La ley contra las violaciones de Bolivia que quiere ‘acabar’ con ‘las Manadas’

Durante las nueve horas que duró el juicio, Renee tuvo que escuchar cómo la defensa ponía en duda su denuncia: como no había tenido heridas en las piernas significaba que no las había cerrado, consintiendo la relación sexual. Que, claro, había salido de un bar con varias copas encima, de madrugada, y se había ido sola a su alojamiento. Que por qué no había gritado si la estaban violando.

Todo eso sobre el estrado en el que estaban sus tres supuestos violadores; uno de ellos se rió mientras ella volvía a relatar la hora y media probablemente más horrible de su vida, la de la noche del 23 de noviembre de 2013. Todo eso, después de un año y medio yendo de juzgado en juzgado, hasta que uno se hizo cargo de su caso.

Cuando finalmente escuchó que a dos de esos hombres les caían 25 años de cárcel y cuatro a otro -por ser menor de edad en el momento de la violación- levantó las manos al cielo dando gracias. Era 9 de junio de 2013. Hasta entonces había pasado meses compartiendo incansablemente en Facebook, una y otra vez, su historia acompañada de las fotos de su cara inflamada y amoratada después de la paliza y la violación. Era un grito desesperado para tratar de sumar a otras personas a su causa: la de obtener justicia.

Ella es estadounidense y la violación sucedió en Samaipata, un pueblo muy turístico a 120 km de Santa Cruz (Bolivia). “Conocimos el caso de Renee y tuvimos que salir a las calles y pedir el apoyo de la sociedad”, cuenta desde Santa Cruz la abogada de la Casa de la Mujer, Paola García: “Es la única manera de presionar a los jueces para que cumplan la normativa”.

La norma que había que hacer cumplir avalaba a la víctima. Se trata de la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, una legislación que tipifica hasta 16 delitos contra la mujeres, entre los que se encuentra la violación. El artículo 308 establece que quien mantenga relaciones sexuales no consentidas con otra persona usando intimidación, violencia física o psicológica, será privado de libertad entre 15 y 20 años. Además, se contemplan agravantes por los que la pena puede alcanzar los 30 años, sin derecho a indulto. Uno de ellos es que la violación sea cometida por más de una persona, para así intentar 'acabar' con las violaciones grupales.

“Cuando la sociedad civil se convierte en vigilante en los procesos, los operadores de justicia tienen que dejar a un lado la mentalidad patriarcal”, resalta García. Y es que, según la abogada, en esos casos no es la corrupción la que afecta a las demandantes, sino los prejuicios contra las mujeres.

La presión social, clave

“Encontré su historia a través de las redes”, cuenta la periodista boliviana Mercedes Fernández. Y decidió convocar a la prensa local para dar seguimiento al caso. Logró arrastrar con ella a otros dos periodistas de medios pequeños, que acompañaron a la denunciante, a sus abogados y su intérprete, pues Renee no habla fluidamente el castellano, a una de las audiencias. El juzgado estaba en Vallegrande, a 240 km de Santa Cruz que se recorren en 5 horas por una carretera que suele cortarse por desprendimientos de tierra.

Renee (derecha) apoyando a la madre de Veruska Valdivia (izquierda) en el Palacio de Justicia de Santa Cruz. Lapública.org

A las sucesivas audiencias se fueron sumando madres del colegio en el que Renee era profesora, activistas, profesionales de los medios de comunicación, hombres y mujeres que sintieron que lo que estaba viviendo era injusto y hasta el Defensor del Pueblo regional. Ya no fue tan sola a cada sesión del juicio. Apareció el hashtag #ReneeSomosTodas y las redes siguieron siendo la plataforma desde la que clamaba justicia.

En la última audiencia no hubo suficientes asientos en la sala del juzgado para todos los asistentes. Ese día, la periodista Fernández entrevistó a uno de los jueces del caso: “Ustedes, la prensa, han sido una lámpara que me alumbró tan de cerca que la sentencia no podía ser otra”, declaró.

Analí Huaycho, periodista, no tuvo la suerte de escuchar ninguna sentencia. Murió el 11 de febrero de 2013 por las 15 puñaladas que le asestó su marido, un militar de alto rango. Desde 2006 instituciones como la Casa de la Mujer, recuerda la letrada de esta organización, habían presentado varias veces un proyecto de ley sobre violencia de género ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Luchamos, hubo movimientos, marchas increíbles, hasta que en el año 2013 sucedió un feminicidio más”, cuenta. La movilización social fue tal, que a pesar de que colectivos de mujeres llevaban años pidiendo una normativa, el Gobierno de Evo Morales tardó entonces solo un mes en promulgar la Ley 348. La periodista había presentado numerosas denuncias pero la anterior normativa “defendía a la familia obviando los derechos de las mujeres”, señala García. Y eso es lo que sucede con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la que está vigente en España.

“La ley española es incompleta”

“La Ley española es incompleta. Pese a que habla de violencia de género, se reduce a la que sufre una mujer por ser mujer en el ámbito de la pareja. Esto invisibiliza otras formas de violencia de género que sufren las mujeres y, además, es contraria a la definición en el ámbito internacional”, argumenta la abogada de Women’s Link, Teresa Fernández. Y pone como ejemplo la definición de este concepto que da la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas: se entiende por violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino (...) tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”

En 2015 España ratificó el Convenio de Estambul, que insta a ampliar el concepto de la violencia contra las mujeres. “El Pacto de Estado en materia de violencia de género aprueba que esa implantación en nuestro derecho se haga por leyes integrales distintas, en lugar de modificar la existente. Esta se mantiene porque refleja la realidad de que la mayor violencia que se ejerce en nuestro país no se a manos de extraño, o de grupos organizados, sino de quien ha sido cónyuge o pareja” de la víctima, explica la presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, Filomena Peláez.

Desde que se conoció la sentencia a 'La Manada' una marea morada ha inundado las calles españolas con gritos como “No es abuso, es violación” y “No es no”, replicados en las redes sociales. Poco después de la lectura de la polémica sentencia de ‘La Manada’, el Gobierno español anunció que estudiaría una revisión de los delitos sexuales en el Código Penal, donde no aparece la palabra “violación”.

Peláez recuerda que el término “violación” fue sustituido por el de “agresión sexual” en una de las reformas del Código Penal. Y añade: “Sin embargo, abuso y agresión no es lo mismo, de ahí la sonada protesta en contra de la sentencia de ‘La Manada’, en cuyos hechos probados, a mi juicio, se recoge el relato de una agresión sexual (violación), y sin embargo se califica y castiga como un delito de abuso sexual”.

Para la abogada de Women’s Link el problema va más allá de que no aparezca este concepto sino en la redacción del artículo 181, donde se indica que es abuso sexual la penetración vaginal, anal o bucal sin consentimiento, pero sin violencia o intimidación. “No se me ocurre ninguna circunstancia en que se produzca un acceso sexual no consentido y que no haya violencia o intimidación”, dice Fernández.

Una sentencia ejemplar

Cuando pasaban los meses y no conseguía que ni tan siquiera empezara el juicio, más de uno preguntó a Renee Gurley que por qué no se volvía a Estados Unidos y se olvidaba de todo. “Quiero que mi caso sirva para que otras mujeres se atrevan a denunciar”, contestaba ella.

“La sentencia resultó ejemplar”, señala Paola García. De hecho, a los pocos días saltó otro caso a los medios y un nuevo hashtag en las redes: #VeruskaSomosTodas. Hacía dos años que esta chica había denunciado violación pero el juicio no empezaba.

La sociedad y los medios volvieron a movilizarse, especialmente cuando “se perdió” parte de una prueba fundamental: un vídeo de una cámara de seguridad que mostraba cómo a la víctima la habían introducido inconsciente en un alojamiento, para luego violarla. La pieza audiovisual duraba más de 5 minutos.

Al final, el tribunal solo contaba con una que duraba apenas 20 segundos y no quiso aceptar el vídeo completo cuando la acusación lo volvió a conseguir. “Logramos un pacto con los medios”, recuerda García. “De manera conjunta se logró que todas las televisiones, a la misma hora, mostraron el vídeo completo”. Y, de nuevo, hubo sentencia favorable a la víctima.

En Bolivia, las movilizaciones lograron, primero, una ley integral y, después, que ésta se cumpliera, al menos en algunos casos. “Es de vital importancia el apoyo de los movimientos sociales y feministas y tenemos que conseguir aliados. La eliminación de la violencia es tarea de todas y de todos”, sentencia García.