El Congreso de Filipinas ha aprobado este miércoles la prórroga durante 2019 de la ley marcial en Mindanao, región del sur del país, como solicitó en una carta el pasado viernes el presidente del país, Rodrigo Duterte, por "riesgo de rebelión".
En una sesión conjunta, los legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado aceptaron por amplia mayoría la petición del mandatario de extender por tercera vez esa medida de excepción, vigente en Mindanao desde mayo de 2017, debido a la presencia de varios grupos armados.
La medida salió adelante con el apoyo de 235 legisladores, frente a 28 votos en contra y una abstención.
Más de un centenar de personas se manifestaron frente a la sede del Congreso en Manila en contra de la prórroga de la ley marcial, ya que la consideran injustificada y que sirve de pretexto para cometer abusos y violaciones de derechos fundamentales.
Según la red nacional de grupos de los derechos humanos Karaptan, se han registrado en Mindanao 88 asesinatos y 128 intentos de asesinato por motivos políticos, 1.450 detenciones ilegales y 148 casos de amenazas de arresto con cargos fabricados bajo la ley marcial.
Además, unas 347.000 personas se han visto afectadas por los bombardeos del Ejército y muchos han tenido que abandonar sus hogares.
La medida cuenta con el respaldo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que en un informe conjunto de seguridad aseguran que se ha producido "un progreso significativo en la lucha contra grupos rebeldes" bajo la ley marcial.
Duterte impuso la ley marcial en Mindanao el 23 de mayo de 2017, horas después de que insurgentes del Grupo Maute -afín a la organización terrorista Estado Islámico (EI)- iniciaran una rebelión armada en la ciudad de Marawi, al oeste de la isla.
Aunque la ofensiva de Marawi concluyó en octubre de 2017, el Gobierno prolongó la medida hasta finales de ese año, y luego durante todo 2018 para "eliminar hasta el último terrorista".
Con 20 millones de habitantes, cerca del 20 % musulmanes, Mindanao ha sido escenario desde hace décadas de conflictos entre el Gobierno y grupos extremistas, como Abu Sayyaf o los Luchadores por la Liberación Islámica del Bangsamoro, también leales al EI, así como la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo.