Perú, un país liderado por políticos 'desaparecidos': claves para entender el caos en el que vive el país

Perú vive estos días una crisis sin precedentes. Con un presidente escogido in extremis este lunes después de varios días días, el país vive liderado por una clase política vilipendiada por los ciudadanos, que aún siguen enardecidos en las calles tras una semana de crisis.

El Congreso, o mejor dicho, los legisladores peruanos, han ofreciedo una clase magistral de trapicheos, manipulación y presiones políticas, alejadas del interés común y bajo una sucesión de negociaciones opacas, intercambio de favores y traiciones varias que parecen tener de rehén al Estado y a sus ciudadanos.

Todo esto pese a que la ciudadanía parece haber llegado al límite de su paciencia, ha tomado las calles e incluso ha sacrificado a dos de sus jóvenes,

El Congreso, o mejor dicho, los legisladores peruanos, están ofreciendo una clase magistral de lo que sólo pueden ser trapicheos, manipulación y presiones políticas, alejadas del interés común y bajo una sucesión de negociaciones opacas, intercambio de favores y traiciones varias que parecen tener de rehén al Estado y a sus ciudadanos.

Todo esto pese a que la ciudadanía parece haber llegado al límite de su paciencia, ha tomado las calles e incluso ha sacrificado a dos de sus jóvenes, Jack Pintado (24) e Inti Sotelo (22), asesinados a manos de la policía durante la represión de las protestas que estallaron precisamente para poner fin a estas prácticas.

Estas son las claves de la crisis en el país en los últimos días.

Sagasti, nuevo presidente

A primera hora de la noche de este lunes (hora española), se publicaba que el legislador Francisco Sagasti, del Partido Morado, de tendencia centro-liberal, será el próximo presidente de Perú.

Sagasti, de 76 años, fue elegido por el Congreso para presidir su mesa directiva y, en consecuencia, asumirá el proceso de sucesión presidencial establecido en la Constitución, que establece que el titular de ese poder del Estado asume la presidencia cuando no hay un mandatario.

La destitución de Vizcarra

Martín Vizcarra fue destituido como Presidente de Perú el 9 de noviembre tras un proceso de destitución en el Congreso. 

El proceso había empezado a mediados de septiembre, cuando salieron a la luz presuntas irregularidades en la contratación de un cantante para dar charlas motivacionales en el ministerio de Cultura por 50.000 dólares. 

En ese momento, la moción no recibió el apoyo del Congreso pero el proceso volvió a ser recuperado después de que, en octubre, varios medios de comunicación señalaran al presidente por un caso de supuesta corrupción. 

Según varias publicaciones, algunas declaraciones de aspirantes a testigos protegidos aseguraban que Vizcarra había recibido sobornos cuando ejercía como gobernador de su región natal de Moquegua (2011-2014).  Esta vez, el proceso salió adelante y el Congreso aprueba la destitución de Vizcarra por “incapacidad moral” con el voto favorable de 105 de los 130 parlamentarios.

Vizcarra, quien era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, asumió la presidencia de Perú en marzo de 2018 después de que Kuczynski renunciara al cargo, tras las denuncias del partido fujimorista Fuerza Popular sobre una presunta compra de votos de legisladores para evitar su destitución por supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht.

La ascensión de Merino

Con la destitución de Vizcarra, asumió la presidencia de la República Manuel Merino, el hasta entonces presidente del Congreso, cumpliendo con lo que dice la Constitución peruana y una vez que Vizcarra no tenía vicepresidentes. 

Sin embargo, el artículo 115 de la Constitución también indica que el presidente del Congreso, que asume la presidencia de la República, debe convocar elecciones “de inmediato” aunque no especifica un plazo para ello. 

Las protestas sociales

El proceso de destitución ha provocado manifestaciones multitudinarias en las calles, marchas y caceroladas. 

Los ciudadanos, subrayan, protestan “por la democracia” y no a favor de Vizcarra, una vez que consideran que el Congreso ha dado un golpe de Estado encubierto. La mayoría considera que Vizcarra debería acabar su mandato en julio de 2018 (las elecciones están convocadas para abril del próximo año) y que luego tendría que ser investigado por la justicia. 

El cambio de poderes a pocos meses de las elecciones hace temer a la población que sirva para modificar el calendario electoral y para cambiar normas que cuentan con aprobación social, como la reforma de la educación universitaria. 

Las protestas tuvieron su momento álgido este sábado, cuando miles de personas salieron a la calle en varios puntos de Lima y en otras ciudades del país. La respuesta de la policía fue desproporcionada, hasta el punto de que dos jóvenes, Inti Sotelo, de 22 años y Jack Pintado, de 24, murieron al recibir 11 y 4 perdigonazos en la cabeza, cuello y tórax. 

Con ello quedó en evidencia el ministro del Interior del Gobierno de transición, Gastón Rodríguez, que en los días interiores había insistido por activa y por pasiva en que la Policía no usaba armamento letal contra los manifestantes.

Esa fue una de las falsedades que el ministro del Interior de Merino dijo durante esta semana. Otra fue que la Policía no usaba a agentes camuflados entre los manifestantes, como finalmente también se demostró que ocurría, en contra de las recomendaciones internacionales de que los policías estén claramente identificados.

Mientras el país entero se movilizaba de una forma poco antes vista, el flamante primer ministro Ántero Flores-Aráoz, de 78 años, abogado, varias veces diputado, exministro y profundamente conservador, se preguntaba en televisión que qué quería la gente que protestaba y "qué les fastidiaba".

Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron a la Fiscal de la Nación (fiscal general), Zoraida Ávalos, una denuncia contra Merino por homicidio, abuso de autoridad y lesiones graves por las muertes de Pintado y Sotelo y las lesiones a las decenas de heridos durante las protestas.

En esa denuncia también están incluidos otros miembros del Gobierno transitorio como el renunciante primer ministro, Ántero Flores-Áraoz, y el titular del Interior, Gastón Rodríguez.

La dimisión de Merino

Tras las escenas de violencia y represión del sábado, varios ministros presentaron su dimisión y el Congreso de Perú anunció que iniciaria una moción de censura en contra de Merino, si no presentaba su carta de renuncia en forma inmediata.

Tras las presiones ejercidas por la población y el Congreso, Merino terminó renunciando el domingo, en  un comunicado en el que no había ningún atisbo de autocrítica por los sucesos de los últimos días.

El mandatario se limitó a expresar sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a los ciudadanos que ejercieron "su derecho a manifestarse", pero defendió haber asumido "con responsabilidad, humildad y honor" el poder tras la destitución de Martín Vizcarra,  según "el mandato constitucional".

Sin jefe de Estado

El Congreso que lo había aupado se apresuró a confirmar su salida y hacerla oficial, asustado por la reacción ciudadana. Ya sin jefe de Estado, y en un acto de aparente responsabilidad política, los miembros de la mesa del Congreso, cuyo titular era Merino, quien se convirtió en presidente precisamente por ostentar ese cargo, se autodisolvieron para proceder a elegir un nuevo presidente que estaría en el poder de forma temporal hasta el fin de la legislatura, en julio de 2021.

Con una población que festejaba ya en las calles la salida de Merino, convertido en el símbolo de todas las oscuras formas de hacer política que aquejan al Perú, todo indicaba que los legisladores, elegirían rápido un sustituto aceptable para la gente y su claro mensaje: nada de trapicheos, nada de corrupción, nada de haber apoyado la destitución ilegítima de Vizcarra.

La negociación se prolongó y parecía que se había llegado a una solución que incluía nombrar a la que sería la primera mujer presidenta de Perú, la legisladora Rocío Silva Santisteba, una poeta, periodista y activista de 57 años.

Pero a la hora de votar, solo recibió 42 votos a favor, mientras que se emitieron 52 en contra y 25 legisladores se abstuvieron. Caía por tierra este plan, que había sido diseñado para contar rápidamente con una mesa del Congreso y en consecuencia, con un presidente de la República a título temporal. Finalmente fue elegido Francisco Sagasti.

Mientras, el país está paralizado y no avanzará hasta que los congresistas encuentren una solución, que no será posible sin pactos y cesiones por parte de grupos que solo generan desconfianza en el público.

La corrupción endémica

Las manifestaciones masivas en la calle, han demostrado el hartazgo de la población ante la corrupción endémica del país, y una élite gubernamental que maneja el poder a su antojo y en su beneficio.

Desde que en 2000 estalló el escándalo que derribó a Alberto Fujimori, los peruanos han visto como todos sus expresidentes han sido comprometidos en investigaciones vinculadas con los sobornos y pagos irregulares que hizo Odebrecht para conseguir grandes licitaciones de obras públicas.

Las investigaciones fiscales han implicado a Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a los que se ha unido en las ultimas semanas Martín Vizcarra (2018-2020), mientras que Alan García (2006-2011) se suicidó el año pasado, cuando iba a ser detenido.

Otros altos dirigentes políticos no escapan a estas graves acusaciones y también son investigados, desde Keiko Fujimori a los ex exalcaldes de Lima Luis Castañeda y Susana Villarán, ubicados a la derecha y la izquierda del espectro político, respectivamente.