"El silencio no es opción": el informe que advierte una violación sistemática a los DDHH en El Salvador

'El silencio no es opción' es el nombre con el que se titula la investigación. Una de las mayores conclusiones del informe es que el régimen de excepción establecido por Bukele no sólo serviría para proteger a la población de la delincuencia, sino que también para silenciar voces opositoras. Es la sexta edición de una ONG que desde sus inicios se ha comprometido por velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

A las cifras positivas que resaltan día a día las autoridades de Gobierno, perfilan otras que encienden las alarmas. Según cifras del informe, 261 personas han muerto bajo custodia del Estado en las prisiones, siendo la conocida 'megacárcel' la que más decesos concentra. Entre los motivos de los fallecimientos destacan razones patológicas por ausencia de tratamientos de salud, hechos asociados a la criminalidad y violencia extrema. En un 28% de los casos no se ha hallado un motivo, lo que aumenta aún más las dudas sobre lo que ocurre dentro.

"Una narrativa de odio, hostigamiento y estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos y de las voces críticas", dice el informe. Según sus autores, en El Salvador existe un riesgo para todo aquel que defienda posiciones disidentes o exprese una opinión crítica sobre la ruta que ha ido marcando el actual gobierno. Como ejemplo, se señalan distintas detenciones en zonas rurales a líderes comunitarios, defensores del medioambiente y sindicalistas públicos o de entidades municipales. 

De las muertes bajo custodia estatal analizadas, cuatro de ellas corresponderían a menores y 17 a mujeres. Además de los números, el informe constata que las autoridades penitenciarias en muchos casos se ensañarían contra las mujeres y las discriminarían por su rol de pareja, hermana, madre o amiga. Muchas de ellas serían relacionadas con grupos criminales sólo por compartir un vínculo. O peor: Cristosal denuncia violaciones y agresiones sexuales varias de parte de custodios penitenciarios, además de abortos y muertes de bebés al nacer por falta de atención médica. 

Cabe recordar que el régimen de excepción establecido por el mandatario comenzó una vez que el Estado tuvo un quiebre en sus conversaciones con las pandillas que en ese entonces gobernaban gran parte del territorio del país. Aquel día, el sábado 27 de marzo de 2022, la nación fue testigo de la jornada más letal de su historia, con 62 homicidios resultantes de los combates emprendidos. Justo en ese tiempo Bukele se encontraba en medio de una candidatura presidencial que lo obligó a tomar medidas.

Se trata de una estrategia de seguridad que limita una serie de libertades individuales y que permite el despliegue de militares en gran parte del territorio. Se trata de una estrategia, además, que en un inicio iba a extenderse por sólo 30 días, pero que ya lleva más de dos años en acción, con 80 mil personas detenidas a raíz de ella. Para más de una organización de derechos humanos, una de las grandes motivantes de Bukele para sostener su política en el tiempo es precisamente tener menos limitantes al momento de perseguir a potenciales delincuentes. Aun si eso significa vulnerar cuestiones tan fundamentales como es el debido proceso. 

El Gobierno aún no se pronuncia sobre las acusaciones vertidas en su contra. Bukele se mantiene convencido de la necesidad de sus acciones y no parece que vaya a acabar con el régimen de excepción, así como tampoco dar marcha atrás en su rigurosa fiscalización de las cárceles. Menos, si es que permanece con su popularidad ciudadana en alto y cada vez más líderes le valoran su actitud sin dobleces, como fue el caso de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en su última visita a El Salvador.