Los sindicatos echan un pulso a Milei: convocan huelga general y toman la calle pese a la nueva ley

La ley, titulada 'de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos', desregula la economía y presenta medidas que han sido tachadas de iliberales. Entre otras cosas, prohíbe las reuniones en espacios públicos de más de tres personas sin aviso previo a las autoridades. Por la minoría que ostenta su formación en el hemiciclo, Milei ha conferido al proyecto estatus de decreto de necesidad y urgencia (DNU). Así, hoy —y hasta 2026— entran en vigor 366 artículos que sólo podrán ser derogados si el Senado o la Cámara de Diputados lo solicitan explícitamente.

Contra el DNU se manifestaron cientos de personas el jueves en la Ruta 3, una carretera nacional que cruza Argentina desde Buenos Aires hasta Ushuaia, al extremo sur. A la altura de La Matanza —uno de los municipios más humildes de Buenos Aires y, a la vez, de los más combativos— se han congregado organizaciones sociales y del movimiento piquetero, lideradas por el sindicalista Luis D'Elía de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV).

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El dirigente de la FTV, formada principalmente de personas desempleadas, dijo a Efe desde la carretera cortada: "[Nuestra] pelea en la calle será hasta que caiga el DNU".  La huelga general del próximo mes vendrá acompañada de una movilización frente a la sede del Congreso, en vísperas del debate de la llamada 'ley ómnibus' que tendrá lugar el 25 de enero en el hemiciclo.

Bajo el lema 'Ni un paso atrás', la CGT propuso una jornada de 'paro nacional' de 12 horas. Para entonces, el sindicato pretende coordinar reuniones con el resto de las centrales obreras de Argentina para articular medidas en conjunto. Mientras, D'Elía coincidía en los cortes de la Ruta 3 con representantes de a Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Sindicato de los Canillitas y otras agrupaciones provinciales y locales.

Según el protocolo de protestas de la nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los manifestantes de este jueves incurrieron en una infracción. La normativa aprobada por la excandidata presidencial y ahora miembro del Gabinete de Milei prohíbe la toma de calles y carreteras durante las marchas y propone severas sanciones a quienes lo incumplan. Pese a ello, las fuerzas policiales y de seguridad no llegaron a intervenir en los cortes de la Ruta 3 de anoche.

Ataques al derecho a la protesta

El proyecto de 'ley ómnibus' de Milei incluye medidas que endurecen las restricciones y sanciones penales para quienes corten el tránsito. Sin embargo, llama la atención por un requisito insólito relacionado con las reuniones en espacios públicos. Según el documento publicado por el Gobierno esta semana, los argentinos tendrán que pedir permiso al Ministerio de Seguridad de la Nación para cualquier reunión de tres o más personas.

Los piquetes 'cortan' la Ruta 3 de Argentina a la altura del partido bonaerense de La Matanza, este jueves. Twitter

Además de las modificaciones al Código Penal, el proyecto define las reuniones o manifestaciones como "congregaciones intencionales y temporales de tres o más personas en un espacio público" con el propósito de ejercer el derecho a la protesta. Si la ley es aprobada, estas reuniones deben notificarse al menos 48 horas antes al Ministerio de Seguridad, proporcionando detalles como el motivo, el recorrido, la duración y la cantidad estimada de participantes. Se otorgará un comprobante que los organizadores deben tener durante la convocatoria, siempre que no afecte el tránsito.

Estas medidas han generado controversia, especialmente entre expertos y abogados constitucionales. Varios de ellos han expresado a Infobae que la exigencia de autorización previa ataca el derecho a la protesta, ya que las manifestaciones pueden ser espontáneas. Además, se señala que el Ministerio de Seguridad podría discriminar en la autorización según el contenido político de las manifestaciones. También se critica el aumento de penas por delitos de resistencia a la autoridad, que afectaría a diversas situaciones callejeras. El proyecto ha suscitado preocupación por su impacto en la libertad de expresión y el derecho de reunión, siendo calificado como una posible prohibición indirecta de las manifestaciones públicas.