El pasado jueves, Barry Lee Jones (63 años) fue puesto en libertad tras pasar 29 años en el corredor de la muerte por un crimen que nunca cometió. En 1994 fue declarado culpable de violar y asesinar a la hija de 4 años de la que en aquel momento era su novia, Angela Rene Gray.
En mayo de aquel año, Angela encontró a su hija inconsciente en la cama y la llevó al hospital, donde los médicos confimaron su muerte nada más llegar. Jones -por aquel entonces de 34 años- fue interrogado más tarde durante cinco horas y acusado de la muerte de la niña.
Cary Sandman, un defensor público federal, venía denunciando en los últimos años irregularidades tanto en el juicio como en las investigaciones policiales. En primer lugar, la ineficacia de los abogados de oficio designados por el tribunal de 1994 y, en segundo lugar, la "ciencia basura" y el "trabajo policial miope" que dieron como resultado pruebas erróneas contra un único sospechoso, Barry. "El señor Jones pasó casi tres décadas en el corredor de la muerte de Arizona a pesar de la evidencia convincente de que era inocente de los cargos de haber agredido fatalmente a Rachel Gray", dijo Sandman tras la última decisión tomada por el tribunal.
Angela se encontró a la niña inconsciente en la casa donde vivía junto a Barry. Ambos acudieron al hospital de urgencias, en donde declararon la muerte de la pequeña por un "traumatismo abdominal cerrado". El tribunal del caso sentenció que las heridas habían sido producidas por el acusado en ausencia de la madre, ese mismo día.
Las pruebas médicas -que estaban fácilmente disponibles en el momento del juicio- mostraron que la niña no sufrió las lesiones internas fatales durante dicho periodo, sino de manera previa al mismo. Sin embargo, esta evidencia no fue descubierta ni por su abogado litigante ni por su abogado estatal (posterior a la condena).
Barry Lee Jones presentó esta evidencia por primera vez en 2018 en un tribunal federal, para demostrar que su abogado estatal había sido ineficaz al no investigar su defensa y presentar la prueba médica que contradecía el cronograma de la fiscalía.
Sin embargo, en 2022 la Corte Suprema de los EEUU rechazó su recurso y falló en su contra, prohibiéndole presentar cualquier evidencia que no estuviera ya en el registro estatal. En base a ello, Jones no podría argumentar -por primera vez en un tribunal federal- que había recibido la asistencia necesaria por parte de sus abogados para demostrar su inocencia.
En virtud de la Ley Federal contra el Terrorismo y la Pena de Muerte Efectiva (AEDPA, por sus siglas en inglés), los acusados generalmente tienen prohibido presentar nuevas peticiones de hábeas corpus que no se hayan planteado durante su juicio inicial o su apelación a nivel estatal.
Sin embargo, la Corte Suprema sostuvo que había una pequeña excepción a esa regla: Si el acusado pudiera probar que recibió asistencia ineficaz de un abogado (tanto en el juicio como en las apelaciones a nivel estatal) y, que por tanto, nunca tuvo una defensa competente para presentar peticiones en el juicio, en tal caso podría presentar esos reclamos por primera vez durante la revisión federal de hábeas.
En base a ello, la Oficina del Fiscal General de Arizona revisó el caso de manera independiente y acordó un acuerdo de conciliación. Según las conclusiones del nuevo estudio del caso, la niña habría padecido la herida desde el día anterior a su muerte, tiempo en el que Jones debería haber llevado a la pequeña al médico. Por este retraso, que provocó su muerte, el acusado aceptaría el cargo de asesinato en segundo grado (pena ya cumplida durante estos 29 años) y el juez ha permitido su puesta en libertad.