La oposición teme que la disolución del Parlamento de Ecuador sea un truco de Lasso para volver al poder

Este mecanismo constitucional, conocido como 'muerte cruzada', permite al presidente interrumpir su legislatura —y, por tanto, el juicio político al que se enfrenta— y concurrir a unos comicios nuevos que serán convocados por el Consejo Nacional Electoral en menos de siete días. Hasta que se decida el nuevo mandatario, Lasso gobernará por decreto.

La 'muerte cruzada' está contemplada por la Constitución ecuatoriana de 2008, impulsada por el expresidente de izquierdas Rafael Correa. Su propósito es encontrar una salida a graves crisis políticas nacionales disolviendo mutuamente el Gobierno y la Asamblea Nacional sin necesidad de orden jurídica. Pero la oposición de Lasso denuncia que esta herramienta es sólo una artimaña del presidente para volver a presentarse a unas futuras elecciones y empezar de cero.

Guillermo Lasso, en el centro, declara este miércoles después de decretar su "muerte cruzada". Reuters

Estas acusaciones tienen fundamento: la crisis por la que se ha recurrido a este mecanismo no la está viviendo Ecuador, sino su presidente, que está siendo sometido a un juicio político por malversación de fondos. Lasso, que se cree víctima de "un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo" para destituirlo, denuncia que "todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al Gobierno con un juicio político infundado".

La Asamblea Nacional acusa al presidente por la corrupción de contratos de transporte marítimo de petróleo en una trama en la que se involucró también su cuñado, el empresario Danilo Carrera. Para Lasso, que está en el cargo desde 2021, el Parlamento de Ecuador pretende con su juicio político "la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado", y eso ha sido motivo suficiente para firmar este miércoles el Decreto Ejecutivo 741 mediante el que lo disuelve.

Una pantalla de la Asamblea Nacional ecuatoriana muestra el eslogan "#Lasso Se Va", este martes. Reuters

La oposición es unívoca en que la 'muerte cruzada' es sólo una táctica de Guillermo Lasso para anticiparse a la previsible destitución que resultaría de la moción, y en su lugar poder volver a concurrir en unas elecciones que el Consejo Nacional Electoral deberá de convocar para dentro de 90 días como máximo. Es probable que el actual presidente, cuya popularidad está en mínimos, no salga reelegido. Pero, si sale, su mandato renovado sólo duraría hasta 2025, ya que el calendario electoral volvería a regularse.

Marcela Holguín, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro de Revolución Ciudadana (RC), el movimiento liderado por el expresidente Correa, ha afirmado este miércoles que el movimiento de Lasso es "ilegal", y que el mandatario sólo pretende "evitar la votación final" de una cámara que está firmemente en su contra: 88 de los 116 legisladores presentes aprobaron el pasado 9 de mayo llevar a cabo el juicio político.

La correísta Marcela Holguín, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, comparece ante la prensa este miércoles. Reuters

Los tres partidos mayoritarios en el hemiciclo son de la oposición —47 asambleístas son del RC, 24 del movimiento indigenista Pachakutik y 15 de la Izquierda Democrática—, y su partido sólo llega cuarto, con 13 diputados. Teniendo en cuenta que Lasso habría necesitado el voto de dos tercios de los 137 diputados —es decir, el apoyo de 92 escaños— para salir ileso de la moción de censura, parece comprensible la decisión del aún presidente de interrumpir su mandato.

La quinta agrupación con mayor presencia en la Asamblea Nacional, el Partido Social Cristiano, también se ha manifestado en contra de la decisión de Lasso, y su presidente Jaime Nebot ha anunciado en un comunicado que presentarán "ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar de suspensión del Decreto Ejecutivo 741 del 17 de mayo de 2023".

El PSC consideró que "en lo político y en la práctica, el presidente se ha declarado dictador, aunque sea por corto tiempo", pues gobernará por decreto hasta que se realicen las elecciones, como lo establece la Constitución.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena de Ecuador, afirma que convocará un consejo "extraordinario" para debatir el asunto y tacha la decisión de Lasso de dictatorial. La organización ya había protagonizado protestas generalizadas contra el presidente.

Ante el temor por un posible involucramiento de las fuerzas del Estado, un representante de la Policía ha asegurado que "solamente actuaremos si el orden constituido se viera afectado".