La maniobra de Maduro para seguir en el poder de Venezuela: obstaculizar el voto en el extranjero

La represión a la disidencia política y la severa crisis económica y social de los últimos años, han producido un éxodo de ciudadanos sin precedentes en la historia del país sudamericano. Ahora, en poco más de dos meses, con una nueva elección, la ilusión de que vuelva la democracia está más encendida que nunca. No obstante, son muchas las trabas. 

Para el extranjero, Maduro se jacta de impulsar unas elecciones libres, abiertas y competitivas. Para sus adentros, él y su gobierno inhabilitan a candidatos opositores, sacándolos de la carrera electoral, y copan de obstáculos a los ciudadanos que residen en el extranjero y que desean votar. Los comicios son el 28 de julio y serán millones los venezolanos que, aun queriendo participar, no podrán hacerlo.

De los ocho millones que han emigrado en los últimos años, sólo cinco tienen derecho a votar, excluyendo a los menores de edad. De esa suma, la gran mayoría está teniendo problemas para inscribirse y acudir a los centros de votación ese día. El régimen de Maduro ha levantado una estrategia que desmotiva la participación. Creen que así, será mayor la posibilidad de mantenerse gobernando.  

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En una entrevista con el escritor Andrés Oppenheimer, Leopoldo López, líder opositor en Venezuela y preso del régimen en su momento, señaló que además de los problemas afuera, existen otros cuatro millones de venezolanos que viven en el país y que tampoco pueden registrarse. Lo último significaría que el 25% de los votantes, es decir, uno de cada cuatro, no podrá ser parte de la contienda electoral.

Estados Unidos y España 

Donde más problemas habrá será en Estados Unidos, país en el que viven más de 500.000 venezolanos. Desde 2019, año en que el gobierno de Donald Trump rompió relaciones con Maduro, no hay consulados en donde registrarse para votar. Datos oficiales señalan que 36.000 de los 107.000 que están registrados correctamente para participar de la elección residen en EEUU. 

Lo cierto es que el vínculo entre ambos países está en un punto muerto. El presidente Joe Biden reactivó hace algunas semanas las sanciones económicas, precisamente por no ver al régimen encaminándose a unas elecciones plenamente democráticas. La inhabilitación de la líder de oposición, María Corina Machado, y de su sucesora Yorina Coris, le hicieron retomar sus castigos al petróleo. La economía venezolana, poco diversificada, ha sufrido graves consecuencias a partir de esa acción.

En el caso de España, país al que también ha emigrado una importante cantidad, se critica que los consulados abiertos sólo tienen a un empleado para atender a miles de personas que buscan que se les autorice su derecho a voto. Las largas filas para esperar el servicio y las complicaciones que vienen después de haber iniciado el trámite, hace que muchos opten por retirarse del lugar e ir a sus casas. 

También es necesario destacar que en los cónsules, muchos funcionarios son afines al régimen, detalle que hace aún más desesperanzador un eventual progreso. Varios creen que son los mismos consulados los que buscan desincentivar la participación y la transparencia. Así las cosas, difícil. 

Estrategia en marcha 

Desde que ocurrió la inhabilitación ilegal de Machado, que las esperanzas de una elección verdaderamente libre son escasas. La líder opositora había ganado las primarias, poco antes de que le sacaran de competencia, con cerca del 92% de los apoyos. Si bien ahora el candidato unitario es Edmundo González Urrutia, era Machado la máxima candidata a sustituir a Maduro y dar paso a la transición a la democracia.

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Entre los obstáculos para quienes viven en el extranjero, destaca que quien no registre su dirección o viva en el país de forma ilegal, no puede participar. El requisito de residencia, cabe decir, disminuye sustantivamente el margen de votantes al no tener muchos de los migrantes una condición legal. Por otra parte, muchas de las misiones diplomáticas exigen 'estatus permanente', haciendo insuficiente el permiso de residencia temporal. El pasaporte, de costo altísimo, es otro de los problemas.

En el consulado venezolano de Bogotá, capital de Colombia, se exige que el documento de residencia permanente tenga una vigencia mínima de tres años a la fecha actual y que se haya expedido con al menos un año de anticipación. Obligación que contrasta con el sistema que impera en Venezuela, donde cualquier interesado que disponga de una residencia o de cualquier otro sitio que valide su legalidad, puede hacerlo. 

La estrategia está en marcha, los plazos de inscripción cesaron, y las sospechas de que el régimen continuará con acciones de este tipo crecen cada día. Poco se sabe si González Urrutia podrá seguir compitiendo o si sufrirá la misma suerte que Machado o Yoris. Poco se sabe, también, si es que de la noche a la mañana Maduro resuelve suspender las elecciones y convertir a su gobierno en uno aún más dictatorial.