El pasado junio, el Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF) deliberó que los actos de homofobia serían considerados delitos equiparables al racismo y tendrán el mismo trato penal, con penas que pueden ir hasta los cinco años de cárcel. La decisión, que tardó tres meses en producirse, estará vigente hasta que el Congreso apruebe una ley específica sobre el tema.
Hasta ese momento, la homofobia no estaba en la legislación brasileña, al contrario de otros tipos de discriminación y la criminalización de este tipo de conductas era una de las principales reivindicaciones del colectivo LGTBI. "Queremos igual protección penal. Si criminalizas sólo algunos tipos de comportamientos discriminatorios, el mensaje que estás pasando es que los demás no son importantes", ha señalado el abogado Paulo Iotti, representante de la Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (ABGLT).
Más de 400 personas han muerto en 2018 como resultado de la homofobia en el país, y, en lo que va de año, las muertes ascienden ya a las 141, según datos del Grupo Gay da Bahia, la ONG de lucha por los derechos LGTBI más antigua de Brasil. Además, desde la elección de Bolsonaro como presidente del país, el colectivo ha tenido que soportar los comentarios homófobos del exmilitar y ha experimentado un recorte en sus derechos.
Conocido por sus comentarios homófobos, racistas y misóginos, Bolsonaro no dudó en decir en una entrevista que prefería "un hijo muerto a un hijo gay". Y, tras la sentencia del STF consideró que la decisión iba en contra de la comunidad LGTBI, argumentando que una persona LGTBI podrá tener más dificultad en encontrar trabajo porque el jefe tendrá miedo de que se le acuse de discriminación si un día decide despedir a esa persona.
Más recientemente, Bolsonaro retiró del Ministerio de Derechos Humanos todas las competencias relacionadas con el colectivo LGTBI. Y, poco después, el presidente volvería a ser noticia al decir que "si uno quiere venir a Brasil para tener sexo con una mujer, adelante, pero no podemos dejar que el país sea conocido como un paraíso para el turismo gay. Tenemos familias".
Tras su elección, el colectivo LGTBI temió que el discurso homófobo del presidente se viera legitimado en la sociedad y que los actos discriminatorios subieran de tono. Muchos se apresuraron a casarse, por miedo a que la ley del matrimonio homosexual se revocara y otros salieron del país.
"El insulto no se cura con la cárcel"
Fue el caso de Jean Wyllys, el primer diputado federal abiertamente gay elegido por Río de Janeiro, que ha renunciado al cargo y se fue de Brasil en enero por miedo a las amenazas de muerte que estaba recibiendo. Se exilió en Berlín y, desde allí, el activista ha considerado que la decisión del tribunal "fue la que tenía que ser" pero señala también que hay que "separar la discusión jurídica de lo político". "La cuestión que el Tribunal solucionó es que no es posible darle a la homofobia un trato legal distinto al del racismo, que está criminalizado. Pero esto es solo el punto de vista jurídico y no es suficiente", dice Wyllys.
Para el exdiputado, el tema central a la hora de erradicar la homofobia de Brasil no es la criminalización, sino educar a las futuras generaciones en la tolerancia y la diversidad. "La violencia física en contra de personas LGTBI, como asesinatos u agresiones, ya están criminalizados como delitos, pese a que yo creo que deberían tener un agravante de odio. Pero luego está la burla, el insulto, y eso no se cura con la cárcel. Es una tarea mucho más difícil", dice.
Además, el activista señala que la ley puede dar pie a una nueva discriminación, en la que, una vez más, los más desfavorecidos serán los perjudicados: "Nadie va a arrestar a Bolsonaro por sus declaraciones homófobas. Pero, seguramente, terminarán arrestando al niño negro y pobre que insultó al gay blanco de clase media. No quiero que el estado haga eso en mi nombre".
Con una sociedad profundamente religiosa, donde la iglesia católica y los movimientos populares evangélicos son muy críticos con los derechos LGTBI, y Bolsonaro al frente del Gobierno, el activista prevé un largo camino hasta que se garanticen los derechos LGTBI en Brasil: "La superación de la homofobia no se hará con legislación penal. Hace falta cambiar toda la cultura en la que la violencia homófoba impera. Pero está claro que, con Bolsonaro en el Gobierno esto no va a pasar. Al contrario, las cosas irán a peor".