Ecuador llega a las elecciones del próximo 20 de agosto sumido en su "peor" crisis de criminalidad. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio, un crítico de la laxitud del Gobierno de Guillermo Lasso que hizo de la seguridad la prioridad en su programa, ha grabado a fuego un mensaje para la población: esta deriva sólo podrá detenerse en las urnas.
El ataque a Villavicencio ha supuesto el cierre inesperado de campaña para la mayoría de aspirantes a la presidencia, que han anulado su agenda a partir de este viernes. Así, para los votantes los próximos diez días serán jornadas de reflexión. Necesarios para una nación que, hasta ahora considerada pacífica, lleva meses enfrentándose a una violencia nunca vista: motines carcelarios, ataques a la prensa, asesinatos a políticos y más de medio millar de presos muertos desde 2021.
La razón del auge de criminalidad: Ecuador ha entrado de lleno en las rutas regionales del narcotráfico. En las grandes ciudades y los principales puertos, la situación se ha tornado insostenible: en Guayaquil, los asesinatos han subido un 65% en los primeros meses de 2023 respecto al mismo período el año pasado. Esta ciudad costera ya ha superado en peligrosidad a la mexicana Ciudad Juárez.
Un vigilante custodia el lugar del mitin donde el Fernando Villavicencio murió asesinado.
Antes del episodio de este jueves, la seguridad ya era la principal preocupación de los ecuatorianos. Pero las elecciones, convocadas por el presidente Guillermo Lasso después de disolver el Parlamento como salida a un juicio político por corrupción, también decidirán sobre una segunda crisis: la de la libertad de expresión, por la que dos periodistas tuvieron que exiliarse el mes pasado tras recibir amenazas que atribuyen al Gobierno.
Cárceles
El pasado 23 de julio, un motín de presos en el mayor centro penitenciario de Guayaquil dejó 31 muertos y una docena de heridos. Con ellos, el número de reos muertos desde 2021 en las cárceles de Ecuador alcanza los 500. La reyerta forzó a dimitir al director del sistema penitenciario del país este mes. Aunque Guillermo Rodríguez, que así se llama, no es quien controlaba realmente las cárceles: las propias estructuras criminales lo hacen.
Militares realizan un control de armas y estupefacientes en las calles de Quito, el pasado 26 de julio.
El "sistema carcelario es un mercado manejado por esta gente. Ahí se compra y se vende todo lo inimaginable. Dentro de las cárceles se tiene mucho más recursos económicos que fuera de la misma", anotó en una entrevista a Efe el experto en Fernando Carrión, que aseveró que Ecuador atraviesa "la peor crisis de seguridad de su historia".
El Gobierno ya había tomado medidas para evitar un evento como el del mes pasado, pero el constante decreto de estados de excepción no ha parecido ser suficiente. La matanza en la cárcel de Guayaquil no ha parecido animar un cambio, tampoco. El 25 de julio, Lasso respondió de la misma manera que siempre a las huelgas de hambre y a la toma de casi cien agentes penitenciarios como rehenes: declaró otro estado de excepción durante 60 días.
Durante dos meses, se han establecido toques de queda y los militares podrán entrar en las cárceles sin autorización previa. Lasso prometió que "la fuerza del Estado se sentirá dentro de las cárceles y en las calles". En un acto en Guayaquil, pronunció: "Ante la violencia no cabe ningún tipo de división, sino la más férrea unidad [...] Por eso como parte del estado de excepción declarado intervenimos en las últimas horas la Penitenciaría del Litoral", que así se llama popularmente la cárcel del motín.
Narcotráfico
El aumento de la inseguridad en Ecuador lo explica el nuevo rol que el país ha adoptado en el trasiego de drogas por vía marítima y terrestre. El auge de la producción en Colombia desde 2015, cuando se prohibió la fumigación aérea de los cultivos, ha causado que, en los últimos años, "gran parte de la droga ha pasado a través de Ecuador debido a su frontera porosa y a la débil seguridad portuaria". Hoy, la situación es tal que gran parte de "la cocaína que sale de Colombia pasa por Ecuador", según Antoine Vella, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Un agente cachea a un hombre fuera de la Penitenciaria del Litoral tras un motín, el 14 de abril.
Las batallas, tanto entre cárteles extranjeros como grupúsculos locales, en las prisiones del país, son el origen que de los centros penitenciarios se extienden al exterior de las cárceles. Precisamente esto sucedió en la matanza del 23 de julio, cuando las tensiones entre dos bandas rivales, Los Tiguerones y Los Lobos, hicieron estallar un motín que dejó más de una treintena de víctimas mortales.
Ataques a políticos
Dada la cercanía de las elecciones del 20 de agosto, la situación en Ecuador ha llevado a algunos candidatos presidenciales a prometer reformas penitenciarias, incluidos sistemas de vigilancia electrónica y más funcionarios de prisiones. Era el caso del fallecido Fernando Villavicencio, que lamentaba que su país era "un Estado fallido" y prometió "enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y tienen de rodillas a la sociedad".
Presos reunidos en un patio durante una intervención en la cárcel del Litoral, el 26 de julio en Guayaquil.
Según Carrión, el aumento de la violencia tiene "mucho que ver" con las campañas electorales donde se exacerban las tensiones, pues ya en los comicios locales de febrero pasado fueron asesinados tres candidatos a alcaldes y otros siete sufrieron atentados.
Antes de Villavicencio, la última víctima mortal había sido Agustín Intriago, un alcalde popular de la ciudad costera de Manta, que fue reelegido el pasado febrero por Mejor Ciudad, un partido político local, con el 61% de los votos, según Reuters. El pasado 23 de julio, el mismo día del motín de la Penitenciaria del Litoral, recibió un disparo mientras acudía a un evento deportivo en su barrio.
El 16 de julio, una semana antes, había sido asesinado a tiros Rider Sánchez, candidato a diputado nacional por la coalición centrista Actuemos. Cuatro hombres lo hirieron de muerte en Quininde, provincia de Esmeraldas.
El periodismo, en peligro
El problema de la criminalidad ha eclipsado una segunda crisis que afecta a la democracia ecuatoriana en la antesala de las elecciones. El mes pasado, los periodistas Andersson Boscán y Mónica Velásquez, del digital La Posta, declararon que abandonaban el país tras recibir amenazas de muerte. Ambos habían participado en la investigación sobre la corrupción que desembocó en la moción de censura a Lasso. Sin acusar directamente al presidente, Boscán y Velásquez afirmaron que la responsabilidad de "lo que les pueda pasar" debe recaer en el mandatario, según cita Latin News.
Una mujer discute con un miembro de las fuerzas de seguridad ecuatorianas.
El testimonio de Boscán y Velásquez hace evidente la fragilidad de la libertad de prensa en el país: la pareja afirmó haber sido objeto de seguimientos y amenazas cada vez más frecuentes por parte de "diferentes bandas armadas y personas vinculadas a la delincuencia", y reconocieron que existe "una ausencia total de garantías para el ejercicio del periodismo en Ecuador". Según Latin News, La Posta también acusó a Lasso de calumniar a sus periodistas, al calificarles anteriormente de "terroristas mediáticos" y acusarles de blanqueo de dinero.