Aung San Suu Kyi niega las acusaciones de limpieza étnica en Birmania

La líder birmana Aung San Suu Kyi ha negado que los episodios de violencia registrados en el estado de Rakhine contra la minoría musulmana rohinyá constituyan una “limpieza étnica”, levantando las alertas nuevamente sobre el papel del Gobierno, que incluye a los militares, en la crisis que afecta a la región oeste del país.

“No creo que haya una limpieza étnica. Es una expresión muy fuerte para describir lo que está sucediendo (en esta región)”, declaró Suu Kyi en una entrevista con el canal británico BBC.

El Gobierno de Myanmar, antigua Birmania, en el que la premio Nobel de la Paz es ministra de Exteriores y consejera de Estado, ha sido criticado por diversas ONG y la ONU en los últimos meses por el manejo de la escalada de violencia en Rakhine, donde se acusa al ejército de matar y violar a civiles de etnia rohinyá y de bloquear el acceso de ayuda humanitaria.

El pasado 9 de octubre tuvo lugar el último ataque, presuntamente perpetrado por varios rohinyás contra tres puestos fronterizos en la región y en el que murieron nueve policías, que desencadenó una campaña de represión por parte del Ejército que ha causado ya la muerte de centenares de musulmanes de esta etnia y el desplazamiento de alrededor de 75.000 personas a Bangladesh.

Después de este incidente, “las fuerzas de seguridad ejecutaron de forma sumaria a hombres, mujeres y niños, saquearon viviendas y quemaron al menos 1.500 hogares y otros edificios”, afirma la ONG por los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado en febrero. “Más de 69.000 roghingya se han desplazado a Bangladesh mientras que otros 23.000 se han convertido en desplazados internos en el distrito de Maungdaw”.

Tras enviar una misión a la zona, la ONU concluyó en un informe en febrero que “los ataques contra los rohinyás -asesinatos, desapariciones, tortura, violación, detención arbitraria, deportación y desplazamiento forzado a causa de la violencia- parece haberse extendido en la región de forma sistemática, indicando con probabilidad la comisión de crímenes contra la humanidad”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó a finales de marzo enviar con urgencia una misión para investigar las denuncias de abusos contra civiles que podrían constituir crímenes contra la humanidad. El Ministerio de Exteriores birmano, encabezado por Suu Kyi, rechazó la comisión de investigación y advirtió que esa misión solo “hará más por inflamar que por resolver los problemas”.

El Gobierno birmano defiende la versión de los militares que señala que la operación contra la insurgencia fue lícita y dentro de los procedimientos legales. “Lo que estamos tratando de lograr es la reconciliación, no la condena (...) también son musulmanes matando a musulmanes”, zanjó Suu Kyi en la entrevista con la televisión británica.

Un año de gobierno sin avances

Suu Kyi, que llegó al poder hace un año como una ola de esperanza para la transición democrática en el país, ha afirmado que hay “mucha hostilidad” en la zona oeste, donde residen más de un millón de personas de esta etnia, pero “son también los musulmanes los que matan a otros musulmanes”. “No es únicamente un tema de limpieza étnica”, agregó la líder birmana. “Se trata de dos bandos que se enfrentan y tratamos de resolver (la situación)”.

El partido que lidera Suu Kyi, Liga Nacional por la Democracia, ganó las elecciones celebradas en 2015, una victoria histórica que ponía fin a medio siglo de gobierno militar, pero tras un año de gobierno, la población muestra su decepción por la falta de avances. El Gobierno del que forma parte la antigua disidente política, icono de la democracia en el país, no ha logrado poner en marcha las reformas económicas, frenar el arresto de activistas o reducir la violencia con las minorías étnicas.

Al menos 74.000 rohinyás se encuentran en campos de refugiados en Bangladesh y otros 20.000 se han desplazado de Rakhine a causa de esa operación militar. La relatora de la ONU para Birmania, Yanghee Lee, pidió en marzo una comisión para investigar las políticas de "discriminación sistemática" que sufre esta minoría, cuya situación en Rakhine empeoró tras el estallido de violencia sectaria de 2012.