Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia... Latinoamérica vive una sucesión de revueltas sociales que amenazan propagarse a todo el continente. En mitad de este incendio Brasil sigue impasible, sin dar muestras de que pueda dejarse contagiar por los tumultos. Sin embargo, los ingredientes -la desigualdad y el enfado hacia las élites-, están ahí, a la espera de una chispa que prenda el fuego.
Al salir de la cárcel, Lula da Silva hizo un llamamiento a la población: "Tenemos que seguir el ejemplo de Chile o Bolivia". La reacción por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro no se ha hecho esperar y fue clara: clasificó los hechos de "actos terroristas" y amenazó con mano dura si los brasileños salen a la calle.
El líder de extrema derecha, admirador confeso de la dictadura militar brasileña, ya ha pedido autorización en el Congreso para utilizar a los militares en el caso de que haya necesidad de frenar actos violentos en la calle. Su hijo y su ministro de Economía han ido más lejos y han coqueteado públicamente con la idea de que tuviera que disolverse el Congreso y silenciar a la prensa si, en las palabras de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y diputado en el Congreso, "la izquierda se radicaliza".
Eduardo Bolsonaro trajo a la luz incluso el Acto Institucional 5 (AI-5), un decreto de la dictadura militar de 1968, que acortó las libertades de pensamiento político y de prensa y llevó a la institucionalización de la tortura y de la censura. Con él se dio carta blanca a la represión, se proscribió a varios partidos políticos y se cesaron parlamentarios opositores, dando origen al período más terrible del régimen.
En Brasil, hablar del AI-5 son palabras mayores. Incluso para los hijos del presidente Bolsonaro, que ya han acostumbrado a la población a sus declaraciones fuera de tono. "Llegará el momento en el que la situación será igual a la de 1960. La izquierda es un enemigo interno, difícil de identificar, dentro del propio país. Espero que no lleguemos a ese punto, pero si la izquierda se radicaliza tendremos que contestar. Y esa respuesta puede ser vía un nuevo AI-5", ha dicho Eduardo Bolsonaro.
Las declaraciones fueron fuertemente criticadas en el Parlamento pero, días más tarde, el ministro de Economía, Paulo Guedes, volvía a despertar el fantasma de la dictadura. "Cuando el otro lado gana, solo 10 meses después ya está la izquierda apelando al pueblo para que salga a la calle a romperlo todo", dijo en referencia a las declaraciones de Lula. "Eso es una idiotez, una imbecilidad, no está a la altura de nuestras instituciones democráticas. Luego no se asusten si alguien pide el AI-5. ¿O acaso no ha pasado ya antes?"
Sin ser tan rotundo en sus palabras, Bolsonaro va enviando mensajes a la población: "Una protesta es una cosa... el vandalismo, el terrorismo son cosas totalmente distintas. Si incendias autobuses, si matas a gente inocente, si incendias bancos, invades ministerios... eso no es una protesta", ha dicho.
En 2013, Brasil vivió su particular momento de revuelta, que Bolsonaro conoce bien. Las manifestaciones multitudinarias empezaron entonces por el aumento del precio de los transportes y terminarían dando origen al impeachment de Dilma Rousseff.
En medio del terremoto social apareció el Movimiento Brasil Libre, un grupo ultraliberal que lideró las protestas en contra de la presidenta. Las manifestaciones de entonces eran las primeras claramente de derechas desde el fin de la dictadura militar y un caldo de cultivo perfecto para que Bolsonaro apareciera, en 2017, formalizando su candidatura a la presidencia de Brasil. Ahora, el presidente parece temer que las protestas puedan surgir a la izquierda.
Agenda económica
Pese a que, por ahora, Brasil permanece tranquilo, las protestas sociales en el resto de América Latina han hecho repensar la agenda económica liberal de su Gobierno. Paulo Guedes, formado por la escuela liberal de Chicago, y quien trabajó en Chile durante la dictadura de Pinochet, ha alabado por diversas veces la economía chilena, a la que usa de referencia.
Las manifestaciones chilenas en contra de la desigualdad y de insuficiencia de los servicios públicos han levantado ampollas en Brasil, cuestionando la viabilidad de las medidas que Guedes quiere implementar, como la subida de los transportes y del diésel.
El paro sigue siendo muy alto y el número de brasileños que viven en pobreza extrema ha subido a los 13,5 millones. Muchos analistas sugieren que las medidas se vayan a materializar en las vacaciones de diciembre a febrero, cuando las universidades estarán vacías y los estudiantes lo tendrían más difícil para organizarse.
La tendencia de Bolsonaro para demonizar a sus opositores y su poca mano izquierda a la hora de manejar los conflictos hacen temer la posible reacción del Gobierno en caso de tensiones sociales. Por ahora, el gigante latinoamericano permanece dormido.