La reforma tributaria, protestas masivas, violencia y abuso policial: ¿qué pasa en Colombia?

Hace más dos semanas Colombia se levanta y se acuesta en medio de protestas, represión policial y violencia. La reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque prendió la mecha que está incendiando las calles del país, en la que ya es la peor crisis social de la historia reciente de Colombia, marcada por la violencia policial. 

El Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) elevó este lunes a 47 el número de muertos en las protestas, número corroborado por otras ONGs. La mayoría de las muertes se han dado a manos de la policía, sobre todo de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, y del Ejército: 39 de los casos están asociados a su acción. 

Hay al menos 548 personas desaparecidas, más de 400 heridos y se han denunciado más de 960 detenciones arbitrarias.  

Las manifestaciones, que empezaron el 28 de abril por la reforma tributaria y siguieron en la calle incluso después de que Iván Duque renunciara a la reforma, han desafiado la pandemia que azuza el país, con casi 500 muertos al día y más de 15.000 contagios, pero que no ha sido suficiente para frenar la ola de indignación en las calles. 

La reforma tributaria

La pandemia del coronavirus ha abocado el país a una de las peores crisis económicas de su historia. Para hacerle frente, el Gobierno decidió implantar una reforma económica con la que esperaba recaudar 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares).

La propuesta original incluía la ampliación de la base tributaria para incluir a los que menos ganan entre quienes pagan impuestos: las personas que cobraran 663 dólares al mes ya no estarían exentas de impuestos. El Gobierno pretendía también gravar con el IVA del 19% los servicios públicos de agua, gas y luz, servicios funerarios y objetos electrónicos, como ordenadores y otros productos hasta ahora exentos.

Además, se impondrían nuevos impuestos a los productos básicos de la cesta de la compra y se aumentaría el coste de la gasolina. Según el propio ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, "el recaudo vendría en un 73% de las personas y el resto, de las empresas".

Las rentas altas también se verían afectadas. El proyecto de ley establecía que quienes tuvieran un patrimonio superior a los 1,35 millones de dólares deberían pagar otro impuesto -diferente al que pagan de renta- del 1%, mientras que para quienes tuvieran un patrimonio de más de 4 millones la cifra a pagar sería del 2%.

Sin embargo, las protestas señalan que la carga de la crisis se ha puesto una vez más en la clase media colombiana, mientras que el sector financiero seguía al margen.

Los colombianos se echaron masivamente a la calle el 28 de abril, protestando por la reforma tributaria. Las manifestaciones fueron reprimidas violentamente por la policía, en enfrentamientos en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín.

La renuncia del ministro de Hacienda

La presión social obligó al presidente Iván Duque a retirar la reforma. Rodeado de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y de varios ministros, Duque comunicó al país la retirada del proyecto "para evitar incertidumbre financiera", pero en ningún momento se refirió a las decenas de miles de personas que salieron en los últimos cuatro días a oponerse a esta iniciativa.

El mandatario explicó que tras múltiples diálogos con las fuerzas vivas del país solicitó al Congreso la retirada "del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera".

Un día después de la retirada del proyecto, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dimitió. "Mi continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios" para sacar adelante otro proyecto de reforma, manifestó el ministro en su carta de renuncia a Duque. 

Duque aceptó la renuncia de Carrasquilla y designó a José Manuel Restrepo, actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, como nuevo encargado de Hacienda.

Violencia en Bogotá

En la madrugada del 5 de mayo, Bogotá vivió su noche "trágica y dolorosa", según las palabras de la alcaldesa de la ciudad, Claudia López. 

Esa noche, las protestas se volvieron violentas y, según ha contado en su cuenta de Twitter, al menos 25 comisarias de policía de Bogotá fueron afectadas por las protestas, 19 fueron vandalizadas y 3 quedaron completamente destruidas. Varios policías recibieron disparos y, en una de las dependencias de la policía, se intentaron quemar vivos a 15 agentes. 

"El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra los ciudadanos, contra nuestros bienes públicos, contra nuestra policía, es realmente insólito, lo que ocurrió con nuestros uniformados es inadmisible", dijo López.

En su cuenta de Twitter Iván Duque recriminaba estos hechos: "Bogotá sufre esta noche el ataque de criminales organizados que están siendo enfrentados por nuestra fuerza pública. Rechazamos enfáticamente estos atentados contra integrantes de la Policía de Colombia. ¡Todo el peso de la ley a quienes persistan en la violencia!"

Las protestas, en aumento

Las manifestaciones, lejos de terminar con la retirada del proyecto de ley, se han incrementado. Y lo que empezó siendo una protesta por la reforma económica se ha transformado en una expresión de inconformidad más profunda con la actual situación económica y social del país. 

La pandemia del coronavirus no hizo más que profundizar en una crisis que lleva años castigando a Colombia. La economía colombiana cayó un 6,8% y el desempleo llegó a los 4,1 millones de personas, mientras cerraron más de 500.000 negocios en el último año. 

Además, según los datos de la Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), 2,3 millones de hogares solo ingieren dos comidas al día y 19% de las familias no cuenta con ahorros que le puedan ayudar a superar esta situación.

Para empeorar la situación, el país tampoco está siendo capaz de garantizar el acceso a las vacunas contra la Covid-19. En Colombia se han administrado cerca de cinco millones de dosis, lo que pone al país por detrás de Chile, Brasil y Uruguay en número de vacunados por habitante.

¿Qué está pasando en Cali?

La tercera ciudad con más habitantes del país ha vivido manifestaciones multitudinarias, con imágenes propias de un escenario de guerra, sobre todo por las noches. 

"Tan pronto llega la noche, empieza el sobrevuelo de helicópteros, se escuchan las detonaciones, ráfagas. El miedo de las últimas noches solo lo había sentido una de las tantas veces que estuve en Toribío", explica un periodista en el terreno a Efe. 

Toribío es una localidad del Cauca, enclavada entre dos cordilleras, que sufrió 800 ataques de la extinta guerrilla de las FARC antes de que se firmase el acuerdo de paz con el Gobierno en 2016.

En lo que va de protestas, según cifras consolidadas por varios colectivos y organizaciones, de las 47 víctimas de homicidios durante las manifestaciones, 35 han tenido lugar en Cali, sobre todo entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

Este fin de semana, hombres armados en vehículos de alta gama abrieron fuego contra la minga (marcha) indígena, cuando esta entraba en Cali, a la altura de la zona de Cañas Gordas, hiriendo a 10 miembros de la guardia indígena.

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informaron que sobre las 2:20 de la tarde, la marcha indígena (minga), compuesta por varias camionetas fue atacada "por una turba uribista en conjunto con fuerza pública", que pretendían quitar el bloqueo en esa zona de Cañasgordas, en el sur de la ciudad.

La población indígena con su marcha (minga) ha inundado la ciudad de Cali para unirse a los manifestantes y la guardia indígena patrulla por los barrios para evitar situaciones de desorden público o mediar en los enfrentamientos con la Policía.

¿Qué dice el Gobierno?

La respuesta de Duque a las protestas ha sido ordenar la militarización de varias ciudades "donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos". 

"La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá, en coordinación con alcaldes y gobernadores, hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público", ha dicho.

Tanto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, rechazaron la militarización de las calles de sus ciudades.

Pero este lunes, ante la persistencia de las protestas, Duque insistía en ordenar "el mayor despliegue" de fuerza pública en la ciudad de Cali, mientras que el expresidente Álvaro Uribe llama directamente a la "ocupación militar" de la ciudad.

"En función de las facultades constitucionales que tengo como presidente de la República para acompañar y dirigir las situaciones de orden público local, deben en este momento ustedes garantizar (...) el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública", dijo Iván Duque en un mensaje dirigido a la delegación de Gobierno que se encuentra en esta ciudad, la tercera más importante del país.

Sin dar más detalles de si se refiere a un despliegue militar, como el que permitió hace una semana, o a la Policía que ya se encuentra patrullando en todas las ciudades del país, el presidente hizo ese llamamiento "para brindar toda la tranquilidad en la ciudad de Cali".