El bochornoso silencio de Occidente ante el genocidio rohinyá en Birmania

A principios del diciembre, la ONU denunció de forma rotunda la persecución y discriminación a la que Birmania ha sometido a la comunidad rohinyá durante décadas. La advertencia de Naciones Unidas era tal que llegaba a calificar la marginación y la represión como un posible genocidio. 

Ya ha pasado un mes desde aquella alerta, pero la comunidad internacional ha seguido mirando hacia otro lado y aún mantiene un silencio que ya resulta incómodo sobre la situación de este país asiático.

La ayuda humanitaria ha sido escasa, según describe The Guardian, que compara la persecución de la minoría musulmana rohinyá en Birmania con el genocidio de los tutsi en Ruanda en 1994, aunque “a menor escala”, según el rotativo británico. En aquel intento de exterminio de la población tutsi por parte del Gobierno hutu murieron más de un millón de personas y la comunidad internacional juró que nunca volvería a ocurrir algo así. Sin embargo, ahora parece que la pesadilla ha vuelto, en esta ocasión a Birmania.

"Teniendo en cuenta la sistemática discriminación; los patrones de violaciones y abusos. Considerando que el derecho a la propia identidad (...) no se tiene en cuenta; dado todo esto, ¿puede alguien descartar que estén presentes elementos de genocidio?”, afirmaba el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra'ad Al Husein, el pasado 5 de diciembre.

Foto: Reuters

Al Husein condenaba los “brutales, sistemáticos y generalizados” ataques de los que están siendo víctima los rohinyá y pedía a la sesión del Consejo de Derechos Humanos que adoptara acciones adecuadas para “parar esta locura ahora”. “¿Cuánto tiene que padecer la gente para que su sufrimiento sea reconocido y su identidad y derechos sean reconocidos por su gobierno y por el mundo?", se preguntaba.

Refugiados en Bangladesh

A mediados de agosto, la guerrilla del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) atacó puestos de las fuerzas de seguridad birmanas, lo que desencadenó una devastadora represión del Ejército y la Policía que obligó a huir 626.000 personas del estado de Rakáin hacia el vecino Bangladesh. Con el fin de evaluar la situación y entrevistar a los refugiados, la Oficina del Alto Comisionado envió a finales de 2017 tres equipos a Bangladesh.

Lo que siguió a sus palabras fue silencio, que se tradujo en una falta de apoyo para llevar a cabo acciones directas en Birmania. Atrás queda el concepto de “intervención humanitaria” formulado por Tony Blair en 1999 en un discurso en Chicago y puesto en práctica en Kosovo o Sierra Leona. ¿El motivo? La invasión de Iraq en 2003, que se justificó por razones humanitarias y para hallar armas de destrucción masiva, acabó en desastre.

Falta de voluntad política

Aquella ocupación puso en tela de juicio la ‘doctrina Blair’ y desde entonces los países se piensan mucho intervenir en otros territorios. Todo esto provoca un vergonzoso ninguneo por parte de Occidente ante las advertencias de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá y parece poco probable que haya justicia en Birmania.

Foto: Reuters

Esa falta de voluntad política es uno de los principales motivos por los que la comunidad internacional es incapaz de frenar las matanzas masivas. Sin embargo, y a pesar de las palabras del Alto Comisionado de la ONU, la única institución que puede confirmar que se ha cometido un genocidio es el Tribunal Penal Internacional (TPI)

El TPI se fundó por orden de la ONU en 2002 para investigar y juzgar los crímenes de derecho internacional. 

Pero Birmania no se ha adherido a el TPI, por lo que es necesario que la situación sea denunciada ante este tribunal a través del Consejo de Seguridad de la ONU y así ser investigada. Algo poco probable teniendo en cuenta que la comunidad internacional se ha puesto de perfil.

Este organismo judicial es el encargado de enjuiciar a las personas responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sólo así Aung San Suu Kyi, Consejera de Estado de Birmania, y el máximo responsable del Ejército, Ming Aung Hlaing, podrían acabar declarando ante un tribunal. 

Sin embargo, como decíamos, esto es difícil que ocurra porque China, miembro permanente y aliado comercial y político de Birmania, vetaría una posible investigación. De ahí el escaso éxito de la CPI, cuya labor es frenada por grandes potencias como EEUU, China o Rusia cuando rechazan su jurisdicción.

Qué dice Birmania

Tras las denuncias de Al Husein, el país birmano no ha dudado en pronunciarse y no ha dudado en rechazar de plano todas las alegaciones. Según el embajador de Birmania ante el Consejo de Derechos Humanos, Htin Lynn, la política de discriminación y represión descrita por el Alto Comisionado no era fruto de las acciones del Ejecutivo birmano, sino de "las acciones de individuos extremistas", y, además, anunció que las autoridades están "tomando medidas contra ellos".

En Birmania, donde más de medio millón de rohinyá se han visto obligados a huir y hasta 10.000 personas han sido asesinadas hasta ahora, el Gobierno no solo ha fallado en protegerlos, sino que todo indica que es el culpable directo de lo ocurrido.

Y ante estos hechos, la ONU, que en su declaración de 2005 aseguró que ante una crisis de este tipo se tomarían “medidas oportunas y decisivas”, no parece estar cumpliendo con lo prometido más allá de denuncias verbales que no ayudan a esta minoría musulmana.