El Consejo Constitucional de Chile presentó ayer ante una comisión experta su proyecto de carta magna, el segundo intento de sustituir la Constitución del dictador Augusto Pinochet de 1980. Los diputados encargados de la redacción del documento desde el pasado mes de junio han sido en su mayoría miembros del ultraderechista Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast. En total, las derechas obtuvieron 33 de los 50 escaños en las elecciones en mayo para decidir la composición del Consejo.
Después de tres meses de elaboración, la nueva constitución ha visto la luz esta semana. A partir de este sábado, la comisión experta tiene cinco días para proponer modificaciones a la propuesta. El 13 de octubre, las indicaciones se someterán de nuevo al pleno del Consejo Constitucional, que tendrá como fecha límite el 7 de noviembre para entregar el boceto final al presidente, el progresista Gabriel Boric. Posteriormente, el 17 de diciembre será sometido a elección popular.
Lo más probable es que los chilenos rechacen este proyecto de Constitución, como ya hicieron con el documento que el Gobierno de Boric propuso en 2022. En aquella ocasión, el 61,89% de los electores votó en contra de la candidata a carta magna por considerarla demasiado progresista. Esta vez, el caso es el contrario: en vez de pionera en avances sociales, el nuevo proyecto de carta magna se arriesga a dividir Chile por ser demasiado conservadora.
Un "retroceso" en derechos
El documento reconoce "el derecho a la vida de quien está por nacer", otorgando así personalidad al embrión. La propuesta contempla también la objeción de conciencia institucional: de este modo, los trabajadores de farmacias y hospitales podrían abstenerse de dispensar píldoras del día después. Según las detractoras, estos cambios pondrían en riesgo la actual ley de aborto chilena, que ya es bastante restrictiva. Desde 2017, las mujeres en Chile pueden interrumpir su embarazo si este supone un peligro para sus vidas, el feto sufre una inviabilidad de carácter letal o el embarazo es provocado por una violación.
Frustrada la aspiración de un proyecto de Constitución que ampare el derecho el aborto, la ambición por un "Estado social y democrático de derecho" también se ve truncada por el documento recién presentado. Este era un anhelo de Boric, que ganó las elecciones tras el estallido social de 2019. En el proyecto de carta magna de 2022, el Gobierno quiso dejar el legado de haber consagrado a Chile como un Estado social y democrático de derecho que albergara en su ADN principios como el de solidaridad. Ahora, la carta candidata a regir Chile promete mantener el Estado subsidiario de la constitución neoliberal de 1980.
Otros puntos de la futurible constitución abordan cuestiones de sanidad, migración, vivienda y feminismo. "Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado", reglamenta el documento. Se aseguran también la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados y la exención tributaria de la primera vivienda, una medida que beneficia a las personas de mayores ingresos. El Consejo Constitucional también ha decidido eliminar la paridad de género en el Parlamento de cara a las próximas elecciones.
Lo expuesto significaría un "retroceso" para buena parte de los chilenos, que han salido en masa a protestar a las calles de Santiago y otras ciudades del país con pancartas que leían mensajes como: "¡Yo rechazo!". Como pasó hace poco más de un año, se prevé que el país vote en contra de este proyecto de Constitución en diciembre. La encuestadora Cadem estima que un 54% de los chilenos votaría ahora "en contra", y sólo el 24% "a favor". Aun si ese es el resultado, este documento de derechas sería más exitoso que el del pasado septiembre, que tuvo a casi el 62% de los votantes en contra.
Una esvástica en la 'Kastitución' que los manifestantes pasearon por las calles de Santiago de Chile.
La rigidez con la que el Consejo Constitucional ha elaborado este documento no ayuda a reconciliar a los distintos sectores políticos de Chile, desde luego. Si el proyecto no sale adelante, el proceso constituyente puede tornar una partida de ping-pong entre el progresismo de Boric y el republicanismo de Kast. "Lo aprobado hasta ahora amenaza con hacernos retroceder décadas en derechos sociales, laborales y libertades individuales. (...) intentando consagrar un sólo sistema de creencias", ha reaccionado la expresidenta socialista Michelle Bachelet. Por ahora, todo apunta a que la fuerte polarización política, después de los años, seguirá imperando en Chile.