El pasado lunes, en la ciudad de Panamá, José Raúl Mulino asumió la presidencia de su país. Sin embargo, fue tres días antes que eso, en plena tarde de día viernes, cuando decidió anticiparse y anunció un acuerdo internacional que tendrá múltiples efectos tanto para su país como para varios otros dentro de América Latina.
Anunció, en ese entonces, que apenas sea reconocido como mandatario de su nación, firmará un memorándum de entendimiento con Estados Unidos, con el objetivo de repatriar de modo conjunto a los emigrantes que crucen la selva del Darién. Un paso fronterizo que si bien reside en Panamá, es ocupado día a día por cientos de venezolanos, colombianos, ecuatorianos e incluso asiáticos. La búsqueda del 'sueño americano' llevaría años produciendo una crisis económica y social sin precedente.
Tal como lo dijo, lo hizo. Mulino arrancó su mandato tomando una posición firme y clara con respecto a la crisis migratoria, y lo hizo nada menos que con el Gobierno de Joe Biden, el presidente de un país que tiene en esa materia uno de sus principales desafíos. Sobre todo, cuando se trata de un año que será marcado por las elecciones.
En el acuerdo se establece que la Administración de EEUU "se compromete a cubrir el gasto de la repatriación" de migrantes que crucen por el Darién, la frontera que tiene Panamá con Colombia, y que es cotidianamente utilizada como paso idóneo para llegar a territorio norteamericano en busca de más y mejores oportunidades.
Antes de conocerse el detalle del memorándum, Mulino reconoció estar sorprendido con lo que le ha tocado observar de la selva. "Sin ánimos de parecer exagerado, estoy profundamente impresionado de lo que vi. Es una crisis humanitaria de dimensiones incalculables, imparable, producto de las situaciones internas de algunos países vecinos". Uno de ellos, es justamente Colombia, que se ha opuesto a la medida.
Las estadísticas son contundentes y respaldan la idea de tomar iniciativa. En los primeros meses del año, más de 185.000 migrantes cruzaron la selva, siendo la gran mayoría de ellos venezolanos (122.616), seguido por ecuatorianos (12.839) y colombianos (12.059). Todas estas naciones tienen en común un rápido deterioro en su calidad de vida y gobiernos que no han conseguido dar estabilidad a su población.
Estados Unidos, en tanto, ha insistido en sus compromisos. Según dicta el acuerdo, los equipos encargados de ese país ayudarán al Gobierno de Panamá a capacitar su personal y elaborar una estrategia para discernir qué migrantes deben ser expulsados con efecto inmediato. Los costos de cada una de esas expulsiones serían asumidos directamente por la Casa Blanca. Así lo confirmó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EEUU, quien participó de la mesa de negociaciones.
Los recursos invertidos y los esfuerzos en terreno serían compensados con una disuasión de la migración irregular y con enfrentar, cada vez con mayores capacidades, el enriquecimiento de las redes de contrabando que hay en la frontera. Según coinciden las autoridades de los dos gobiernos firmantes, son los narcotraficantes los mayores responsables, quienes a través de la trata de personas, alimentan las arcas de su negocio transnacional.
Panamá, nunca más una autopista
Desde la Casa Blanca han señalado que de ser necesario, ellos mismos pagarían vuelos directos o billetes de aviones comerciales hacia los países de origen de los migrantes que crucen la selva. La nueva administración de Mulino, en tanto, ha dejado de manifiesto en muchas ocasiones su intención de acabar con este problema.
"No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Ese dinero producto de lucrar de la desdicha humana es un dinero maldito", sostuvo el jefe de Estado centroamericano". En sus cálculos, el costo económico de esta crisis "humanitaria" estaría en torno a los 100 millones de dólares anuales, cifra que no tiene cabida en una nación que aún lidia con serios problemas sociales, como es la delincuencia y la desigualdad.
Sólo en 2024 una suma de 195.000 personas ha atravesado la selva, siendo en su mayoría ciudadanos con origen en Venezuela, un país que lleva años lidiando con una dictadura políticas y una pobreza que sólo sube. El año anterior, en 2023, fueron más de 520.000 los individuos que se decidieron a caminar por el Darién. Un número que las autoridades buscan evitar a toda costa. Así lo evidenció el Gobierno de Joe Biden, cuando días atrás, firmó una orden ejecutiva que endurecía las reglas fronterizas con México.