En una semana de Gobierno Jair Bolsonaro ya ha sentado las bases de lo que va a ser su política y, por ahora, es un reflejo de todo lo que prometió en su campaña electoral. A lo largo de la campaña, el excapitán del ejército habló poco de su programa electoral, pero hizo gala de un discurso homófobo, racista, misógino y negligente con el medio ambiente. Ahora, las primeras medidas adoptadas reflejan ese discurso y un atropello a los derechos de los trabajadores, los indígenas y la comunidad LGTBI.
La comunidad LGTB, fuera de la directriz de DDHH
Un decretazo de Bolsonaro excluyó, de golpe, el colectivo LGTBI como sujeto de políticas y directrices pro derechos humanos destinados a las minorías más vulnerables. La expectativa era que la nueva cartera de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, liderada por Damares Aves, fuese la encargada de crear políticas destinadas a la comunidad LGTB, pero el nombre del colectivo, sencillamente, ha desaparecido.
El ministerio menciona explícitamente la protección de "mujeres, niños y adolescentes, juventud, ancianos, personas con discapacidad, población negra, minorías étnicas y sociales e indígenas", pero no a personas del colectivo LGTB, que sí estaban incluidas en las estructuras de Ministerios y Secretarías Especiales de la Presidencia, que fueron eliminadas.
Sergio Queirós, Secretario Nacional de la Protección Global se ha apresurado a garantizar que “ningún derecho del colectivo será suprimido” pero La Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales y Travestis (ABGLT) ha mostrado su preocupación. “Esto indica cómo se tratará la agenda LGTB, sobre la narrativa familiar que defienden estas personas, de un patrón heteronormativo de familia”, dijo Larrat, presidente de la asociación, refiriéndose a la inclusión el colectivo en la cartera de Damares Alves.
La ministra, conocida por sus carácter conservador y contrario al feminismo, desató la polémica en Brasil, con sus palabras en la toma de posesión: “Ha llegado una nueva era a Brasil. Los niños visten de azul y las niñas, de rosa”, dijo.
Fin de la asignación de tierras a indígenas
Una de las primeras medidas de Bolsonaro fue restringir los poderes de la Fundación Nacional del Indio (Funai), hasta ahora la responsable por la preservación de las reservas indígenas y de la protección del Amazonas. El presidente ha firmado una medida provisional que transfiere los poderes de la Funai para el Ministerio de Agricultura, liderado por Tereza Cristina Costa, una terrateniente y líder de la bancada de los propietarios rurales en el Congreso. Esto significa que Costa será la responsable por asignar las tierras correspondientes a indígenas y campesinos sin tierras, sectores que siempre han estado en conflicto con los grandes propietarios rurales.
Bolsonaro ya se había comprometido a parar la demarcación de nuevas tierras para indígenas. Según datos de la Funai, habría 128 proceso de demarcación de tierras que albergarían a 120.000 indígenas. “En lo que a mí concierne, no habrá más demarcación de tierras”, dijo Bolsonaro en una entrevista pocos días después de las elecciones, en la que defendía que las áreas dedicadas a los indígenas estaban “sobredimensionadas” y que los hacendados estaban desprotegidos.
Los nuevos poderes del Ministerio de Agricultura tendrán consecuencias también en la protección del Amazonas. Bolsonaro ya había anunciado su intención de flexibilizar las licencias ambientales que permitan los agronegocios en tierras del Amazonas. Además, la ministra de Agricultura es conocida como “la musa del veneno”, por haber dirigido una comisión parlamentaria que aprobó normas para despenalizar el uso de agrotóxicos en el país.
“Los trabajadores tienen demasiados derechos”
En la primera entrevista tras su investidura, Bolsonaro fue claro: “Brasil es el país de los derechos en exceso, pero faltan empleos. Mira EEUU, allí casi no hay derechos. No sirve de nada tener derechos si no hay trabajo. Nuestra idea es profundizar en una reforma laboral”. "Cuando uno piensa en producir algo, cuando ve la cuestión de los encargos laborales, que molestan a todos en Brasil, esa persona desiste de emprender", declaró Bolsonaro en la misma entrevista con la cadena televisiva SBT.
Bolsonaro dijo que estudia e incluso podría hacer una propuesta para la extinción de la Justicia del Trabajo, una jurisdicción específica que a su juicio está politizada. "¿Qué país del mundo tiene (Justicia del Trabajo)? Ya tenemos la Justicia común. No se puede permitir que la gente que produce sea atacada por una minoría", manifestó.
Entre las propuestas de Bolsonaro está la creación de una libreta de trabajo "verde y amarilla" que contemplaría un conjunto de nuevas normas para la flexibilización del trabajo, alejada de la actual Constitución Federal y de las Leyes de Trabajo (CTL) vigentes. Según el Ministro de Economía, Paulo Guedes, las nuevas normas “liberarán al trabajador de la legislación fascista” de la CTL.
Extinción de la secretaría de diversidad
El Ministerio de Educación decidió eliminar la secretaria de diversidad, derechos humanos y relaciones étnico-raciales. La secretaría fue creada en 2004 con el objetivo de fortalecer la atención a grupos que históricamente son excluidos de la escolarización. Entre sus atribuciones están las políticas relacionadas con “cuestiones de raza, color, etnia, origen, posición económica y social, género, orientación sexual, diversidad física e intelectual, condiciones generacionales u otras que puedan estar relacionadas con causas de la exclusión social”.
Bolsonaro dijo varias veces durante la campaña que no apoyaba la creación de políticas específicas para grupos vulnerables, que “fomentaban la política del pobrecito”.
La purga de “comunistas”
Dos días después de la investidura, el ministro de la presidencia, Onyx Lorenzoni, anunció la destitución de todos los funcionarios no alineados con las ideas de Bolsonaro. El primer paso para ello ha sido el despido fulminante de 300 funcionarios con contratos temporales. "No tiene sentido tener un Gobierno como el que tenemos ahora con personas que defienden otras ideas u otra forma de organización de la sociedad", ha declarado.
Según Lorenzoni, en las elecciones del pasado octubre, ganadas por el líder de la ultraderecha, "la sociedad dijo basta a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos actual" y el Gobierno debe responder ahora al mandato de las urnas.