El récord de homicidios empaña las elecciones presidenciales en Costa Rica

Más de 600 homicidios en el 2017, la cifra más alta en la historia de Costa Rica, y una tendencia similar en lo que va de 2018, es el escenario que recibirá y deberá enfrentar el nuevo presidente de este país, reconocido hasta ahora por su tranquilidad en medio de una Centroamérica violenta a causa del narcotráfico y las pandillas.

Cuerpos desmembrados, decapitados y con signos de tortura caracterizan ahora a muchos crímenes en una Costa Rica no acostumbrada a este tipo de violencia.

Las autoridades aseguran que es la lacra del tráfico de drogas lo que está disparando la cifra de homicidios, que llegó a 603 en el 2017, con una tasa de 12,1 por cada 100.000 habitantes, lo que confirmó una tendencia al alza si se compara la situación con 2016 y 2015, cuando la tasa de homicidios se ubicó en 11,8 y 11,4, respectivamente.

Narcos y ajustes de cuentas

El 25 por ciento de los crímenes registrados el año pasado están relacionados directamente con el narcotráfico, mientras que el 48 por ciento corresponde a ajustes de cuentas y venganzas, de acuerdo con los datos oficiales.

La violencia en Costa Rica sigue lejos de la situación de otros países de la región como el Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) donde las tasas llegan incluso a 60 muertos por cada 100.000 habitantes, pero allí, a diferente de en este país, los índices han venido en descenso en los últimos dos años.

Esa situación preocupa no solo a la población sino a los que aspiran a comandar el país, que este domingo celebra elecciones presidenciales.

Mano dura o más seguridad

La mayoría de los candidatos que se disputan la presidencia han apostado por iniciativas que refuercen la seguridad, más policías, cámaras de vigilancia, acompañados por más inversión social.

Otros han sacado el discurso de la mano dura contra la delincuencia y alguno hasta ha afirmado que pondrá a los reos a construir cárceles.

Pero todos coinciden en que para combatir el crimen organizado es necesario decomisar los bienes y las cuentas bancarias de las organizaciones criminales, para lo cual se han comprometido a apoyar una ley de Extinción de Dominio que está en estudio en el Congreso.

La ola de violencia en Costa Rica ha crecido por el mercado de drogas apetecido por las bandas, que provoca la formación de agrupaciones o pequeñas redes que necesitan mantener el monopolio en zonas determinadas, para lo que matan a sus competidores o incurren en hechos violentos para disciplinar a sus integrantes.

La mayoría de la droga viene desde Colombia y es transportada por aguas internacionales para llegar a Costa Rica, donde una parte de queda en el país y el resto se distribuye por Centroamérica, México y Estados Unidos. El Ministerio de Seguridad Pública informó que durante el 2017 decomisaron un total de 30 toneladas de cocaína y 6,5 toneladas de marihuana.

Los enfrentamientos entre grupos criminales y narcotraficantes se dan entre los que operan en el centro de San José, en particular en los barrios pobres del sur, y que cometen crímenes cada vez más violentos que incluyen cuerpos desmembrados, decapitados y con signos de tortura.

Toda esta violencia también ha provocado la percepción de inseguridad ciudadana, ya que muchos de los cuerpos aparecen en residenciales y se han presentado tiroteos frente a viviendas o sitios públicos como escuelas.

Los expertos en seguridad y funcionarios del Poder Judicial han manifestado la necesidad de una solución integral y no meramente policial, que incluya mejorar la distribución de la riqueza, brindar más oportunidades de trabajo a los jóvenes, incorporar a los niños y jóvenes al sistema educativo, colocar luz en zonas conflictivas y la realización de actividades culturales.

"El Estado destina mucho de su presupuesto a inversión social y parece ser que eso no está dando el resultado previsto. En otras latitudes cuando se han bajado los índices de homicidios generalmente se han recurrido a acciones no de carácter policial sino a la recuperación de espacios públicos", afirmó el director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza.

Jóvenes criminales

La mayoría de quienes forman parte de estos grupos criminales son jóvenes de entre 18 a 25 años, todos hombres, que no encuentran un trabajo, no tienen estudios y necesitan mantener a su familia.

Ellos pertenecen a la organización criminal, cuentan con un salario establecido y el asesinato es una labor más que deben cumplir, así como el respeto y lealtad a su superior, según los análisis de las autoridades.

Para las autoridades es necesario una política criminológica para prevenir el delito y no solamente enviarlos a las cárceles, donde los niveles se hacinamiento son de un 42 por ciento.