Preocupados por el futuro de los indocumentados en la Administración Trump, congresistas republicanos y demócratas buscan proteger a una generación de jóvenes sin papeles -los llamados dreamers- de la deportación.

En 2012, la Administración Obama emitió la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) para blindar temporalmente de la devolución a sus países de origen a jóvenes indocumentados y permitirles trabajar legalmente en Estados Unidos. Unos 750.000 jóvenes se benefician del programa.

Pero durante la campaña electoral, Donald Trump prometió expulsar a los once millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y eliminar DACA, que como decreto puede ser derogado a golpe de bolígrafo.

Tras imponerse en las urnas, Trump moderó su discurso y dijo que deportaría a unos dos millones de sin papeles con historial delictivo. Y en una entrevista con Times en diciembre, el republicano reconoció que los dreamers estaban en “tierra de nadie” y aseguró que encontraría “una solución que hará que la gente se sienta feliz y orgullosa”.

Adelantándose al nuevo presidente, el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham y el senador demócrata por Illinois Dick Durbin presentaron a finales de 2016 un plan para convertir DACA en ley y extender la protección que reciben los beneficiarios del programa otros tres años. La propuesta recibe el nombre de BRIDGE Act (acrónimo que lee como “puente”).

Ahora con el nuevo Congreso constituido, los políticos han vuelto a radicar la propuesta en el Senado mientras que un grupo de congresistas de ambas bancadas lo ha hecho paralelamente en la Cámara de Representantes.

“En mi opinión, la acción ejecutiva DACA del presidente Obama es inconstitucional y el presidente electo Trump tendría razón al derogarla”, declaró Graham en un comunicado al reintroducir la propuesta a mediados de mes. “Sin embargo, creo que no sería correcto empujar a estos jóvenes hombres y mujeres -que salieron de las sombras y se registraron con el Gobierno federal- de nuevo a la oscuridad”.

“Es una oportunidad para que aquellos a favor y en contra de DACA se unan y aborden una cuestión humanitaria”, afirmó Durbin, que ve la legislación como una solución transitoria mientras se prepara una reforma integral del sistema migratorio.

Aun siendo de partidos opuestos, Graham y Durbin han trabajado juntos en el pasado. En 2013, los senadores integraron la llamada “Pandilla de los Ocho”, un grupo de legisladores rojos y azules que presentó un proyecto que abría las puertas a la nacionalidad para indocumentados al tiempo que reforzaba la seguridad fronteriza. El Senado llegó a aprobarlo, pero la Cámara de Representantes nunca lo llevó a pleno.

Mientras Graham y Durbin, arropados por otros cinco senadores de las dos grandes formaciones, impulsan el BRIDGE Act en la cámara alta del Congreso, el congresista Republicano Mike Coffman y el demócrata Luis Gutiérrez hacen lo propio en la baja con el respaldo de otros seis diputados que “copatrocinan” la medida.

“Es el puente para once millones. Los primeros que pasarán son los 750.000 'soñadores'”, aseguró Gutiérrez, representante del distrito 4 de Illinois, en español al dar a conocer el proyecto ante las cámaras.

OBAMA DEFIENDE A LOS 'DREAMERS'

Numerosas voces se han alzado a lo largo del país para proteger a la generación dreamer (nombre que procede de un proyecto de ley conocido como Dream Act, que nunca fue aprobado), desde alcaldes a asociaciones de empresarios hasta al propio expresidente Obama.

Al inicio de enero, Obama dijo al Congreso que había hablado con Trump sobre la importancia de proteger a los dreamers y el legado de DACA. En su última rueda de prensa el pasado miércoles, Obama sugirió que protestaría contra la Administración Trump si se vulnerasen los derechos de los jóvenes indocumentados.

“Son amigos de nuestros hijos y sus compañeros de clase, entran en centros de educación superior y en algunos casos sirven en el Ejército”, afirmó a los periodistas. “La noción de que pudieran ser arbitrariamente castigados, o por culpa de la política, cuando no han hecho nada malo, creo que merecía que alzase la voz”.

Expertos de ideologías opuestas han defendido los beneficios económicos de mantener a los dreamers en Estados Unidos.

Un estudio del progresista Center for American Progress indica que DACA ha sido un “motor principal de crecimiento económico” que ha además mejorado las vidas de los beneficiarios del programa.

Por su parte, el libertario Cato Institute ha concluido que “cualquier coste es compensado con diferencia por los beneficios que derivan de inmigrantes que pueden trabajar abierta y legalmente, pagar impuestos, sostener programas de ayudas públicas, crear empleo, innovar y tener hijos que algún día harán lo mismo”.

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