene de su destituida predecesora, en ambos casos el siguiente paso serían unas elecciones indirectas. Los diputados brasileños elegirían a un nuevo Presidente en un plazo de 30 días. El problema es que en la ley brasileña el proceso de elecciones indirectas no está reglamentado. Nadie anticipó que se pudiera llegar a este punto de delirio político y judicial en el que se ha convertido Brasil y los diputados no sabrían muy bien las reglas del juego.

¿El regreso de Lula?

Una de las leyes que podrían aplicarse contempla que los candidatos deberían haber estado seis meses sin ocupar cargos públicos. Esto eliminaría a todos los nombres que aparecen como presidenciables en los medios, excepto a uno: el expresidente Lula da Silva. Primero en las encuestas frente a un escenario de posibles elecciones, también tiene sus posibilidades condicionadas a la sentencia de un juicio por corrupción que le impediría la candidatura.

Ya hay movimientos para que se modifique la ley y se permita a personalidades en ejercicio público presentarse a las elecciones. En ese caso aparece como nombre fuerte Jair Bolsonaro, un exmilitar extremadamente conservador que apoya la dictadura militar y ha considerado en alguna ocasión la tortura como práctica legítima.

Otros grupos elaboran precipitadamente propuestas políticas y judiciales para que la salida a esta crisis pase por elecciones directas: que todos los brasileños elijan a un nuevo mandatario. Esto no ocurrió con Temer, que llegó al poder por ser vicepresidente de Dilma Rousseff tras ser apartada ésta por el impeachment.

En cualquier caso esas propuestas sólo contemplan que las elecciones se convoquen si al Presidente le quedan en el ejercicio del poder más de seis meses. El reloj del tiempo avanza y tanto si se llegaran a aprobar estas reformas como si no, las elecciones directas en este caso parecen más un eslogan para gritar en las manifestaciones contra Temer que una posibilidad seria.

Y tampoco parece que Temer vaya a dimitir a estas alturas. “No renunciaré, repito: no renunciaré”, pronunció con una energía desconocida en él cuando se conocieron los primeros indicios de esta denuncia. Y así continúa, sin importarle que sólo cuente con el apoyo del 7% de la sociedad brasileña. Sin pensar que la moneda local, el real, baja cada vez que los escándalos le acorralan, desvaneciéndose así su sueño de recuperación económica. Sin calcular que no puede sacar adelante las ambiciosas reformas laborales y de pensiones que había tomado como estandarte para que su nombre apareciera en alguna línea de la historia brasileña.