En los EEUU de Trump, el sueño americano resiste en la universidad. Después de que el presidente se cargara de un plumazo la legislación que protegía a los ‘dreamers’, es el mundo académico ya se moviliza para evitar una fuga de cerebros.

La normativa aprobada por Barack Obama -DACA- ha permitido a miles de jóvenes inmigrantes indocumentados vivir, estudiar y trabajar en el país de forma legal. Ahora, con la legislación anterior derogada y la nueva a la espera de complicados pactos políticos entre republicanos y demócratas, el destino de 800.000 ‘dreamers’ está en el aire.

La Universidad de California, en cuyas aulas hay unos 4.000 alumnos acogidos al programa de inmigración ahora en suspenso, ha demandado incluso a la administración Trump para evitar que los ‘dreamers’ huyan de sus aulas: “Se enfrentan a la expulsión del único país al que pueden llamar ‘hogar’”, defiende la demanda.

La máxima responsable de la Universidad de Harvard, Drew Faust, es una de las voces más activas en contra de la ofensiva de Trump contra la inmigración. “Esta cruel medida no reconoce ni la justicia ni la misericordia”, denunciaba poco después de conocer la decisión del presidente estadounidense.

La prestigiosa institución educativa de Massacussetts emitió un comunicado en el que reiteraba su compromiso con todos los alumnos que pudieran verse afectados y anunció la contratación de un abogado que ofrecerá asesoramiento legal a todos los estudiantes que lo necesiten.

La indignación de la comunidad educativa hizo incluso que un gran número de profesores de Harvard se manifestara en las calles para luchar por los derechos de los dreamers. Treinta de ellos fueron detenidos por bloquear una avenida de la ciudad. “Quisimos enviar un mensaje a nuestros estudiantes, vamos a luchar por ellos”, defendía a Univisión Kirsten Weld, organizadora de la protesta y una de las arrestadas.

Otras universidades del país se han unido a la ofensiva y han condenado en términos parecidos el final de este programa para los inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores. La Universidad de Stanford, en el estado de California, se ha comprometido a seguir trabajando sin descanso para hacer lobby y conseguir una reforma de las leyes migratorias que permita seguir recibiendo estudiantes, empleados y académicos que “refuercen el compromiso educativo de la institución”.

Además de la presión en la calle y los mensajes de apoyo, universidades como la de Berkeley en California están promoviendo ofrecer cobertura legal gratuita a sus estudiantes indocumentados. Campus como el de Georgetown, San Diego o Iowa, también se han sumado a esta iniciativa que busca agotar todas las vías legales de los estudiantes ante lo que pueda pasar con los inmigrantes de aquí al 5 de marzo, fecha en la que vence el estatus legal del que se han beneficiado.

También se exploran vías para ayudar a los dreamers a seguir pagándose sus estudios. Harvard está estudiando convertir los programas de empleo académico en becas de investigación para que los estudiantes afectados puedan mantener su estabilidad financiera.

Una de las miles de ‘dreamers’ universitarias que estudian en el ‘país de las oportunidades’ es Laura Veira-Ramírez: “Gracias a DACA creía que íbamos en la buena dirección. Ahora parece que vamos hacia atrás”, así expresaba la incertidumbre ante su futuro profesional en un artículo en la Harvard Gazzete. En esa prestigiosa universidad estudia Química y aunque cree que podrá terminar su carrera, teme por su futuro y ya no se siente “invencible”. Cuando Barack Obama lanzó la legislación para convertir a los jóvenes inmigrantes en ciudadanos de primera, Laura vio cómo muchas puertas se abrían: “Creía que nada ni nadie podía pararme. Me sentía una ciudadana legal”.