El indulto a Alberto Fujimori por parte del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski ha provocado una ola de protestas en el país, una crisis de Gobierno y, por ahora, dos dimisiones en el Congreso.
Muchos han visto en esta decisión del Gobierno de Perú un pago a los servicios prestados por los fujimoristas hace cuatro días cuando el voto de algunos de sus diputados evitó la destitución de Kuczynski como presidente.
En ese momento, el diputado Kenji, hijo de Fujimori, volvió a pedir el indulto para su padre. Kuczynski había prometido en campaña electoral no conceder el perdón pero el apuro vivido en el Congreso parece que lo hizo cambiar de opinión y ha sido el propio hijo del expresidente el que ha mostrado en redes la alegría que se ha llevado el condenado.
Oficialmente la decisión de dejarlo en libertad se ha justificado por cuestiones humanitarias y porque una comisión ha considerado que sufre una enfermedad incurable y su estancia en prisión es muy perjudicial.
Un cartel de Fujimori.
Manifestaciones en Lima
Sin embargo, muchos de los opositores al fujimorismo se han echado a la calle porque de esta forma el expresidente de Perú no sólo queda eximido de una condena de 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos, sino que además se librará de otro proceso por su responsabilidad en una matanza puesto que cuenta con la gracia presidencial "para todos los procesos penales a la fecha que se encuentren vigentes".
Por ahora, dos ministros de Kuczynski que se opusieron al indulto ya han comunicado su renuncia y la remodelación del Gobierno podría producirse esta misma semana. Además, otros dos diputados del partido gobernante han renunciado a su afiliación.
"Para salvar su propia piel, hizo un trato con los partidarios de Fujimori para indultar infamemente a un asesino corrupto", dijo Veronika Mendoza, una líder izquierdista que compitió contra Kuczynski en las elecciones presidenciales del año pasado.
Mendoza aseguró que el indulto es "una vil traición a la patria" y tildó a Kuczynski de "vendepatria" por negociar para quedarse en su cargo a cambio de indultar a "un asesino y ladrón con informes truchos (falsos) y comisiones médicas amañadas".
La policía peruana ha tenido que intervenir con gases lacrimógenos contra decenas de opositores de Fujimori en el centro de Lima, que agitaron imágenes de las víctimas de una sangrienta campaña de contrainsurgencia durante su mandato.
Además, algunos agentes montaban guardia en la casa de Kuczynski en el distrito financiero de San Isidro, mientras los manifestantes pedían que la marcha llegara hasta allí.
Crímenes de lesa humanidad
Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con conocimiento del hecho) de otras matanzas similares perpetradas por el grupo Colina, como la de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas también en 1992, además de por los secuestros de un periodista y un empresario ese mismo año.
Esos delitos son considerados de lesa humanidad, por lo que Fujimori no tenía derecho a una eventual reducción de la condena, salvo que el presidente de turno le concediera el indulto humanitario, una gracia extraordinaria para reclusos con enfermedades graves y con riesgo de empeorar por las condiciones carcelarias.
Fujimori, de 79 años, se encuentra en una clínica de Lima, donde el pasado domingo recibió la noticia del indulto acompañado de sus hijos, tras haber sido trasladado el viernes desde la prisión donde cumplía su condena, y a la que ya no volverá cuando termine su hospitalización.
Según la resolución de su indulto, Fujimori padece fibrilación auricular paroxística, hipertensión, insuficiencia mitral, cáncer de lengua del que ha sido operado en seis ocasiones y una hernia lumbar.
El llanto de las víctimas
Pero el indulto ha sido un golpe muy duro para los familiares de las víctimas, los fiscales y los activistas de derechos humanos que lucharon para que Fujimori permaneciera preso en un largo proceso judicial que ganó serias batallas contra la impunidad.
Kuczynski "has traicionado a la justicia, la democracia y las víctimas. La historia nunca te perdonará", aseguró Indira Huilca, una legisladora de izquierda cuyo padre líder sindical fue asesinado a tiros en 1992 en lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó de asesinato extrajudicial.
Los familiares de las víctimas han anunciado que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que anule el indulto, que consideran como un acto de impunidad, según el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), defensor de los agraviados.
Lo harán basados en la convicción de que el indulto no se otorgó por las razones médicas aducidas en la resolución, sino por un "acuerdo político bajo la mesa" entre Kuczynski y Fujimori para que el primero pueda seguir gobernando a cambio de la libertad del segundo.