Traición a la patria y encubrimiento agravado del atentado a la mutua judía AMIA en 1994. El regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la primera línea de la política no podía ser más amargo. A lo largo de 365 páginas, el juez argentino Claudio Bonadio ha sido el encargado de sellar la peor acusación judicial a la que se ha enfrentado la expresidenta argentina. Hace sólo unos días, CFK tomó posesión de su escaño como senadora, un movimiento que muchos han interpretado como el primer paso de la carismática política para intentar un nuevo asalto a la Casa Rosada.

La resolución de Bonadio pone completamente contra las cuerdas a Kirchner, que se ha encerrado todo el jueves con sus colaboradores más cercanos para establecer una estrategia para salir viva del proceso que se le avecina.

Bonadio es el heredero de la investigación del fiscal Nisman, que apareció muerto con un tiro en la cabeza en un crimen que conmocionó Argentina y cuyas circunstancias aún se investigan. Cuatro días antes de morir, Nisman denunció en público lo mismo que que investiga el magistrado Bonadio: "Nada se hacía sin la directiva expresa de la presidenta". 

"Estas medidas degradan aún más a la Justicia argentina y señalan al Gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", se defendió Kirchner en una rueda de prensa. La senadora y expresidenta se considera víctima de una “persecución” y califica de un “exceso” que el juez pida para ella prisión preventiva.

El magistrado Bonadio tiene sus argumentos. Sitúa a la expresidenta argentina en la cúspide de toda la trama que pretendía dar impunidad a los presuntos responsables del atentado contra la mutua que dejó 85 cadáveres. “Impartió órdenes personalmente para lograr que los iraníes obtuvieran impunidad, logrando que Argentina no los señalara como un Estada terrorista”, se puede leer en una de las primeras frases del auto.

"Diplomacia secreta"

Otro de los puntos clave de los durísimos argumentos de la investigación judicial es la “diplomacia paralela” que practicó CFK durante años. Según el juez, desde 2010 se gestaron desde las más altas instancias del Estado una serie de “negociaciones secretas” con representantes de Irán. Tal era el nivel de hermetismo en estos contactos que ni siquiera el jefe de Gabinete estaba al tanto.  

Es precisamente esa “diplomacia secreta” la que ha llevado al juez a afirmar que Kirchner tenía una clara intención de beneficiar a los acusados en el marco de lo que denomina una “maniobra delictiva”.

El futuro inmediato y la suerte de CFK está en manos del Senado y es quien debe decidir si la despoja del fuero y, por tanto, de la inmunidad. Sin embargo, al margen del impacto político de la noticia, es improbable que el proceso de desafuero llegue a término.

Los números no salen debido a la posición histórica del peronismo tradicional de solo quitar los fueros cuando no hay una sentencia firme. Por si fuera poco, el jefe de filas del peronismo ya ha adelantado que se opondrá a tramitar el desafuero.

Además, el Senado está en pleno receso y ,como explica esta pieza de Clarin, el reglamento puede retrasar la admisión trámite del proceso hasta marzo de 2018, cuando arranca el período de sesiones ordinarias. Además, se necesitan sumar dos tercios de los senadores, 48 senadores, algo que por ahora se antoja complicado tanto política como artiméticamente.