Hace dos años China prohibió la extracción ilegal de órganos a los presos que eran ejecutados sistemáticamente ante la fuerte presión de la comunidad internacional. Sin embargo, esta pretensión no resultó ser más que una bomba de humo para desviar las denuncias contra el gigante asiático, pues aún a día de hoy siguen produciéndose estas macabras operaciones que cada año acaban con la vida de miles de presos.
El perfil de los reos que son profanados es concreto y selectivo. Los presos políticos y los miembros de grupos étnicos religiosos minoritarios que no están legalizados por el Gobierno, vistos como una minoría disidente y peligrosa, son las principales víctimas. Del mismo modo, también se sustraen sin permiso los órganos de los encarcelados fallecidos por causas externas. Posteriormente, se comercia con los órganos extraídos ilícitamente a través del mercado negro.
Debido a este incremento de órganos disponibles, aquellos que los necesitan han visto un halo de esperanza en esta oscura empresa. Por ello, China recibe a ciudadanos de otros países del mundo que llegan con la esperanza de obtener el trasplante que tanto necesitan. Esto es lo que se conoce como el “turismo de órganos” y que Israel, Taiwán, Italia o la misma España han denunciado. Por eso han prohibido que se puedan recibir órganos ilegales provenientes del país asiático.
Por ejemplo, la espera en España para un trasplante de hígado, líder mundial en donación y trasplante de órganos, es de unos seis meses, señalan desde el Ministerio de Sanidad, mientras en China es raro que sobrepase los 30 días. Asimismo, los precios que se manejan en el país asiático oscilan entre los 25.500 euros para un trasplante de córnea a los 150.000 del trasplante de riñón.
"Es importante que las personas que piensen ir a hacerse un trasplante en China sean plenamente conscientes de que existe la posibilidad de que su órgano donante provenga de alguien que haya sido ejecutado", señaló el profesor Stephen Wigmore, responsable de ética de la Sociedad Británica de Trasplantes a The Guardian.
Extracciones a personas que aún viven
En muchos de los casos, se extraen los órganos de las víctimas cuando aún están vivas. De este modo, “es mucho menos probable que un nuevo órgano sea rechazado por su nuevo huésped”, afirma Ethan Gutmann, investigador especializado en China y nominado al Premio Nobel de la Paz 2017.
Los primeros experimentos con personas vivas tuvieron lugar en 1994, en el noroeste de país. Actualmente, en los centros de trasplante de toda China, los órganos de los prisioneros se sustraen rutinariamente “mientras el corazón de la víctima sigue latiendo” y es trasplantado de inmediato, según el investigador. En ningún caso el “donante” sobrevive a la operación.
Los datos oficiales del Observatorio Mundial de Trasplantes revelan que en el año 2015, China realizó 10.057 trasplantes oficiales, es decir, a personas que habían fallecido y que estaban registradas como donantes de órganos. No obstante, diversas fuentes estiman que el número total de trasplantes oscila entre 60.000 y 100.000 operaciones, las cuales se producen de manera encubierta y con órganos obtenidos ilegalmente. Unos datos realmente alarmantes si además si se tiene en cuenta que en China solamente hay 2.766 personas registradas como donantes. En este caso, los números hablan por sí solos.
El “genocidio” chino
Los prisioneros son “sacrificados” por sus órganos en hospitales militares y civiles. Cada provincia en China tiene un centro importante dedicado a esta tarea. “Hace sólo unas semanas, los médicos chinos anunciaron su intención de duplicar el número de centros donde se practican trasplantes de 165 a 300”, indica Gutmann. A cada uno de los afectados le pueden extraer incluso tres órganos de manera simultánea.
Los Falun Gong, una disciplina espiritual minoritaria en China, son los más perseguidos, según el investigador, además de los tibetanos y los cristianos que no pertenecen a la Asociación Patriótica Católica, controlada por el Gobierno y desvinculada del Vaticano. Estamos hablando de 450.000 a un millón de personas afectadas, además, “los órganos de Falun Gong son particularmente apreciados porque no beben ni fuman”, señala Gutmann.
Human Rights Watch acusa a la policía china en un artículo titulado China: Police DNA Database Threatens Privacy, de obtener pruebas de ADN de los uyghurs, un grupo étnico minoritario compuesto por musulmanes, lo cual supone un grave ataque contra la privacidad.
De este modo, “millones de personas, tanto adultos como niños, corren el riesgo de ser apresados y de que les extraigan los órganos. En otras palabras, los chinos pueden estar pasando del asesinato en masa al genocidio, y no lo digo a la ligera”, sentencia el nominado al Nobel, que considera que "serán juzgados por la historia".