El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ya ha encontrado un segundo uso para sus duras medidas de ajuste económico. Además de revertir la crisis financiera, el desmantelamiento del sistema de ayudas está sirviendo al Gobierno ultraliberal para coaccionar a toda una población. Este lunes, de cara a una manifestación convocada el jueves contra el nuevo mandatario tras apenas diez días de gestión, la administración de Milei confirmó que aquellos beneficiarios de planes sociales que participen en piquetes que corten las carreteras del país dejarán de cobrar sus subsidios.
El anuncio lo emitió Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, una cartera creada por el nuevo Gobierno para aglomerar los antiguos ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Bajo el eslogan "El que corta no cobra", Pettovello explicó que manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Por ello, "los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano", prometía el comunicado, recordando que los únicos que se verán afectados serán "los que vayan a la marcha y corten la calle: el que corta no cobra".
Esta medida sale a la luz dos días antes de una gran protesta convocada por movimientos sociales y partidos de izquierda para el jueves 20 de diciembre en conmemoración de las protestas que por estas fechas en 2001 lograron la dimisión de Fernando de la Rúa, un presidente que llevó a Argentina a un clima de hiperinflación y pobreza similar al de hoy. Aquellos disturbios, que se saldaron con 39 fallecidos, se conocen hoy como el 'argentinazo', y son una referencia para la lucha de izquierdas en el país sudamericano.
Comunicado de Sandra Pettovello, ministra argentina de Capital Humano.
La ministra Pettovello ha dedicado también un mensaje a los argentinos bajo presión por acudir a las manifestaciones: "Sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan. Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales", ha asegurado. Además cuestionó a las "madres" beneficiarias de planes que llevan a sus hijos a las marchas y sostuvo que es "innecesario" exponer a los niños "al calor y a la violencia de las manifestaciones".
Incluso la aplicación Mi Argentina, diseñada para la gestión online de tramitaciones con la administración, daba la bienvenida a sus usuarios esta semana: "Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte. Si sos beneficiario/a de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amenaza de que vas a perderlo. Podés denunciar anónimamente al 134. Que tengas una navidad y un fin de año en paz", dice la plataforma. Con el 134, el Gobierno se refiere a una línea de ayuda telefónica para que cualquier ciudadano pueda denunciar las amenazas de los piquetes.
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Aunque el anuncio de la medida para el jueves ha recaído en manos de la ministra de Capital Humano, todo el protocolo antipiquete es competencia de la ministra de Seguridad de Milei: la excandidata de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. El pasado jueves, Bullrich anunció que las fuerzas federales de seguridad intervendrán para impedir cortes de calles y carreteras y bloqueos a empresas como forma de protesta sindical o social si no se cumplían unas normas concretas que, entre otras cosas, establecen que las marchas sólo podrán llevarse a cabo sobre las aceras.
Además, el protocolo de Bullrich prohíbe protestar con el rostro cubierto o llevar niños a las marchas, y da a las autoridades potestad para notificar a las oficinas de migración si los manifestantes son extranjeros. Las fuerzas de seguridad aplicadas al operativo podrán portar armas de fuego, también llevarán a cabo un registro de las organizaciones implicadas. A los integrantes de las citadas fuerzas se sumarán los miembros del Servicio Penitenciario Federal. "Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia", informó la funcionaria. "Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia", alertó Bullrich.
El 'argentinazo' de 2023
Cerca de 80 organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de izquierda de toda Argentina han adoptado las consignas de las protestas de 2001 para, 22 años más tarde, manifestarse contra el Gobierno. Esta vez, el 'argentinazo' marcha contra el el protocolo 'antipiquetes' de Milei y los ajustes económicos de su ministro Luis Caputo. Al menos 50.000 personas caminarán desde el Congreso argentino hasta la Plaza de Mayo, en Buenos Aires.
"El plan de ajuste brutal contra los trabajadores, claramente nos obliga a salir a protestar y reclamar que están dejando a miles de familias sin comida, a los jubilados en la indigencia y a los asalariados a punto de perder su trabajo", expresó a Efe el dirigente del Polo Obrero y referente piquetero, Eduardo Belliboni. En este sentido, Belliboni indicó que escucharon el protocolo presentado por la ministra con mucha preocupación porque consideran que lanzó "amenazas inconstitucionales, ilegales y antidemocráticas". "No sólo vamos a tomar las medidas necesarias para que se garantice esa movilización democrática y pacífica, sino que vamos a generar acciones legales contra la ministra por las amenazas que ha vertido contra los trabajadores por el derecho a manifestarse", adelantó el dirigente piquetero.
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Sobre la prohibición de manifestarse en la calzada de las vías, Liliana Alaniz, abogada especializada en crímenes de lesa humanidad e integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, afirmó a Efe: "Tenemos un derecho constitucional y supranacional, que está aceptado por diversos organismos e instituciones de derechos humanos, como la Corte Interamericana. Son derechos universales y reconocidos desde el siglo pasado, no es algo que estamos inventando ahora".
El nuevo protocolo 'antipiquetes' fue presentado bajo un delicado escenario social y económico, ante el que el Poder Ejecutivo lanzó duras medidas de ajuste en un contexto inflacionario del 160,9% interanual y con una pobreza del 45%. "El 20 de diciembre es un día simbólico para la Argentina, fue una gran rebelión popular que tiró abajo un Gobierno muy ajustador contra el pueblo. Esta marcha que se viene tiene un valor muy fuerte porque Milei acaba de anunciar un ajuste de los más grandes en la historia del país", dijo a Efe el diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano.
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"El anuncio de la ministra [de retirar las ayudas a quienes se manifiesten sobre las aceras] viola la Constitución Nacional, la única forma que el Gobierno tiene la posibilidad de algo así es mandar al Congreso una ley de Estado de Sitio, pero eso no ocurrió. Lo que está haciendo Bullrich es un acto de intimidación pública", explicó el diputado. "Esta historia de los protocolos no es nueva, ya en el 2016 lo intentaron aplicar y se los tuvieron que guardar porque no los pudieron poner en marcha porque es tan alto el grado de movilización que es imposible de aplicar", recordó a Efe la secretaria general del sindicato docente de la Universidad de Buenos Aires, Iliana Schelotto.