El fiscal venezolano acusa a su predecesora de degradar la institución

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, volvió a denunciar este domingo irregularidades que supuestamente encontró en el Ministerio Público (MP) después de la salida de su predecesora, Luisa Ortega Díaz, tras un periodo de confrontación con el Ejecutivo.

El fiscal general aseguró que al asumir las riendas de la Fiscalía se encontró con "una realidad que supera la ficción", con un despacho convertido en "una compañía privada" que servía para una red de extorsión.

"La extitular del MP duró 9 años y medio, el tiempo suficiente para degradar lo que en la Constitución aparece como el símbolo de la justicia, y convertirlo en una compañía privada (...) para que se delinquiera en nombre de la justicia", dijo en una entrevista con el canal privado Televen.

Agregó que la fiscalía fue "degradada" de una manera "planificada con los meses y años" que Ortega Díaz se mantuvo al frente de la misma, que conforma parte del Poder Ciudadano de Venezuela.

Saab ascendió al puesto tras la destitución del Ortega Díaz, después de un procedimiento iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia y concretado por la Asamblea Nacional Constituyente, un suprapoder controlado totalmente por afectos al Gobierno de Nicolás Maduro.

El ahora fiscal, que formó parte de la investigación que logró la salida de Ortega Díaz, ha denunciado en reiteradas ocasiones el funcionamiento de una "red de extorsión" operada por fiscales que pedían dinero a cambio de no formular delitos contra los implicados en investigaciones.

Esa denuncia se hizo después de que la entonces fiscal general comenzara a denunciar la ruptura del orden constitucional de Venezuela por parte del Gobierno de Maduro y los poderes públicos al servicio de su administración.

Saab aseguró que se han hallado pruebas de transacciones irregulares tasadas en moneda local, en bienes materiales y otras en moneda extranjera.

Asimismo, citó investigaciones que inició la Fiscalía y que fueron archivadas sin ninguna razón aparente por presuntos delitos de corrupción o violaciones de derechos humanos.

Entre ellas mencionó el caso de diez empresas investigadas por "el presunto desfalco, producto de sobreprecio en doce contratos, que pudieron haberle ocasionado al país un daño patrimonial superior a los 200 millones de dólares".

En sus últimos meses al frente del MP, Ortega Díaz comenzó a denunciar la implicación de altos cargos del Gobierno, entre ellos el propio presidente Maduro, en graves delitos de corrupción por vínculos con los casos de Odebrecht o la importación de alimentos, por miles de millones de dólares.

También denunció vehementemente la responsabilidad de los cuerpos de seguridad en la violación de derechos humanos durante la represión de las manifestaciones opositoras y en la muerte de buena parte de los más de 120 víctimas registradas en los meses de manifestaciones.

Actualmente Ortega Díaz, junto a su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer -requerido por las autoridades- se encuentra fuera de Venezuela y ha denunciado en varios países los supuestos delitos cometidos por el Gobierno de Maduro del que fue cercana hasta finales de marzo de este año.