La administración Trump, infatigable en su batalla contra la inmigración irregular y la llegada de solicitantes de asilo, acaba de dar un nuevo paso que vincula directamente a los extranjeros con la idea de delincuencia. En pocas semanas obligará a todo aquel que llegue sin papeles a la frontera a entregar su ADN a las autoridades estadounidenses.

Este nuevo plan ha puesto en alerta tanto a la comunidad científica como a las organizaciones civiles del país, que desconfían del uso que el gobierno puede hacer de esa información genética ahora y en el futuro.

El nuevo reglamento del Departamento de Justicia autoriza a recolectar muestras de ADN de cientos de miles de personas que cruzan sin autorización de México a EEUU, para crear una ingente base de datos de solicitantes de asilo y otros inmigrantes. Este material se utilizará, en teoría, para ayudar a combatir el crimen, entrando a formar parte de los archivos genéticos del FBI, que ya recogen los perfiles de casi 18 millones de personas.

Esta nueva norma, emitida por el fiscal general William Barr y publicada ya en el Registro Federal, tiene un plazo de 20 días de exposición pública antes de su entrada en vigor. En ella se define como “huella digital genética” las muestras que se recogerán con la idea de cotejarlas en caso de necesidad a la hora de resolver un delito. Sí se aclara que no serán empleadas para desvelar "los rasgos, trastornos o disposiciones futuras del individuo".

Además, los nombres de los ‘recolectados’ no se almacenarán con su ADN para proteger la privacidad. Sólo se entregarán cuando haya una coincidencia en una investigación policial.

Las autoridades esperan obtener información genética de aproximadamente 748.000 inmigrantes al año, incluidos los solicitantes de asilo que se presentan en los puertos de entrada. Los residentes permanentes y aquellos que buscan ingresar al país legalmente no se verán afectados.

Dudas en la comunidad científica

Este retrato genético de los inmigrantes desconcierta a muchos por las consecuencias a futuro que implica.

De hecho, la revista científica Nature ha publicado un artículo exponiendo las dudas de la comunidad científica al respecto. Según opinan varios expertos, el gobierno tomará muestras que incluirán los 20 marcadores que conforman el perfil de ADN típico en la base de datos del FBI.

Esos perfiles proporcionan más información que la que puede conducir a una mera identificación personal, pudiendo desvelar conexiones familiares. Esto puede tener implicaciones para los parientes de esos inmigrantes que ya estén en EEUU, y que indirectamente podrían verse afectados.

Rori Rohlfs, genetista de la Universidad Estatal de San Francisco en California, explica en Nature que el acceso al ADN podría poner a los inmigrantes en riesgo de violaciones de privacidad y discriminación genética.

En teoría, añade, los datos obtenidos a partir de esas muestras se almacenan de forma segura y se emplearán sólo para identificación. No obstante, avisa de que la seguridad cibernética nunca está garantizada, y que con esos datos es posible vaticinar aspectos del futuro de una persona. Esto podría llevar a que una aseguradora deniegue un seguro de vida a un inmigrante, o que una compañía descarte a un trabajador para un puesto.

En el plano de derechos civiles, Lindsay Toczylowski, abogada defensora de inmigrantes y directora de la organización Immigrant Defenders, advierte de las implicaciones de este plan. “La administración Trump se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de estas personas, una vez más. Son gente que han atravesado miles de kilómetros para llegar a la frontera, que han pasado por ciudades peligrosas, que temen por sus vidas. En su mayoría, niños y mujeres. Si al llegar se les pide algo, aunque sea irrazonable, como que den su ADN para no se sabe qué, accederán, porque no tienen alternativa”, expone en declaraciones a EL ESPAÑOL.

A su juicio, esta medida "no tiene sentido", ya que no disuadirá a los solicitantes de asilos de viajar hasta EEUU, "ataca la privacidad" y “criminaliza” a los inmigrantes. Además, sospecha que el objetivo real es “rastrear” a este colectivo. “No hay razones para creer que tomando esta información se resolverán más crímenes”, apunta.

En esta crítica coinciden la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. “Es la información más íntima que puede obtener de alguien. Se puede usar para encontrar a sus familiares, para conocer sus historias. Y la vamos a tomar contra su voluntad”, avisó a NPR Naureen Shah, abogada de esta organización.

Proyecto piloto

La idea de la administración no es nueva. Según publicó en agosto Buzzfeed, las autoridades ya probaron un programa piloto en la frontera suroeste a principios de este año, en el que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizó pruebas voluntarias de ADN de quienes eran sospechosos de fingir lazos familiares con menores para conseguir cruzar. Según esta agencia, se identificaron docenas de casos en los que los niños no tenían relación con los adultos que los acompañaban. Ahora, la idea es extenderlo al resto de puertos de entrada, y además transferir esos datos biométricos a la base de datos de ADN del FBI.

A pesar de las críticas, la ley federal permite recopilar el ADN de sospechosos o detenidos aún no condenados, aunque no se había implementado en algunos ámbitos como el de las fronteras, según publica NPR.

En cuanto si esta nueva media frenará el flujo de llegadas, habrá que esperar para evaluarlo. De momento, las trabas que la administración ha ido poniendo en estos años a los sin papeles que han querido cruzar al lado estadounidense parecen dar resultado. Las autoridades federales aseguran que casi un millón de inmigrantes fueron detenidos en la frontera sur en el último año fiscal, pero que el número en los últimos meses ha disminuido constantemente.