Milei aplica 'la motosierra' a los jubilados y veta una ley que sube las pensiones: 'Viola el marco jurídico'

Así, los pensionistas españoles aventajan 588 por ciento en ingresos a sus pares argentinos, pese a que los precios de los alimentos y la vestimenta son similares en España y Argentina. En comparación, las pensiones argentinas son misérrimas. Se calcula que más de cinco millones de pensionistas argentinos malviven hundidos en la pobreza, pues sus ingresos no llegan a la cesta básica de la compra: 717.020 pesos (equivalente a 478 euros).

En suma, la subida del IPC ha ascendido al 134,62 por ciento desde el diciembre pasado, cuando el presidente argentino, Javier Milei, desembarcó en la Casa Rosada, hasta el mes de julio, pulverizando casi el 40 por ciento el poder adquisitivo de las pensiones.

Pensionistas se manifiestan en las calles argentinas.

Frente a ese panorama de empobrecimiento acelerado de la gente adulta, los bloques de la oposición en el parlamento debatieron y aprobaron días atrás por amplia mayoría una ley de mejora de las pensiones.

El principal progreso ha sido aumentar 20.000 pesos mensuales a cada jubilado, o sea un 8 por ciento de la pensión mínima, y establecer un índice de actualización trimestral que incluya las subidas salariales y la inflación.

Pero el mandatario anarcocapitalista, que viene aplicando un ajuste de shock del gasto público, también llamado 'plan motosierra', reaccionó tildando de "degenerados fiscales" a los parlamentarios que aprobaron dicha ley. Porque, según él, la nueva norma a favor de los jubilados tiraría por la borda lo conseguido en materia de superávit fiscal y desordenaría las cuentas públicas. "Tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno", remató.

Por lo tanto, Milei ha vetado la nueva ley. "Es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento", aseguró en el veto.

Según las explicaciones de la Casa Rosada, "el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto". Y detalló que se trata de nuevos desembolsos por parte del Estado que "equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante".

Además del recorte monetario, Milei también ha aplicado 'la motosierra' a la entrega de medicamentos, gratuitos o a menor precio, que la seguridad social daba a los jubilados y pensionistas. En total, unos 60 remedios menos del vademécum.

Paradójicamente, a la vez que recorta a los jubilados, el presidente anarcocapitalista, que prometió acabar con el Estado, ha reforzado con 67 millones de euros el presupuesto de la secretaría de Inteligencia, dedicada a las cloacas de la administración.

Aunque en Argentina no hay movimientos de pensionistas como los de Bilbao, Madrid o Valencia, centenares de ellos se largaron a la calles en protesta frente a la 'motosierra' de Milei. El miércoles 28 marcharon al parlamento y no lo pasaron bien.

Policías antidisturbios y camiones lanzaagua emprendieron a palazos y gas pimienta contra ellos, muchos de los cuáles terminaron con brechas en la cabeza. El próximo miércoles 4 se prevé que haya otra protesta.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, alertó que "el veto presidencial es una resabio monárquico". Y consideró que "el ajuste (fiscal) lo están pagando los jubilados dando su vida, no la casta (política)".

La policía se enfrenta a los manifestantes que protestan por las pensiones en Argentina.

Algunos jubilados, con apoyo de partidos de izquierdas, han iniciado una campaña de recogida de firmas para respaldar la nueva ley. Aspiran a conseguir 1 millón de suscripciones y entregar el petitorio a los legisladores.

El veto de Milei a la nueva ley jubilatoria obliga a que ésta regrese al Congreso de los diputados y el Senado para su nuevo tratamiento. Si ambas cámaras la volvieran a aprobar por más de dos tercios de los votos, la norma quedaría firme y el Presidente deberá cumplirla.