Era la una y veinticinco minutos de la madrugada del martes 9 de noviembre en Chile —cuatro horas más en España— cuando el diputado socialista Jaime Naranjo logró su objetivo: mantener su turno de palabra y, de esta manera, evitar la realización de una votación parlamentaria que, con toda seguridad, hubiera perdido.
Llevaba más de 15 horas hablando sin parar, desde las diez de la mañana del día anterior (hora en que comenzó la sesión) y los aplausos y vítores de sus correligionarios fueron el punto final a su esforzado e interminable discurso.
La meta era llegar más allá de las 12 de la noche, momento en el cual el diputado Giorgio Jackson superaba la cuarentena —5 días de aislamiento— por su contacto estrecho con Gabriel Boric —contagiado por Covid y candidato a la presidencia de Chile por el bloque de izquierdas—, incorporándose al Congreso en Valparaíso tras recorrer los 115 kilómetros de distancia desde su domicilio en Santiago.
De esta manera, se pudieron alcanzar los 78 votos necesarios para aprobar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por la millonaria compra venta en 2010 de la Minera Dominga realizada en las Islas Vírgenes.
Dicha operación es objeto de investigación por la Fiscalía del país andino ante la presunta comisión de los delitos de cohecho y soborno por parte del entorno del actual jefe de Estado chileno.
En concreto, se investiga la interpretación de una cláusula donde se hacía depender el cobro de unas cantidades a la no aplicación de cambios regulatorios medioambientales que pudieran obstaculizar el proyecto minero. Hay que recordar que Sebastián Piñera ejerció un primer mandato presidencial en Chile durante los años 2010 al 2014.
Tras una primera pájara que Jaime Naranjo sufrió en torno a las 17:30 horas, el cansancio del diputado, lejos de aumentar, desapareció. Los gritos de apoyo de sus correligionarios —¡Naranjo, Naranjo...!—, así como la asistencia que recibía por parte de éstos en forma de agua, mascarillas, zumos y algo de comida sólida (frutos secos), permitieron al portavoz de la acusación parlamentaria conseguir su objetivo.
También le ayudó la condescendencia del presidente de la Cámara al suspender la sesión durante 20 minutos en dos ocasiones, la última sobre las nueve y media de la noche.
Sentado en su escaño, Jaime Naranjo leyó de forma pausada y con buena entonación durante más de 900 minutos un discurso que llevaba preparado por escrito, compuesto por más de 2.000 hojas. Lectura que tuvo que reiniciar en diversas ocasiones y de esta manera alargar su tiempo, utilizando la argumentación de: "Por si no ha quedado, claro me veo en la obligación de repetir…".
Así una y varias veces, en una maniobra efectiva del filibusterismo parlamentario: técnica de obstrucción para retrasar o bloquear una decisión gracias a la utilización de un discurso de larga duración.
A continuación, tomó la palabra el abogado Jorge Gálvez en representación del presidente Sebastián Piñera, que se unió a este maratón de despropósitos realizando un discurso de... ¡5 horas y media sin interrupción! (excepto un breve descanso de 15 minutos concedido por la presidencia de la Cámara).
Para Gálvez, la acusación presentada por la oposición carecía de fundamentos y suponía un quiebre de la Constitución de 1980. "No se cumplen los requisitos constitucionales para destituir a un presidente elegido democráticamente y, de realizarse, supondría un peligroso antecedente respecto a lo que le podría suceder a futuros presidentes de Chile que quedarían supeditados en su ejercicio a los vaivenes y mayorías del poder legislativo".
Ya eran las 7 de la mañana del martes 9 de noviembre y todavía quedaban por intervenir 12 diputados, ahora, eso sí, por un tiempo máximo de 6 minutos cada uno.
Finalmente, dieron las 8 de la mañana en Chile (12 del mediodía en España) marcándose ahí el punto final de esta sesión histórica con cerca de 22 horas de duración y el resultado final de 78 votos a favor de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, 67 en contra y 3 abstenciones.
Rumbo al Senado
Piñera cada vez más deslegitimado, pero, para hacer efectiva su destitución, la oposición tiene que superar todavía un último obstáculo: obtener la aprobación de la acusación constitucional por parte del Senado. Trámite que, salvo demoras, se pudiera realizar la próxima semana y cuyo resultado, dada la igualdad de fuerzas existente en la Cámara Alta, y como sucede con casi todo en Chile, no deja de ser un misterio, pasando a formar parte de ese realismo irracional por el que se ha despeñado la política chilena.
Fuentes del Palacio de la Moneda declararon que la acusación constitucional tiene como único objetivo conseguir "el desgaste político" del presidente, formando parte de una "estrategia electoral" de la izquierda.
Hace unos días, Piñera explicó que él "nunca participó ni tuvo información alguna del proceso de venta de la Minera Dominga". Asimismo, recordó que "ya en el año 2017 el Ministerio Público había investigado estos hechos, acordando archivar la causa al detectar la inexistencia de delitos".
Para la mayoría de los analistas políticos, la acusación constitucional tiene un doble sentido. Por un lado, hacer ver a la Convención Constitucional, asamblea que se encuentra redactando una nueva Constitución de forma paralela, la necesidad de limitar mucho más los poderes del presidente de la República (pasando incluso a conformar un sistema parlamentario o semipresidencial); y, en última instancia, lanzar un mensaje de fuerza al futuro presidente de Chile, de que puede ser destituido en cualquier momento si no cuenta con el respaldo de un Congreso y Senado a su favor.
Tensión en Chile
Hay que recordar que Chile viene viviendo un clima de alta tensión política durante las últimas semanas, ya que el próximo domingo 21 de noviembre se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales, teniendo lugar también los comicios para la elección de nuevos diputados y senadores.
Las últimas encuestas coinciden en señalar un empate técnico entre el candidato del bloque de izquierdas, Gabriel Boric, y el candidato de la derecha, José Antonio Kast, tanto en primera como en segunda vuelta. Un 20% de indecisos resolverán finalmente la incógnita respecto a quién será el futuro presidente de Chile a partir de su toma de posesión el próximo 11 de marzo de 2022.