Los crímenes por los que Fujimori cumplía condena siguen atormentando a los peruanos

En abril de 2009, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Perú condenaba el expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión. El tribunal daba como probados "más allá de toda duda razonable" los cargos presentados contra el exmandatario. Fujimori, entonces con 70 años, estaba acusado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos, y por los secuestros de un periodista y un empresario.

El expresidente recurriría la sentencia pero el tribunal ratificaría la condena a inicios de 2010. Ahora, gracias al "indulto humanitario" del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, Fujimori no tendrá que pasar ni un día más en la cárcel. Una decisión que ha indignado a miles de peruanos que aún tienen muy presentes los crímenes del expresidente.

La matanza de los Barrios Altos

El 3 de noviembre de 1991, sobre las 10.30 horas de la noche, un grupo de encapuchados irrumpieron en una fiesta en un patio interno de un solar en el distrito de Barrios Altos, una zona de clase media baja de Lima. 

Los hombres eran agentes de inteligencia del Ejército, miembros de un destacamento especial llamado Grupo Colina, una formación creada por el Gobierno de Fujimori que realizó ejecuciones extrajudiciales a civiles, alegando que se trataba de operaciones contrasubversivas.  

Ese día, el grupo creía que en la fiesta se reunirían miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso pero la verdad es que allí sólo había ciudadanos humildes, vendedores de helados en su mayoría, que cantaban y bailaban en una fiesta para recaudar fondos para cambiar la tubería del desagüe. 

Hombres llevan a una de las víctimas de la masacre.

Los encapuchados, armados con pistolas y metralletas, obligaron a los asistentes a tenderse boca abajo y, a la orden del jefe, el militar Santiago Martín Rivas, dispararon contra ellos. Mataron a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, que corrió a ayudar a su padre tras ver que le disparaban. 

Durante el juicio, uno de los perpetradores de la masacre reconoció que, tras la matanza, el grupo se fue a la playa a celebrar el cumpleaños de Martín Rivas y el éxito de la operación con unas cervezas. 

Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el gobierno de Alberto Fujimori "impidió deliberadamente la investigación del crimen mediante mecanismos legislativos y judiciales, encubriendo y obstaculizando la sanción de los responsables".

Sin embargo, Fujimori nunca reconoció su responsabilidad. En una entrevista en noviembre del 2013, dijo que en los casos de Barrios Altos y La Cantuta "me siento totalmente inocente y con la conciencia limpia", añadiendo que "no hay una sola prueba, ni un solo testimonio que diga que yo tenga responsabilidad directa e indirecta".

La masacre de La Cantuta

En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), la mayoría pertenecientes al Grupo Colina, entraron en los dormitorios de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, y secuestraron a nueve alumnos y un profesor, dados por desaparecidos por las autoridades.

Casi un año después, el congresista Henry Pease denunciaría, ante el pleno del Congreso y frente a los familiares de los desaparecidos, que había recibido un documento anónimo que detallaba cómo habían sido asesinados por agentes del SIE. El Gobierno fujimorista rechazó la acusación, pero se formó una comisión investigadora donde ningún responsable quiso admitir el crimen.

Los familiares de las víctimas de La Cantuta en una protesta.

Tras semanas rechazando las denuncias, el general Nicolás Hermoza Ríos admitió por primera vez en el Congreso, la posibilidad de que militares hubiesen participado en el secuestro de La Cantuta. Poco después, gracias a los planos que un reciclador, y su amigo, entregarían al congresista Roger Cáceres y al periodista Juan Jara Berrospi se encontrarían cuatro fosas en un descampado en Cieneguilla donde los dos habían visto a los militares enterrar los restos de los desaparecidos en La Cantuta.

Tan sólo 28 horas antes, un coche bomba había estallado en Miraflores matando a 25 personas. Una de las versiones difundidas por el gobierno de Fujimori atribuía la autoría del coche bomba al profesor y a los estudiantes de La Cantuta. La sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en abril del 2009, y confirmada en enero de 2010, puso punto final a esta hipótesis.

El secuestro del periodista Gustavo Gorriti

En 1992, el periodista Gustavo Gorriti publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó el gobierno con organizaciones de narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el "hombre fuerte" de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000. 

En reacción a los artículos, el 6 de abril, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo retuvo en los sótanos del Servicio de Inteligencia. Según el testimonio publicado por la revista Caretas, aquella mañana lo abordaron en su domicilio varios hombres armados que se identificaron como Seguridad del Estado. 

El periodista Gustavo Gorriti.

"Me depositaron en un cuarto pequeño y bastante sucio, con un baño aún más sucio al lado, y cerraron la puerta con varios candados. Estaba secuestrado. Mi arresto había sido clandestino y mi paradero era secreto. Supe entonces que cualquier cosa podía suceder. Después de años de cubrir la guerra interna en Perú conocía de sobra los horrores que suelen seguir a la detención-desaparición”, cuenta el periodista.

La esposa de Gorriti dio la voz de alarma a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional hizo que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y, dos días después, puesto en libertad.

El secuestro del empresario Samuel Dyer

El 27 de julio de 1992 Samuel Dyer estaba en el Aeropuerto Internacional de Lima, a punto de viajar a Estados Unidos. Sin orden judicial, fue impedido de subir al avión y llevado a las oficinas de migración donde le informaron de que tenía una orden de captura. 

De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del SIE, donde fue interrogado durante cuatro días sobre su presunta colaboración con el grupo Sendero Luminoso.

El testimonio que recogió la Comisión de la Verdad y Reconciliación relata lo ocurrido en esos días: “Los soldados entraron a la habitación lo voltearon contra la pared y le dijeron que no podía mirarlos. Le propinaron varios puntapiés y le golpearon la cabeza. Ante esta acción, Samuel Dyer les dijo que era un empresario, que había sido detenido por error y solicitó la presencia de un oficial. Les indicó además que, si no venía un oficial, se negaría a recibir alimentos”.

El empresario Samuel Dyer.

Protestas e indignación

Los delitos por los que cumplía condena Fujimori son considerados de lesa humanidad, por lo que no tendría derecho a una reducción de la pena, salvo que el presidente le concediera el indulto humanitario, una gracia extraordinaria para reclusos con enfermedades graves y con riesgo de empeorar por las condiciones carcelarias. 

La decisión ha provocado las protestas de los familiares de las víctimas y de las organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, que consideran la decisión "un retroceso en la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos".

Miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades de Perú para protestar por el indulto. "Una reconciliación se basa en la justicia, no en la impunidad, y esa justicia es la que Kuczynski nos ha robado ayer. Es una noticia dolorosa para nosotros y negativa para el país y la democracia", ha señalado Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de Barrios Altos.

Ortiz recordó que ella y el resto de familiares de los crímenes por los que fue condenado Fujimori nunca fueron recibidos por Kuczynski, a quien acusó de indultar de manera ilegal al expresidente por una negociación política para evitar que el fujimorismo lo destituyera en el Congreso.

El informe de la junta médica en la que se ha basado la decisión de Kuczynski, consideró que Fujimori padece fibrilación auricular paroxística, hipertensión, insuficiencia mitral, cáncer de lengua del que ha sido operado en seis ocasiones y una hernia lumbar, lo que se supuestamente se agrava en prisión. Pero pocas horas después de conocer el indulto, el expresidente dejó la sala de cuidados intensivos y pasó a la de cuidados intermedios de la clínica de Lima donde está ingresado.