La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el primer ministro del país, Alberto Otarola, durante la rueda de prensa.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el primer ministro del país, Alberto Otarola, durante la rueda de prensa. Efe

América

Perú decreta el estado de emergencia y Boluarte culpa a los migrantes de la criminalidad en el país

El gobierno impone el decreto en las fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el "control de los ciudadanos extranjeros".

27 abril, 2023 01:34
Agencias

El Gobierno de Perú declaró este miércoles el estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el "control de los ciudadanos extranjeros" en el país.

"Se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en la zona de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna", anunció la presidenta Dina Boluarte en referencia a todas las regiones peruanas que tienen frontera, a las que se suma Puno, donde ya rige ese régimen de excepción debido a las protestas.

Boluarte afirmó que esta medida "permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de las fronteras con la finalidad de prevenir el orden interno y los derechos constitucionales de la población". Agregó que, en este contexto, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el "control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas".

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La mandataria anunció, sin embargo, que el Ejecutivo planteará al Congreso una "reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera".

"Se trata de la modificación del artículo 165 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas presten apoyo de manera permanente en la vigilancia y el control de nuestras fronteras", insistió la jefa de Estado.

Por su lado, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que el objetivo de la declaratoria de emergencia en las zonas fronterizas es "evitar el ingreso de manera irregular e ilegal" al territorio nacional.

Durante el estado de emergencia, quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Los migrantes, criminales

Estas medidas, que fueron acordadas el miércoles en Consejo de Ministros, se anunciaron poco antes de que Boluarte responsabilizase a los migrantes de la criminalidad que afecta a su país. En rueda de prensa aseguró que son ellos los que "lamentablemente están cometiendo" actos de delincuencia.

"Ustedes mismos son los que transmiten todos los días (...) que quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros, por eso es que tenemos que reformular la ley de extranjería, ver este tema de la migración (...) han entrado 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que están lamentablemente cometiendo estos actos", añadió en declaraciones recogidas por Efe.

Durante la misma, aseguró que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) "permitió el ingreso libre por el norte de Perú" a los migrantes, lo que habría provocado esta ola de migración.

"Tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana", subrayó la mandataria peruana.

Otras medidas

En este sentido, el gobierno de Boluarte también aprobó el miércoles un decreto supremo que modifica el reglamento de migraciones "para que los extranjeros que ingresaron sin control migratorio puedan registrarse vía regularización".

"Esto permitirá regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular", indicó Boluarte.

Asimismo, el Ejecutivo dio luz verde a que la Superintendencia Nacional de Migraciones exonere de multas a los extranjeros que regularicen su situación migratoria en el país.

La presidenta aclaró que esta medida se aplicará únicamente a los extranjeros que ingresaron de manera regular y que por diferentes motivos han devenido en irregular. Alertó, sin embargo, que la amnistía "solo tiene un periodo de seis meses" y que el Gobierno "no será tolerante con mayor ampliación de este plazo".