La imagen es recurrente: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, empuñando un fusil. Lo hizo en actos de campaña, durante visitas internacionales y, a lo largo la carrera hacia el Palacio do Planalto, Bolsonaro el gesto de disparar con la mano se transformó en el símbolo de su campaña.
La flexibilización de la compra y tenencia de armas era una de sus promesas estrella durante la carrera electoral y el excapitán del ejército cumplió su palabra cuando ganó las elecciones.
Tan sólo dos semanas después de empezar el mandato, la venta de armas a civiles se flexibilizó con un decreto. A partir de ese momento, la licencia de porte de armas se amplió de cinco a diez años. Además, el comprador ya no tenía que justificar ante la Policía Nacional la necesidad de comprar un arma, trámite por el que han tenido que pasar los 330.000 brasileños que, en ese momento, tenían esa licencia.
Los requisitos para comprarlas seguían iguales que antes: tener 25 años, un trabajo, una dirección conocida, y carecer de antecedentes penales e impedimentos físicos y psicológicos. La nueva ley también amplió a cuatro el número de armas que puede tener una sola persona. Ahora, Bolsonaro pretendía aumentar este número a seis, pero ha visto como el Supremo tumbaba el nuevo decreto.
La magistrada del TS brasileño, Rosa Weber suspendió uno de los decretos que permitía aumentar el número máximo de armas de fuego para defensa personal en posesión de cada persona, y canceló también la norma que ampliaba el límite de adquisición de armas y munición por parte de los cazadores, tiradores y coleccionistas.
Entre las medidas más controvertidas estaba también la que permitía que los proyectiles y las máquinas de recarga y cargadores de municiones ya no fueran controlados por el Comando del Ejército, una flexibilización que recibió críticas incluso por parte de los militares.
La decisón de la jueza de tirar por tierra el decreto fue adoptada de forma cautelar tan sólo horas antes de que los decretos entraran en vigor y deberá ser ahora analizada por el pleno del Tribunal Supremo.
La decisión de Weber "es una gran victoria de la sociedad brasileña", declaró en un comunicado Ilona Szabó, presidenta del Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo. "Esperamos que el plenario de la Corte siga a la jueza Rosa Weber y salvaguarde la seguridad pública y la democracia de Brasil", agregó.
La decisión de Bolsonaro de flexibilizar el acceso a las armas al inicio de su mandato tuvo consecuencias inmediatas: en 2019, el año uno del Gobierno de Bolsonaro, la Policía Federal Brasileña concedió 94.064 nuevos registros de armas de fuego, frente a los 51.121 concedidos en el año anterior. Y 2020 cerró con 179.771 nuevos registros de armas, más de 70% (125.840) de las cuales para civiles.
Además, los pedidos de licencia de porte de arma, que autorizan a los civiles a llevar un arma en la calle, mas allá de tenerla en su casa, también aumentaron: se han pedido 10.437 en 2020 frente a las 9.268 de 2019.
Además, en estos años Bolsonaro ha impulsado medidas para frenar la fiscalización, el rastreo, la fiscalización y la aprehensión de armas. Con el aumento de circulación de armas en el país, los riesgos de seguridad aumentan también.
"Numerosos estudios, nacionales e internacionales, públicos y privados, apoyados por una importante mayoría de la comunidad científica mundial, revelan una correlación inequívoca entre facilitar el acceso de la población a armas de fuego y el desvío de estos productos a organizaciones criminales, milicias y delincuentes en general, a través de hurtos, robos o comercio clandestino, aumentando aún más las tasas generales de delitos contra la propiedad, delitos violentos y homicidios ”, dijo la jueza Rosa Weber en su sentencia, tumbando los decretos del presidente.
Efectivamente, tras dos años de caída, la tasa de homicidios volvió a crecer en 2020. Según el Monitor de la Violencia, con base en los datos oficiales del país, 2020 registró 43.892 muertes violentas, frente a las 41.730 de 2019. Son cinco muertes violentas cada hora.
El aumento de los crímenes, 2.162 más, se verificó incluso durante la pandemia, que llevó a los confinamientos de varias regiones y al aislamiento de la población.
Datos que no parecen ser suficientes para que Bolsonaro abandone su plan. "Las armas son un derecho de los ciudadanos. Las armas impiden que el gobernante de turno quiera ser un dictador", apuntó el ultraderechista cuando presentó su decreto. "No le tengo miedo al pueblo armado, al contrario, me siento muy bien de estar al lado del pueblo de bien armado por nuestro Brasil".