Una sentencia que abre la esperanza para las violadas que abortan en El Salvador

"Imelda es libre. Venid y mirad, las feministas cada día somos más". Este era el grito que se escuchaba este lunes, a la salida del juzgado salvadoreño de Usulután. Dentro, la Justicia acababa de absolver a Imelda Cortez, la joven de 21 años, encarcelada hace un año y ocho meses por un supuesto intento de homicidio agravado en contra de un recién nacido, cómo se tipifica el aborto en el país centroamericano. La joven, violada por su padrastro desde los 10 años, se quedó embarazada a los 18 tras una de las agresiones. Dio a luz en la letrina de su casa. El bebé nació sano pero ella casi muere desangrada. 

Cuando la trasladaron al hospital, los médicos creyeron que había intentado abortar y llamaron a la policía. La Fiscalía la acusó de intentar matar a su bebé nada más nacer e Imelda permaneció en prisión preventiva durante un año y siete meses mientras el juicio se aplazaba una y otra vez. Ahora, Imelda está en libertad.

Durante el juicio la Fiscalía pidió el cambio en la tipificación del delito, de tentativa de homicidio a abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad el juez absolvió a Cortez de los cargos de intento de homicidio. El juez dijo que la "joven no actuó con dolo" y, de acuerdo con los informes médicos, "sufrió una grave perturbación de la conciencia" tras dar a luz a su hija "en una letrina".

"Hemos conocido un fallo absolutorio y libertad inmediata para Imelda porque no existió ningún delito", dijo Bertha María de León, abogada de defensa de Cortez."Este fallo es una invitación para que los operadores de justicia fallen conforme a los derechos humanos de las mujeres y acorde a los estándares internacionales de derechos humanos", agregó.

Durante  el juicio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exigido varias veces a El Salvador un cambio en su legislación sobre el aborto. El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que resultan en abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía. La pena puede llegar a los 30 años de cárcel.

“Imelda representa a las niñas y jóvenes adolescentes que ven vulnerados sus derechos humanos en su totalidad. Vemos cómo el Estado, por medio de la penalización absoluta del aborto, condena a mujeres como Imelda, las mete en prisión y otras terminan muertas sin que se conozcan sus nombres”, aseguró otra de las abogadas, Keyla Cáceres.

La sentencia de Imelda es esperanzadora para el movimiento feminista de El Salvador que viene luchando por un cambio en la ley del aborto desde hace años y por la liberación de las mujeres encarceladas por ese delito. Sobre todo a las mujeres pobres y víctimas de abusos sexuales que se encuentran totalmente desprotegidas con la legislación actual.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, formada por diferentes colectivos feministas y de defensa de los derechos humanos, presentó en 2014 peticiones de indulto para 17 mujeres que han terminado en prisión después de presentarse en el hospital con complicaciones obstétricas que pusieron fin a sus embarazos.

Ese año, más de 120 mujeres estaban en la cárcel en El Salvador, con condenas de 11 hasta 30 años, por haber practicado un aborto. Muchas de ellas lo habían sufrido de manera espontánea, tras problemas obstétricos y complicaciones ginecológicas durante el proceso de gestación. 

"En casi todos los procesos judiciales, tuvieron defensores públicos, caracterizados por la deficiencia y desidia en la defensa de sus casos. En algunas situaciones, llegaban a los juicios sin conocer los nombres de sus defendidas. Todo ello representa una acción violenta del Estado contra las mujeres", denunciaba la Agrupación.

La absolución de Cortez abre es un importante paso para los derechos de las mujeres salvadoreñas. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho celebró la liberación en un comunicado, señalando que "el caso constituye un buen precedente jurídico, criminológico y social, en donde se absuelve a una mujer que ha sido víctima" de violación y de un sistema judicial que criminaliza y es "injusto".