Cuando un aborto accidental te lleva a una cárcel mexicana

Era 2008 y la mexicana Miriam llevaba siete meses de embarazo. A sus 25 años, ella asegura que no lo sabía, que tuvo la menstruación de forma regular. Un día, sola en su casa familiar de Acapulco, se subió a un banquito para tratar de alcanzar un libro. Se cayó, se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento y tuvo un aborto accidental, con desprendimiento de placenta. Cuando llegaron sus parientes y pareja, la llevaron al Hospital General de Acapulco, junto con el pequeño ser muerto. El médico examinó a ambos y vio que el producto tenía varias heridas cortantes en el pecho, aunque la autopsia determinó que la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza y hemorragia.

Siguiendo el protocolo, llamó a las autoridades competentes y Miriam acabó acusada de homicidio doloso en grado de parentesco con el agravante de ser la víctima menor de edad. Estuvo cuatro años de prisión provisional, la condenaron a 20 años y, por irregularidades, hubo que repetir el juicio hasta que en 2016 quedó libre por falta de pruebas. Casi una década de su vida, en la que tuvo que dejar sus estudios y a un hijo de dos años que tenía y durante la que dio a luz a otro niño dentro del penal. “No me van a devolver el tiempo que yo desperdicié”, dijo cuando salió libre.

“Los casos de denuncia son comunes en caso de abortos espontáneos y fortuitos y el problema que hemos visto es que no se consideran abortos, que en general tienen penas bajas, sino que jueces y agentes fiscales los califican como homicidios dolosos, voluntarios”, explica Romeo Utrilla, abogado, con una maestría en Ciencias Penales y coordinador del área jurídica de AsiLegal, la asociación que se encargó pro bono de la defensa de Miriam, “es decir, las mujeres tuvieron conocimiento y voluntad de causar la muerte, por eso la pena, al calificarlos como dolosos, es altísima”.

Para los activistas y defensores de derechos humanos, hay una tendencia al alza en este tipo de juicios que se inicia el 26 de abril de 2007, la fecha en que Ciudad de México publicó en su boletín oficial las reformas que la convirtieron en la primera y única entidad federativa de las 32 en despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación sin importar los motivos. Frente a esta legislación, 17 Estados-Veracruz, Nuevo León,Tamaulipas, Queréretaro, Michoacán...- decidieron reformar sus códigos para establecer el derecho a la vida desde la concepción y reforzar la idea del aborto como delito. De acuerdo a los datos del Observatorio Nacional Ciudadano, solo la violación es una causa que autoriza un aborto en todo el país. Ppor riesgo para la madre es permitido en 24, por malformación genética en 16 y por razones socioeconómicas en tres.

Hasta 500 euros por abortar

Se da entonces una desigualdad similar a la que ocurría en España con Londres antes de que llegase la ley de supuestos de 1985. ¿Tienes dinero? Viajas a Ciudad de México. Un aborto quirúrgico cuesta, según la clínica, entre 2.500 y 10.000 pesos- de 125 euros a 500 euros. Las pastillas van de 500 a 3.000, de 25 a 150 euros. Frente a las más de 40 clínicas privadas, hay una decena de clínicas públicas donde se realiza este proceso de forma gratuita, aunque con un cupo limitado, solo entre semana y hay que sumar los costes que supone el traslado y el alojamiento en un país donde el 80% de los hogares ingresan menos de 18.000 pesos, unos 900 euros, al mes.

Al margen de los casos como el de Miriam, en el que el aborto accidental fue considerado por las autoridades un delito bastante más grave como es el homicidio, en todo México hay unas 40 investigaciones policiales por aborto al mes, más de 500 al año. La pena en caso de ser encontrada culpable depende del Estado. En seis, de hecho, va de cuatro meses a dos años de prisión en caso de que la mujer “no tenga mala fama”. Si no se eleva hasta cinco. Estado de México legisla lo siguiente: “A la mujer que diere muerte al producto de su propia concepción o consintiere en que otro se la diere, se le impondrán de uno a tres años de prisión. Si lo hiciere para ocultar su deshonra, se impondrá de seis meses a dos años de prisión”.

Utrilla razona que esto responde a una criminalización de las mujeres debido a que no cumplen o fallan en su rol de madres. “La mayoría de los casos de mujeres criminalizadas por aborto se han dado en Estados conservadores, como Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Hidalgo, Baja California, Chiapas...”, explica, “y aunque no sabría decir si tiene que ver o no con la cuestión religiosa, si está encuadrado en una visión de esas mujeres como malas madres y desgraciadas que tienen que ir al infierno por haber matado a sus hijos”.

En el caso de Miriam, ella misma ha contado que durante su estancia en la cárcel fue insultada por el personal y amenazada por “matar a su propio hijo”. Durante el juicio de Dafne McPherson, el último caso mediático y de características similares al de Miriam pero en Querétaro, el fiscal dijo: “Ni un perro hace eso, ni una perra. Que ve que su hijo nació y va a procurarle la muerte. Es por instinto”. Acabó condenada a 16 años y, tras recurrir, deberá repetirse el proceso pero con el mismo juez.

Aunque no existe registro oficial, organizaciones de activistas y abogados como Las Libres o Grupo de Acción estiman que hay entre 600 y 800 mujeres en situaciones similares. Suelen ser mujeres en contextos complicados, de escasos recursos y cuya asistencia legal en los primeros pasos ha sido, como poco, deficiente. Más Miriams, más Dafnes, más ejemplos que no llegan a los medios de comunicación.